martes, 3 de mayo de 2011

Los defensores de los genocidas acusan a los testigos

Los defensores de los represores pidieron la nulidad del juicio y la absolución
Se acerca la sentencia de Margarita Belén

Los defensores oficiales se basaron en cuestiones técnicas. El abogado Carlos Pujol, en cambio, pidió el procesamiento por falso testimonio para cincuenta testigos y dijo que muchos desaparecidos “figuran con documentos falsos en otros países”.
 Por Gonzalo Torres

El juicio oral por la masacre de Margarita Belén, en el Chaco, entró en su etapa final. Entre el lunes y ayer, los abogados defensores pidieron la nulidad de la acusación a sus defendidos y su absolución de culpa y cargo por la matanza de los 22 presos políticos que fueron ejecutados en diciembre de 1976.

Los defensores oficiales Juan Manuel Costilla y Federico Carniel –representan a Luis Alberto Patetta, Horacio Losito, Ricardo Reyes, Ernesto Simoni y Alfredo Luis Chas– pidieron la nulidad de la acusación a sus defendidos. Invocaron razones de “insuficiencia probatoria” y la aplicación del principio de “beneficio de la duda”.

El eje del alegato de la defensoría oficial giró en torno de cuestiones técnicas, con especial atención en determinados aspectos formales de la prueba y de las imputaciones, como por ejemplo la utilización de las declaraciones de los imputados realizadas en sede de instrucción militar, la prescripción de la acción penal, la forma en la que se realizaron las acusaciones y la atipicidad de la figura de desaparición forzada de personas en el derecho penal. Los hechos que se juzgan no fueron abordados con la misma profundidad. En cuanto a los “tecnicismos” pronunciados, la mayoría de ellos ya han sido resueltos en tribunales de alzada.

Sobre los hechos concretos, los abogados defensores intentaron desaprobar la existencia de la masacre sin llegar al extremo de aceptar la coartada del enfrentamiento y alegaron que el Tribunal no puede tener “la necesaria certeza absoluta” de cómo sucedieron los hechos para dictar una sentencia condenatoria.

La defensa refutó la incorporación como prueba documental de las declaraciones de los imputados en el juzgado de instrucción militar durante el año ’84. Estas declaraciones revisten importancia porque son una prueba contundente de que los imputados estuvieron en el lugar de los hechos el 13 de diciembre de 1976. Más allá de las consideraciones respecto de qué Justicia debía juzgarlos, si la Justicia civil o los jueces castrenses, las declaraciones fueron tomadas siguiendo el mecanismo que mandaba la ley de esa época, sin coacción de ningún tipo ni violación de las garantías constitucionales de los declarantes. Esto fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterados fallos. En el caso específico de la causa “Masacre”, fue resuelto por el juez de instrucción al dictar el auto de procesamiento, por la Cámara Federal de Resistencia, por la Cámara Nacional de Casación y finalmente por el mismo Tribunal que lleva la causa durante el planteamiento de las cuestiones preliminares al manifestar que las declaraciones en sede judicial son perfectamente válidas.

El abogado querellante Mario Bosch lo explicó de este modo: “Los abogados defensores no tienen línea argumental. No porque les falte capacidad, porque son profesionales muy capaces, pero es tal la contundencia de la prueba que no les queda otra alternativa que repetir planteos a sabiendas de que van a caer en saco roto. Las pruebas son contundentes y abundantes y muchas de las cuestiones ya fueron resultas en la Causa 13 del Juicio a las Juntas”, sentenció el abogado.

Ayer, el abogado Carlos Pujol defendió a sus representados atacando: pidió el procesamiento por “falso testimonio agravado (10 años de pena) para cincuenta testigos de la causa, la mayoría ex detenidos políticos.

Pujol acompañó su defensa de los militares Aldo Martínez Segón, Jorge Daniel Carnero Sabol, Gustavo Athos Renes y Germán Emilio Riquelme con la proyección de diapositivas. Ratificó todo lo dicho por sus colegas defensores, acusó a la querella y a la fiscalía de “deslealtad procesal”, razonó sobre la estrategia militar en casos de ataque para intentar explicar por qué un civil no pude entender jamás de qué se trata la “obediencia debida militar” y se permitió decir que el traslado de detenidos políticos (durante el cual se simuló un intento de fuga) se ejecutó por la noche porque “en diciembre hace mucho calor”.

Por último se despachó con una curiosa explicación de la desaparición forzada de personas durante el terrorismo de Estado: “Posiblemente en Argentina en hubieron (sic) desaparecidos, pero también es cierto que mucha de esa gente figura con documentos falsos en otros países”... Su chicana cayó en saco roto: la nutrida “barra de la memoria” presente en la sala lo escuchó en silencio, respetuosa del pedido del tribunal de guardar recato.

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