Juicios Chaco

A un año de la condena de la Masacre de Margarita Belén

2012-05-20T00:46:00.000-07:00

Sentencia de la causa Masacre de Margarita Belén Hoy se cumple un año de la condena a prisión perpetua para los genocidas de la Masacre de Margarita Belén. Desde la Comisión Provincial por la Memoria reclaman mayor celeridad en el juzgamiento a los genocidas impunes y hallar a los asesinados y desaparecidos.

Este 16 de mayo se cumple un año de la sentencia condenatoria a prisión perpetua para ocho militares imputados por el fusilamiento clandestino de detenidos políticos perpetrado el 13 de diciembre de 1976 en cercanías a Margarita Belén.

Luego de 11 meses de juicio oral y 60 días de audiencia con más de un centenar de testigos se demostró que el 13 de diciembre de 1976 en la Ruta 11 las fuerzas de seguridad del Estado fusilaron a un grupo de presos políticos y encubrieron el crimen como un enfrentamiento durante un intento de fuga.

Las organizaciones que integran la Comisión Provincial de Derechos Humanos expresan que “las condenas no significan el final de esta historia.Se investigan otras víctimas y otras responsabilidades, y la ratificación judicial de la Masacre compromete al Estado a investigar y buscar por todos los medios los restos de los asesinados y desaparecidos”.

Señalan que “hay una lista de denunciados en la que sobresalen integrantes del área de inteligencia militar y colaboradores civiles, con el médico torturador Grillo y el encubridor judicial Mazzoni a la cabeza”. Los organismos de DDHH exigen “mayor celeridad en el avance de las causas residuales de los respectivos juicios (Causa Mascre de Margarita Belén y Causa Caballero) y que se incorpore la figura de asociación ilícita en las imputaciones”.

“Con sus avances y retrocesos, este juzgamiento al genocidio es el resultado de una lucha de más de treinta años”, evalúan las organizaciones que integran la Comisión Provincial de Derechos Humanos. Luego consideran que “la perseverancia y la organización del colectivo de organismos de Derechos Humanos y adherentes derribó el muro de impunidad que durante tanto tiempo pareció impenetrable. Un paso indispensable para avanzar hacia un futuro con Memoria, Verdad y Justicia”.

LOS “HECHOS”

Los ocho militares intervinientes en el operativo fueron condenados a la pena de prisión perpetua por ser considerados responsables de “homicidio agravado por alevosía y por el número de partícipes (once hechos en concurso ideal entre sí) y de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con el uso de violencia y por el transcurso del tiempo (cuatro hechos en concurso ideal entre sí)”, según consta en el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia integrado por los jueces Gladys Mirtha Yunnes, Eduardo Ariel Belforte y Ramón Luis González.

Los “once hechos” son Luis Ángel Barco, de Saénz Peña, 25 años; Mario Cuevas, de Santa Fe, 28 años; Manuel Parodi Ocampo, de Misiones 28 años; Luis Arturo Franzen, de Misiones, 24 años; Carlos Alberto Duarte, de Misiones, 24 años; Patricio Blas Tierno, de La Plata, 24 años; Néstor Carlos Sala, de La Plata, 33 años; Luis Díaz, de Corrientes, 25 años; Carlos Zamudio, de Resistencia, 28 años; Alcides Bosch, de Santa Fe, 28 años y Ema Cabral, de Reconquista, 28 años. (*) Los siete primeros ingresaron a la Alcaidía durante la tarde del 12 de diciembre, provenientes de la U7. Zamudio lo hizo desde la Brigada de Investigaciones. Alcides Bosch y Emma Cabral fueron enterrados como NN para hacerlos pasar por supuestos atacantes del convoy de traslado. Estuvieron desparecidos hasta ser identificados en 2007 por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Los cuatro “hechos de privación ilegítima” son los asesinatos y el ocultamiento de los cadáveres de Fernando Piérola, de Entre Ríos, 24 años; Roberto Horacio Yedro, de Corrientes, 28 años; Reynald Zapata Soñez, de Entre Ríos, 35 años, y Julio Andrés Pereyra de Formosa, 25 años. Todos presos políticos que figuran en la lista de traslado y a quienes la dictadura intentó hacer pasar por prófugos. Sospechosamente se tardó lo suyo para librar las correspondientes órdenes de captura contra los “fugados”: la de Yedro es del 17 de mayo de 1977, la de Piérola tardó tres años, las de Pereyra y Zapata Soñez nunca llegaron. Según los acólitos de la dictadura, todos ellos permanecen fugitivos, huyendo incansablemente desde hace 36 años, una suerte de “subversivos errantes”.

A la nómina oficial de fusilados se suman los nombres de otros militantes políticos que fueron vistos en Alcaidía o en la Brigada y permanecen desaparecidos desde diciembre de 1976: Carlos Enrique Tereszecuk, Misiones, 24 años; Dora Noriega, de General San Martín, 24 años; Delicia González, de Goya, 37 años; Raúl María Caire, de Entre Ríos, 27 años; Eduardo Lalo Fernández, de Goya, 21 años; Raúl Antonio Méndez, de Corrientes, 25 años.

Quedó probado que las víctimas fueron concentradas en la Alcaidía policial de Resistencia el domingo 12 de diciembre y ferozmente garroteadas en el comedor del penal durante la noche hasta que fueron subidos a los camiones del convoy de la muerte.

El Tribunal no encuadró los crímenes en el marco de un genocidio, tal y como lo pidieron los querellantes Duilio Ramírez, Ataliva y Pedro Dinani de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, pero concedió declarar de Lesa Humanidad los asesinatos y las desapariciones, reconociendo que los criminales agraviaron a la humanidad en su conjunto cuando decidieron fusilar a un grupo de detenidos políticos maniatados y agonizantes por las torturas propinadas en la Alcaidía. Un método para irradiar el terror y golpear a toda la población, “una masacre contra el pueblo”, como la definió el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en su declaración testimonial.

ANTECEDENTES Y PORVENIR

Si la Masacre es un paradigma del terrorismo de Estado, la causa judicial, con sus avances y retrocesos, es un emblema de la lucha por la justicia en la región. Las demoras y los recursos dilatorios de la defensa de los represores imposibilitaron el avance del proceso judicial durante años, al punto de mediar casi una década entre la presentación por la reapertura de la causa realizada por familiares, ex detenidos, H.I.J.O.S. Chaco y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) el 28 de mayo de 2001 y la elevación a juicio oral el 24 de febrero de 2009. La Masacre formó parte de la “Causa 13” contra los jerarcas de la última dictadura cívico-militar, por lo que el hecho material de la causa ya fue ampliamente probado.

Los fallecidos Cristino Nicolaides (teniente general que ordenó el operativo de exterminio, máxima autoridad militar de la zona en tanto comandante de la Séptima Brigada de Infantería con asiento en Corrientes), Jorge Alcides Larrateguy (jefe del Área Militar 233 de Resistencia) y el espía del SIDE, Alberto Valussi eludieron la condena judicial pero no el escrache social.

ALEGATO FISCAL POR EL JUICIO Y CASTIGO

A modo de cierre de esta nota, una síntesis tomada del alegato de Jorge Auat, antiguo fiscal de Instrucción de la causa y actual jefe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por crímenes de lesa humanidad: “Creo que en cada pliegue y repliegue de la tragedia de Margarita Belén hay cosas muy importantes… Ese expediente tiene mucho más que caligrafía, tiene mucho dolor, tiene mucha vergüenza, mucho deshonor, mucha ignominia (…) [El juzgamiento a la represión] es una respuesta a un impulso ético de la sociedad. Ese impulso ético tiene en su base algo que es fundamental y que creo que es digno de rescatar, porque es el gran protagonista de esta historia: el concepto de memoria. (…) Fue la memoria la que se encargó de producir este parto doloroso y la investigación de todos estos hechos. En realidad, la memoria termina siendo por definición un acto de justicia, como el olvido es un acto de injusticia. Me dirán: ¿por qué se vuelve tanto sobre el tema? ¡¿Tenemos derecho nosotros a ponerle fin, a no reivindicar la memoria de las víctimas, tenemos derecho nosotros a decir cuándo termina esta historia? ¡¿Tenemos derecho nosotros a apropiarnos del dolor de los familiares, a agotar toda palabra que pudiese reflejar ese dolor inconsolable? Es por ello que estos juicios son mucho más que un expediente; son, quizás, la reconstrucción de la historia más dolorosa que nos tocó vivir en el siglo XX…”

El ex juez Córdoba dijo que no era su responsabilidad investigar la Masacre

2012-03-16T13:18:00.000-07:00

Sostuvo que era una cuestión de la Justicia Militar: El ex juez Córdoba dijo que no era su responsabilidad investigar la Masacre

El ex magistrado declaró este miércoles ante el Juez Federal de Resistencia, Carlos Skidelsky. Negó haber encubierto hechos de tormentos y torturas y señaló que incluso recibió amenazas durante los años de plomo.

Acusado de encubrir delitos de lesa humanidad durante la dictadura en el Chaco, el ex magistrado, Luis Ángel Córdoba, declaró este miércoles ante el Juez Federal de Resistencia, Carlos Skidelsky. Aseguró que si bien recibió una denuncia informal sobre un fusilamiento clandestino perpetrado en cercanías de Margarita Belén, en diciembre de 1976, desestimó investigarlas por considerar que dichas actuaciones le corresponderían a la Justicia Militar. Negó haber encubierto hechos de tormentos y torturas y señaló que incluso recibió amenazas durante los años de plomo.

Córdoba inició su relato negando cualquier tipo de vinculación con una asociación ilícita dedicada a torturar, asesinar y desaparecer personas durante los años 1975 y 1980. Como era previsible, dijo que incluso desconoce a la treintena de civiles, militares y policías que están requeridos por el Ministerio Público Fiscal por integrar dicha organización criminal. Sólo dijo conocer a la cúpula de la Justicia Federal que actuó en ese momento, integrada por Roberto Mazzoni (hoy preso), Carlos Flores Leyes (muerto impune) y Domingo Rezka (también fallecido sin condena).

En el marco de la Causa Caballero Residual, el ex juez realizó un descargo general de su actuación como juez en aquella época, pero también se encargó de responder preguntas de los fiscales Patricio Sabadini, (fiscal Federal) y Diego Vigay, (fiscal ad hoc de Derechos Humanos). Se refirió a las visitas que efectuó en los lugares de detención de presos políticos, que tenía a su cargo gracias la ley 20840 “contra la subversión”.

Dijo que solamente visitó una sola vez la Brigada de Investigaciones, (considerada como el mayor centro de detención de Chaco) que pudo haber sido entre 1977 o 78 aunque reconoció que no sabía que había detenidos a su disposición en esa delegación entre 1976 y 1977.

Indagatorias

También declaró, que todas las indagatorias que se tomaron en el juzgado, se hacían con abogados defensores, pero no recordó haber tenido a su disposición a mujeres embarazadas. Sin embargo, Córdoba a medida que iba comentando sobre su desempeño, también entraba en algunas contradicciones: por ejemplo, con respecto a la Masacre de Margarita Belén, informó que una de las víctimas, Carlos Sala, estaba a su disposición en el juzgado, aunque se enteró recién un tiempo después de los fusilamientos.

A esto, le agregó que como juez no tenía que investigar el hecho que terminó con más de 20 presos políticos muertos, sino que le correspondía a la justicia militar, porque se había informado que una fuerza “irregular”, había atacado a una fuerza regular y esto ya no era de su competencia.

Acá, el exjuez tuvo una contradicción debido a que si bien dijo que nunca hubo una denuncia por la masacre, reconoció al mismo tiempo que Mirta Clara, viuda de Néstor Sala, le planteó en una oportunidad que investigue la muerte de su esposo, siendo éste uno de los indicios que tuvo para iniciar una denuncia acerca los acontecimientos del 13 de diciembre de 1976, pero no lo hizo.

Reconoció también que el padre de otra de las victimas, Fernando Yedro presentó un habeas corpus sobre la detención de su hijo, pero que luego pidió que quede sin efecto, porque los militares le habían cambiado la identidad para resguardar su vida, pues en teoría reveló que un grupo de presos se iba a intentar una fuga. Es decir, acá también tuvo una denuncia pero no la tomó.

Según Córdoba, ese hábeas corpus promovido por Yedro le permitió realizar algunas averiguaciones. Siempre de acuerdo a su relato, en ese momento solicitó informes al Jefe de Brigada, de Infantería de Corrientes y otros organismos donde logró que le dieran información sobre quienes integraron el convoy que participó de la Masacre de Margarita Belén. Junto a esa comunicación, dijo haber recibido una llamada telefónica amenazante donde ironizaban sobre la posibilidad de tirarlo al Río Paraná.

Insuficiente

En su informe sobre su desempeño laboral, indicó que solamente tomaba denuncias formales realizadas por los detenidos que padecían tormentos por parte de sus captores, por lo que desestimaba si la víctima relataba que había sido torturada por considerarla insuficiente. No obstante, se supo que con la legislación vigente en dicha época tenía la obligación de actuar de oficio ante estos casos.

Cabe recordar que está acusado de: encubrimiento por infracción de deber de denunciar delitos (art. 277 Código Penal), dieciocho hechos en concurso real en calidad de autor: omisión de hacer cesar una detención ilegal (143 inc. 6 CP), ocho hechos en concurso real: omisión de promover la persecución y represión de delincuentes (274 CP), dieciocho hechos en concurso real (nueve hechos de omisión de investigar tormentos, nueve hechos de omisión de investigar privación ilegítima de la libertad en calidad de autor. Además de, incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 CP), nueve hechos en concurso real en calidad de autor y de Prevaricato (269 CP), dos hechos en concurso real.

Por otro lado, llamó la atención que en su defensa, haya dicho que llevó adelante la investigación de una causa importante en 1982 sobre la desaparición de una persona cuando era juez federal de San Martín, de nombre Alfredo Giorgi. Según expresó, él reabrió dicha causa de esta persona que había desaparecido en 1976.

Procesan a Tozzo, el represor fugado

2012-02-25T00:09:00.000-08:00

Se confirmó ayer el procesamiento de Norberto Raúl Tozzo por la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada de Julio Andrés Pereyra, Roberto Yedro, Fernando Gabriel Pierola y Reynaldo Amalio Zapata Soñez, en la masacre de Margarita Belén. La resolución fue dictada por el juez federal Carlos Skidelsky.

Tozzo revistó como oficial de inteligencia del Destacamento 124 entre 1976 y 1978. Tozzo fue detenido en 2003 cuando se reabrió la causa por Margarita Belén en Resistencia, pero cuando la Cámara Federal de Apelaciones dejó en libertad a todos los imputados de la masacre, aprovechó para fugarse a Brasil, por lo que no fue juzgado junto con los ocho condenados por el Tribunal Oral Federal de Resistencia. Fue extraditado a mediados del año pasado, acusado por el fusilamiento de otros once militantes.

Genocida Lucio Caballero: a casa de su nieto

2012-02-20T09:57:00.001-08:00

Ahora vivirá con su nieto
Restituyen la prisión domiciliaria al genocida Lucio Caballero

La decisión la tomó el juez Federal, Carlos Skidelsky. El represor condenado a 25 años de cárcel ahora vivirá con su nieto. En diciembre, el exconjuez Piñero ordenó que vuelva a la cárcel por ejercer violencia doméstica contra su esposa.
El juez Federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, ordenó restituir el beneficio de prisión domiciliaria al genocida Humberto Lucio Caballero, condenado a 25 años de cárcel en la primera parte de la causa “Caballero” y procesado en la segunda. En diciembre, el represor había perdido esta posibilidad tras la denuncia de su esposa quien lo acusó de ejercer contra ella violencia física, psicológica y económica.

La decisión de Skidelsky, se plasmó en una resolución fechada el 13 de febrero último. El juez tomó en cuenta los argumentos esgrimidos por el defensor oficial, Gonzalo Molina, quien propuso restituir el beneficio a Caballero proponiendo para esto un nuevo domicilio: el de su nieto. El magistrado solicitó de manera accesoria que se realice un informe socioambiental de la nueva vivienda que alojará a Caballero, ubicada en calle Mendoza al 1400, de Resistencia.

También, y a pedido de la fiscalía, se solicitó que se le realice una Junta Médica para determinar en qué estado de salud se encuentra el represor, quien acusa ser diabético. La medida la llevará adelante el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema en el transcurso de febrero. Los galenos también constatarán la sanidad Alberto Julio Manetti y el exmédico policial, Héctor Orlando Grillo.

“Analizadas las constancias de autos (…) estimo procedente la restitución –provisoria- del beneficio de arresto domiciliario a favor del prcesado (en la causa “Caballero Residual”) Humberto Luicio Caballero, en el domicilio consignado en calle Mendoza (…) de esta ciudad. (…) Todo ello sin perjuicio de lo que se dictamine oportunamente respecto de su estado de actual salud por los profesionales médicos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señala Skidelsky.

En su resolución, el juez hizo saber además las pautas de conducta que deberá observar Caballero durante arresto domiciliario: “El beneficiario deberá abstenerse en todo momento de ingerir bebidas alcohólicas y poseer armas en su poder; tendrá que informar personalmente y/o a través de su cuidador por nota quincenalmente a este Tribunal los traslados, que efectúe para sus asistencia media. Deberá dar nombre de la persona que se encargue de su cuidado”.

Caballero estaba preso desde diciembre en la Unidad Penitenciaria Nº7 de Resistencia. Si bien estaba con prisión domiciliaria hasta ese mes, el exconjuez Federal, Juan Antonio Piñero ordenó que vuelva a una carcel común, luego de un informe del Patronato de Liberados en donde se dejaba constancia de las situaciones de violencia económica, psicológica y física que sufría la esposa del represor, que hacía las veces de su cuidadora.

“La esposa refiere que no están comiendo porque él retiene el dinero destinado a los alimentos. Además la esposa manifiesta que recibe maltratos físicos y verbales”, dijo la empleada del Patronato, al tiempo que sugirió que el genocida sea evaluado “por un profesional psicólogo”.

Teniendo en cuenta esta situación, Piñero consideró que había claros indicios de que la señora Blanco está siendo objeto de malos tratos por parte de Caballero (su tutelado) “invirtiéndose, en consecuencia, la carga asumida por Blanco, surgiendo de ello que se encontraría sometida a ciertas conductas arbitrarias del beneficiario de la medida, que la privarían de los medios suficientes y necesarios para ejercer dicho control”.

La impunidad continúa: liberan a comisario torturador

2012-01-31T11:32:00.000-08:00

Causa Caballero Residual: liberan a excomisario de la Policía Federal.

Le dictaron falta de mérito

Se trata de Hugo Rubén Martínez. Había sido detenido a mediados de diciembre acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura en el Chaco. La Fiscalía apeló la decisión.

En el marco de la Causa Caballero Residual, donde se investigan delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura en el Chaco, el ex conjuez Federal de Resistencia, Juan Antonio Piñero, dictó a fines del año pasado la falta de mérito y ordenó la liberación del excomisario de la Policía Federal, Hugo Rubén Martínez, acusado de privación ilegítima de la libertad y tormentos contra una exdetenida política. La fiscalía apeló la resolución.

Según se pudo saber Piñero realizó esta medida el 29 de diciembre último tras tomarle declaración indagatoria al imputado. Ante el exconjuez, Martínez (nombrado en la denuncia como “comisario Carlos Martinez”) negó tener responsabilidad en el hecho de tortura del que se le acusa. Dijo que durante 1976 era un oficial subalterno y que sólo realizaba tareas internas dentro de la Delegación de la Policía Federal y en el casino que funcionaba en el Aeropuerto de Resistencia.

“Si bien existen elementos de prueba suficientes para tener por acreditada la ocurrencia de los hechos que se vienen investigando, debo señalar que a la fecha del presente, no existen la concurrencia de ellos que permiten suponer que el imputado fuera el autor de los mismos”, resolvió el exconjuez en relación a la situación procesal de Martínez. Cabe recordar que el aún imputado en la causa había sido apresado a mediados de diciembre del año pasado por orden del propio Piñero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tras ser notificado de la decisión, el Fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, apeló la resolución de Piñero ante la Cámara Federal de esta ciudad. Pidió que se revoque la falta de mérito y que se ordene la inmediata detención de Martínez. En su escrito, con fecha del martes último, el fiscal consideró que, a la hora de resolver la situación procesal del imputado, el exconjuez no tuvo en cuenta el testimonio de la víctima que lo sindica a Martínez entre quienes participaron de las sesiones de tortura que sufrió a mediados de 1976 en la Brigada de Investigaciones.

“Sus argumentos” (en referencia a los de Piñero) “sólo circundan en cuestiones generales o abstractas pero, al mismo tiempo, pasa por alto la declaración” de la víctima, “y esto se verifica no solo por la ausencia de valoración del testimonio sin ser volcado en el auto sino porque el mismo Conjuez lo expresa cuando refiere ‘no existen la concurrencia de ellos que permiten suponer que el imputado Hugo Rubén Martínez fuera el autor de los mismos’”, cuestionó Sabadini.

El fiscal recuerda que en el requerimiento de instrucción presentado en su momento por el exfiscal ad hoc, Roberto Mena, surge no solo los hechos de privación ilegítima de la libertad sino de los tormentos padecidos durante el cautiverio de la mujer que denunció al expolicía. “Entre las sendas personas que identifica (la exdetenida política) se halla Martínez, a quien menciona como ‘Comisario de la Policía Federal’ entre los que participaron en las sesiones de tortura. En esta sesión ella se encontraba desnuda y ante la presencia de su hijo de ocho meses de edad, padeciendo las aplicaciones de electroshock mediante picanas eléctricas, durante dos días enteros”, señala Sabadini

Piñero: de defensor de genocida a conjuez en la misma causa. No quiere irse

2012-01-04T05:07:00.000-08:00

Un conjuez acusado de defender a un represor generó un conflicto judicial

Por Gerardo Aranguren
Juan Antonio Piñero se niega a apartarse de una causa por delitos de lesa humanidad. La fiscalía de Resistencia lo acusó de parcialidad por sus vínculos con un torturador. La Cámara Federal de Apelaciones dirimirá el 10 de febrero.

A pesar de haber sido recusado por la fiscalía de Resistencia acusado de supuesta parcialidad por su relación con el represor, el conjuez chaqueño Juan Antonio Piñero se resiste a desprenderse de la causa Caballero residual por delitos de lesa humanidad.
Tras conocerse que representó al represor César Pablo Casco en su divorcio, el conjuez (un abogado designado únicamente para esta causa) mantiene una disputa con el fiscal de Resistencia Patricio Sabadini que se dirimirá recién el 10 de febrero, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Chaco convocó a una audiencia para tratar la cuestión.
A partir de un llamado anónimo, el fiscal Sabadini comenzó a investigar la relación de Piñero con Casco y encontró pruebas de que el conjuez había sido abogado del ex oficial del Servicio Penitenciario en la causa de su divorcio entre 1998 y 2006.
Sabadini presentó entonces la recusación al conjuez para que se aparte en la causa Residual Caballero “por peligrar la garantía de imparcialidad que debe guardar todo magistrado”, y advierte que la carencia de imparcialidad ya se advertía en las demoras evidentes del conjuez en aceptar el requerimiento de instrucción a Casco por el delito de tormentos.
“Esta falta de respuesta por parte de (Piñero) pone un manto sospecha respecto a la posibilidad de beneficiar a su ex cliente, en comparación a los demás coimputados. No podemos dejar de mencionar, además, la actitud frente a otros requerimientos presentados por esta fiscalía con mayor anticipación, entre los que se hallan, además de altos jefes militares y de la policía federal, magistrados y funcionarios de la justicia federal”, agregó el funcionario en la recusación.
A partir del pedido del fiscal y de las denuncias por las demoras en la causa, Piñero tuvo dos respuestas contradictorias: negó en primer momento que hubiese un pedido de la fiscalía para investigar a Casco y luego, cuando lo recordó, intentó apartarse únicamente del caso de su ex defendido para mantenerse al frente de la instrucción de la causa.
El 30 de diciembre se sumó a la disputa el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, quien se declaró competente para entender en toda la causa: “Entiendo que existe un temor razonable de posible parcialidad”, señaló en su resolución y aclaró que los distintos objetos de investigación en la causa “son inexorablemente conexos y constituyen el mismo objeto procesal”, por lo que consideró que la decisión de Piñero de apartarse del caso de Casco “no es posible sin afectar la garantía constitucional de imparcialidad”.
En la misma resolución, Skidelsky le solicitó a Piñero apartarse de la instrucción a lo que el conjuez se negó. Por eso, el caso se deberá resolver en la Cámara el próximo 10 de febrero.
Por más de 20 víctimas de tormentos, privación ilegítima de la libertad y desaparición, unos 25 represores se encuentran imputados por delitos de lesa humanidad en la causa Caballero Residual. Allí se encuentran acusados algunos represores que ya fueron condenados en la causa Caballero 1, como Humberto Caballero, a quienes se les suma el ex médico policial, Héctor Orlando Grillo; el ex juez Luis Córdoba; el ex fiscal, Roberto Mazzoni; y el ex pro secretario, Domingo Reska, entre otros.
Entre los nombrados, Casco es señalado como un feroz y cruel torturador entre los oficiales penitenciarios del Penal U7. Varios testigos declararon en la causa que Casco “era obsesivamente cruel y torturador. En circunstancias de infligir un castigo a los detenidos, los llevaban a otro calabozo y los dejaban desnudos en pleno invierno; los hacían bañar con agua fría y les daban la ración mínima de comida, recibiendo, asimismo, una atención médica pésima.”

Un conjuez acusado de defender a un represor

2011-12-24T00:54:00.000-08:00

Se trata de Juan Antonio Piñero, quien fue acusado por el fiscal Patricio Sabadini de haber defendido a Pablo Casco, exServicio Penitenciario Federal. El conjuez se defendió y señaló que es víctima de “hostigamiento”.

Tras el fervor de los juicios –con sentencia- por crímenes de lesa humanidad y el primer Margarita Belén con genocidas condenados por la matanza ocurrida hace 35 años, la polémica estalló en el futuro judicial de causas relacionadas a los derechos humanos, al conocerse ayer una denuncia contra el conjuez Juan Antonio Piñero.
Sucede que ingresó al Juzgado Federal de Resistencia un pedido de recusación contra el conjuez Piñero, presentado por el flamante fiscal federal Patricio Sabadini (hace menos de dos semanas juró en su nuevo puesto, tras el aval del Senado a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional).
En el escrito, el fiscal federal acusa a Piñero de haber sido abogado defensor del represor Pablo César Casco, que perteneció al Servicio Penitenciario Federal, y como tal, fue jefe de la denominada guardia dura de la U7.
Justamente, de la U7, donde estuvieron detenidos, entre otros, el hoy diputado nacional Carlos Kunkel, los militares sacaron a presos políticos que luego fueron fusilados en la conocida Masacre de Margarita Belén, en 1976.
A pesar de no haber estado de guardia en ese momento, fue el propio Casco quien obligó a los presos políticos a salir de las celdas, amenazándolos de que si se resistían iba a dejar actuar a los militares.
Más acá en el tiempo, durante el juicio por la Masacre de Margarita Belén, sustanciado en 2010 (con sentencia a principios de este año), Casco fue detenido por disposición del Tribunal Oral Federal, dando lugar al pedido de falso testimonio hecho por la Fiscalía y la Querella.

LA POLÉMICA
Con las sentencias firmes, la estrategia fue concentrarse a las denominadas causas residuales relacionadas a delitos de lesa humanidad. Así, debería haber una segunda parte de la Causa Caballero y otra por la Masacre de Margarita Belén.
En el caso de la Masacre, espera turno en el banquillo de los acusados el exmilitar Norberto Tozzo, quien no fue juzgado con sus camaradas de armas, primero, por estar prófugo; luego, porque se dilató su extradición desde Brasil.
Lo cierto es que fuente de la Fiscalía Federal señalaron que desde hace más de un año veían con preocupación que no avanzaba la investigación en el caso Casco. Esa preocupación, derivó en una investigación del fiscal Sabadini.
Esa investigación llegó a la Justicia Provincial chaqueña, buscando una conexión entre Piñero y Casco. En la base de datos digital del Poder Judicial provincial, se encontró la primera pista, datada en la neoliberal década menemista: 1998. El lugar: el juzgado conducido por Iride Isabel Grillo.
Según consta en la presentación del fiscal Sabadini el conjuez Piñero fue abogado del represor Casco, hecho que sería causal de recusación, ergo, que se debería sortear otro conjuez o bien que las causas residuales regresen al Juzgado Federal de Carlos Skidelsky, quien fue el que comenzó la investigación que derivaron en los primeros juicios por crímenes de lesa humanidad ocurridos en Chaco.
Ni bien se conoció la presentación judicial, el conjuez Piñero salió a refutar la recusación: “Es falsa”, declaró a FM Ciudad, de Resistencia. El conjuez también desmintió que haya habido requerimiento alguno para investigar el ex SPF Casco.
Piñero, que fue reconocido por la Cámara de Diputados del Chaco con un premio a la labor ligada a Derechos Humanos, fue aún más allá y aseguró que el pedido de recusación forma parte de un "hostigamiento" de la Fiscalía Federal.

Por violencia doméstica, revocan prisión domiciliaria a un genocida

2011-12-17T00:36:00.000-08:00

Se trata Humberto Caballero, condenado a 25 años en la primera parte de la causa que lleva su apellido y procesado en la segunda. Su mujer denunció violencia física, verbal y económica. El conjuez Piñero resolvió que vuelva a prisión.
Humberto Lucio Caballero volverá a prisión por someter a su esposa a malos tratos.

En una inédita resolución judicial, el conjuez Federal de Resistencia, Juan Antonio Piñero, resolvió revocar provisoriamente el beneficio de prisión domiciliaria al genocida Humberto Lucio Caballero, condenado a 25 años de cárcel en la primera parte de la causa “Caballero” y procesado en la segunda. Su mujer denunció que el represor la sometía a malos tratos, los cuales incluían violencia física, verbal y económica. Desde este miércoles está alojado en la Unidad Penitenciaria N°7 de la capital chaqueña.

Según confirmaron fuentes judiciales, la medida se produjo luego de que el conjuez Piñero recibiera un informe del Patronato de Liberados (Delegación Nordeste) en donde se denunció la situación por la cual atravesaba Cipriana Blanco, esposa del genocida Caballero y designada legalmente como guardadora de su custodia, es decir, responsable de que el represor cumpla las condiciones que la Justicia le impone para mantener el beneficio del arresto domiciliario.

La trabajadora social a cargo de dicha inspección elaboró el informe el 1 de diciembre último y señaló que de la visita que realizó al domicilio de Caballero surgen serios indicios de violencia familiar. “La esposa refiere que no están comiendo porque él retiene el dinero destinado a los alimentos. Además la esposa manifiesta que recibe maltratos físicos y verbales”, dijo la empleada del Patronato, al tiempo que sugirió que el genocida sea evaluado “por un profesional psicólogo”.

Protección hacia la mujer.
Teniendo en cuenta esta situación, Piñero consideró que hay claros indicios de que la señora Blanco está siendo objeto de malos tratos por parte de Caballero (su tutelado) “invirtiéndose, en consecuencia, la carga asumida por Blanco, surgiendo de ello que se encontraría sometida a ciertas conductas arbitrarias del beneficiario de la medida, que la privarían de los medios suficientes y necesarios para ejercer dicho control”.

“En tal contexto”, prosigue el conjuez, “advierto que en el supuesto de examen, podrían encontrarse comprometidos intereses superiores que deben ser objeto de investigación y que ameritan una inmediata intervención a fin de poner a resguardo los mismos”. Piñero enmarcó esta situación de violencia en la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
“La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993), en su artículo 1º define "violencia contra la mujer": como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada…”, añadió Piñero.

“En mérito a lo expuesto (…), a partir del contenido negativo que se desprende del informe de quien tiene a cargo la supervisión del cumplimiento de la medida dispuesta, entiendo que corresponde revocar –provisoriamente- el beneficio de arresto domiciliario oportunamente otorgado al encartado Caballero (…) y disponer (…) su inmediato traslado y alojamiento en la Prisión Regional del Norte (Unidad 7), dependiente del Servicio Penitenciario Federal”, completó.

Beneficios.
Con esta resolución el expolicía y subjefe de la Brigada de Investigaciones del Chaco desde 1975 hasta 1979, perdió el beneficio de estar preso en su casa que le otorgara en 2001 el actual juez Federal de Primera Instancia de Resistencia, Carlos Skidelsky. La medida del magistrado atendía únicamente a que el represor era mayor de 70 años, hecho por el cual un juez puede evaluar el otorgamiento del arresto domiciliario pero no está obligado a hacerlo. La decisión de Skidelsky fue ratificada tiempo después por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

Cabe recordar que Caballero, junto a 10 expolicías y militares, fue condenado el 13 de diciembre del año pasado a 25 años de prisión como autor penalmente responsable del delito de tormento agravado por la condición de perseguido político de las víctimas, en 14 hechos, en concurso real.

Todos estos crímenes fueron considerados por el Tribunal Oral Federal de Resistencia como delitos de lesa humanidad cometidos durante el período comprendido entre 1.975 y 1.979 (plena dictadura) en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco. Caballero también está imputado en la segunda parte de la causa bautizada con su apellido (conocida como "Caballero Residual") en la cual se le imputan crímenes cometidos durante el Terrorismo de Estado que van desde los tormentos hasta la desaparición forzada de persona

Acusado de tormentos y privación ilegítima de la libertad

2011-12-16T00:25:00.000-08:00

Detuvieron al exmédico policial de la dictadura Héctor Grillo

La medida se concretó tras una orden del conjuez Federal, Juan Piñero, en el marco de la Causa Caballero Residual. Grillo está acusado de participar de sesiones de torturas durante los años de plomo. Actualmente es dueño de un sanatorio de Resistencia
El exmedico policial, Hector Grillo, en 1982.

El dueño del sanatorio Galeno y ex médico policial, Héctor Orlando Grillo, fue detenido por la Policía Federal acusado de privación ilegítima de la libertad y de participar activamente de tormentos y torturas durante la última dictadura. La decisión fue tomada por el conjuez Federal de Resistencia, Juan Antonio Piñero quien lo indagaría este martes. Con esta medida, comienza a extenderse la investigación por violaciones a los derechos humanos a los civiles que fueron colaboradores del Terrorismo de Estado.

Según informaron fuentes judiciales a CHACO DIA POR DIA, la detención de este médico (recordado también por firmar los certificados de defunción apócrifos de los fusilados de la Masacre de Margarita Belén) se dio entre el domingo y este lunes, en el marco de la causa Caballero Residual, que investiga crímenes de lesa humanidad en el Chaco los cuales tuvieron como núcleo la Brigada de Investigaciones de la capital chaqueña, que funcionó como uno de los centros clandestinos de detención más importantes del nordeste.

Tras su aprehensión, Grillo, de 68 años de edad, fue trasladado a la División de Bomberos de Resistencia donde estará alojado mientras se realizan las tareas de reconocimiento y su evaluación médica de rigor. Posteriormente, y en cumplimiento de la orden judicial, será trasladado a una comisaría de la zona metropolitana donde estará alojado en una celda especial teniendo en cuenta que perteneció a la estructura policial.

La orden de detención firmada por el conjuez Piñero tiene fecha el 5 de diciembre último y aclara que Grillo deberá prestar declaración indagatoria por la acusación que pesa sobre él por los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada, en Concurso Real, con el delito de Tormentos Agravados, en calidad de autor.

UNA HISTORIA
Desde el informe final que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados presentó ante la sociedad en 1985 donde se revelaron las atrocidades que perpetró la dictadura, el nombre de Grillo se repite una y otra vez en los testimonios de ex detenidos políticos que sufrieron los peores vejámenes y torturas físicas y psicológicas, tanto en la Dirección de Investigaciones, en la U7 ó en la Alcaidía de Resistencia.

Sin embargo, recién en los últimos años la Justicia federal dio pasos concretos en cuanto a la posibilidad de sentar en el banquillo al ex médico policial. En diciembre de 2009, el por ese entonces fiscal ad hoc, Roberto Mena, presentó un requerimiento de instrucción ante Piñero pidiendo que se impute a Grillo y a una treintena de represores por el delito de asociación ilícita.

En su presentación, Mena puntualiza que Grillo, según se desprende de varias declaraciones de ex prisioneros políticos que fueron torturados, como María José Teresa Presa, Rodolfo Amado Sobko, entre otros, su función dentro de la asociación ilícita era la “de participar en actos de tormentos poniendo a disposición de los autores de las torturas su conocimiento médico a fin de supervisar el sufrimiento de la víctima”.

El requerimiento expresa que tampoco comunicaba al Poder Judicial el estado de deterioro de las víctimas que en reiteradas ocasiones le revelaban las marcas de torturas y vejámenes que padecían, así como las condiciones lamentables de encierro. “Resultando su obligación denunciarlas por ser funcionario público con conocimientos específicos”, señala el fiscal.

PENTOTAL
El otro requerimiento de instrucción en contra de Grillo fue el que presentó en abril de 2010 el fiscal Federal, Gustavo Corregido, a través de la secretaría de Derechos Humanos, la cual estaba a cargo del doctor Mena. La misma está caratulada como “Giménez de Valladares Nora del Valle s/ Denuncia apremios ilegales, violación calificada y privación ilegítima de la libertad” y pide que se impute a Grillo y a una veintena de ex represores por los delitos ya advertidos en la carátula.

Giménez fue detenida en Resistencia junto a su hijo, Héctor Alberto Cecilio Valladares. El operativo estuvo a cargo de personal de civil perteneciente a la Brigada de Investigaciones. Luego de tres días de tormentos y torturas la trasladaron a un galpón ubicado cerca del río, probablemente Barranqueras, por el tiempo de viaje y el olor de la costa. Según relató, entre golpes e interrogatorios, el médico Grillo le colocó Pentotal en la espalda. Cabe recordar que el Pentotal (Tiopentato de sodio) es una droga que tiene un efecto sedante que desconcierta a la víctima y que los militares lo utilizaban como “suero de la verdad”. Sin embargo, el uso más conocido de esta droga durante la dictadura fue para sedar a los detenidos políticos que posteriormente eran arrojados vivos al mar desde aviones.

Además, mientras Gabino Manader y José Cardozo (fallecido impune) la interrogaban, Grillo controlaba el pulso y el ritmo cardíaco de la detenida. Posteriormente y por la acción del sedante y la tortura, Giménez pierde el conocimiento y reacciona tiempo después en una sala de la Brigada de Investigaciones. Allí, permanece junto a unos 30 detenidos que son torturados permanentemente y por efectos del Pentotal queda 40 días con la pierna derecha paralizada.

GA7
Cabe recordar que Grillo pertenecía al grupo Grupo de Artillería 7 y era miembro del cuerpo profesional del escalafón sanidad de la policía de la provincia en dependencia de los cuarteles de La Liguria. Uno de los hitos en su carrera, fue la firma de las actas de defunción de algunos de los fusilados en Margarita Belén, como Manuel Parodi, Patricio Tierno y Carlos Duarte.

A pesar de tener un pasado vidrioso, en democracia Grillo devino en próspero empresario. Su chalet ubicado en la calle Salta al 500 y el sanatorio Galeno, de Necochea al 200, que es de su propiedad, así lo demuestran. Una de sus últimas apariciones públicas fue el 4 de junio de 2010 en una nota publicada en el portal Diario Chaco. Bajo el título: “Médicos de la región crearon la Unión Gremial de Sanatorios del Nordeste”, Grillo aparece en el centro de una foto, sentado, con sus 67 años encima, rodeado de distintos dueños de clínicas chaqueñas.

En agosto del año pasado, y mientras se sustanciaba el juicio por la Causa Caballero 1, Grillo se presentó ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia con la idea de prestar declaración testimonial. La intención del médico se frustró luego de que el abogado querellante, Mario Bosch y el Fiscal General, Germán Wiens Pintos recordaran que estaba imposibilitado de hacer tal declaración debido a que era uno de los requeridos en la causa Caballero Residual.

AUTOPSIAS
Donde sí lo dejaron declarar fue en la juicio por la Masacre de Margarita Belén. Fue el 16 de septiembre del año pasado. Esa mañana ingresó a la sala rengueando. Se lo vio bastante demacrado, pero en ningún momento demostró nerviosismo. Como era de esperarse, durante toda su declaración se ciñó a la historia oficial; “Fui convocado para certificar el deceso de unos fallecidos que estaban en el regimiento un lunes a última hora de mi guardia ( 13 o 14 horas aproximadamente)” . Llegó en un patrullero, no recuerda si acompañado o sólo, tampoco la autoridad que lo convocó.

Contó que vio 6 o 7 cuerpos en el suelo, estaban vestidos, medianamente limpios, no tenían lesiones pero si múltiples heridas de bala en abdomen y tórax. Todos eran nn. Había una mujer. No había cadáveres con balazos en la cabeza. Después de constatar todo esto, en Sanidad hizo los certificados de defunción. Como la causa de muerte “era evidente” no hizo autopsia.

Cuando se le preguntó por la posibilidad de notar un fémur quebrado sin autopsia respondió que en caso de producirse un desvío la fractura es evidente, pero que también pude pasar desaperciba. La pregunta hace referencia a Carlos Zamudio, asesinado en la Masacre. Zamudio tenía una fractura perimortem en el fémur izquierdo.

- ¿Usted sabía que es obligatorio hacer autopsias en caso de muerte violenta? – preguntó el querellante Mario Bosch.

-No – respondió Grillo, autor de un libro sobre medicina legal, y con una dilatada trayectoria como perito.

Detuvieron a un ex policía chaqueño por crímenes de lesa humanidad

2011-11-05T01:19:00.000-07:00

Un represor tras las rejas

Se trata de Miguel Peloso. Lo detuvieron agentes de la Policía Federal en el Colegio Marianista del barrio porteño de Caballito, donde vivía y trabajaba como portero. Será indagado en una causa por torturas y desapariciones durante la dictadura.

El ex policía chaqueño Miguel Peloso, imputado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, fue detenido ayer en Buenos Aires por la Policía Federal. Fuentes del Ministerio de Seguridad informaron que Peloso, de 61 años, fue capturado por agentes de la comisaría 12ª en el Colegio Marianista del barrio de Caballito, donde tenía su residencia y trabajaba como portero. El represor, que llevaba más de tres décadas en libertad, debió ser trasladado por los policías al Hospital Durand porque sufrió un cuadro de hipertensión al momento de su detención. En los próximos días deberá ser indagado en la Justicia Federal de Resistencia, Chaco, en el marco de la causa “Residual Caballero Humberto Lucio y otros s/tormento agravado en concurso real con privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de personas”.

En Chaco hubo hasta el momento dos juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad. El primero concluyó en diciembre con condenas de entre 15 y 25 años para diez policías y dos militares por más de ochenta crímenes cometidos entre 1975 y 1979 en la Brigada de Investigaciones de la policía de la provincia, el principal centro de detención clandestino del nordeste. El 16 de mayo concluyó el segundo juicio, con la condena a prisión perpetua para ocho militares y un policía por el asesinato de veintidós presos políticos en diciembre de 1976, fusilamiento que pasó a la historia como la Masacre de Margarita Belén.

Hace tres semanas, mientras sus compañeros comenzaban a cumplir sus condenas, llegó al país, extraditado desde Brasil, el represor Norberto Tozzo, acusado también de participar en la masacre. El militar retirado, que ya pasa sus días en la Unidad Penitenciaria 7 de Chaco junto con sus camaradas, intentó despegarse durante su declaración indagatoria de la masacre, señalando que se enteró casi dos horas después de ocurrido el fusilamiento, y culpó de su imputación al ex jefe del Destacamento de Inteligencia 124, Armando Hornos, que era entonces su superior inmediato. Indagado por el juez federal Carlos Skidelsky, el ex militar precisó que se enteró “del hecho conocido como Margarita Belén a las 6.45 del 13 de diciembre de 1976” y que “inmediatamente tomó uno de los vehículos del servicio, si mal no recuerdo un Renault 4 blanco, y me dirijo a la zona, donde me habían informado que vehículos militares pertenecientes al área 232 que se dirigían a Formosa fueron atacados”. Tozzo dijo haber visto “tres personas muertas que estaban alineadas en la banquina, en la ruta, y otras dos personas en un vehículo de color blanco” y contó que el jefe del área militar 233, Jorge Larrateguy, “me relató lo que según él había ocurrido”, léase un ataque a un convoy militar que concluyó con 22 muertos entre los atacantes y ningún herido en la tropa propia. Según la sentencia del juicio por la masacre, Tozzo integró el convoy que participó del fusilamiento como acompañante de Germán Riquelme, uno de los condenados, en un camión Unimog 416 del Ejército que iba como escolta del vehículo que trasladaba a los detenidos.

Esta semana, en tanto, el conjuez federal Juan Piñero procesó con prisión preventiva al suboficial principal retirado Angel Jorge Ibarra, alias El Loquito. El magistrado también amplió el procesamiento de otros ocho represores, en su mayoría condenados, y dictó la falta de mérito para otros once acusados. Chaco Día por Día informó el miércoles que según declaraciones de varios ex detenidos, Ibarra era miembro de la guardia de la Brigada de Investigaciones, el centro clandestino de detención que funcionaba frente a la plaza central de Resistencia, antes y después de la dictadura. Los procesamientos del juez Piñero alcanzaron también a los ex policías Enzo Breard, José Rodríguez Valiente, Gabino Manader, Humberto Lucio Caballero, José Marín (alias Cabo Sotelo) y Ramón Esteban Meza, y al ex militar Luis Alberto Patetta

El represor Tozzo declarará ante el juez Skidelsky

2011-10-24T03:22:00.000-07:00

Acusado de participar de la Masacre de Margarita Belén

El juez Federal de Resistencia le tomará declaración indagatoria en el marco de la segunda parte del juicio por la matanza de más de 20 militantes durante la madrugada del 13 de diciembre de 1976. Gonzalo Molina será su abogado defensor.

El represor acusado de participar de la Masacre de Margarita Belén, Norberto Tozzo, declarará este martes 25/10/2011, ante el juez Federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, confirmaron fuentes judiciales. Se le pedirá que aporte precisiones sobre su participación en el fusilamiento clandestino de al menos 22 detenidos políticos ocurrido en la madrugada del 13 de diciembre de 1976.

La declaración indagatoria del represor se realizará en la Secretaria de Derechos Humanos, Penal III que funciona en calle Juan Domingo Perón, de Resistencia. Tal como lo anticipó este portal, Tozzo confirmó este martes que el defensor oficial de la Justicia Federal, Gonzalo Molina, será su representante legal.

Desde este lunes (24/10/2011) Tozzo se encuentra alojado en la Unidad Penitenciaria Nº7 de Resistencia, en el lugar destinado para imputados o condenados por delitos de lesa humanidad. Está acompañado de sus camaradas de armas Ernesto Simoni (condenado a cadena perpetua en la primera parte del juicio por la Masacre), Albino Luis Borda y Ángel Jorge Ibarra (ambos imputados en la denominada Causa Caballero Residual).

Cabe recordar que el lunes, en medio de un fuerte operativo de seguridad, Tozzo llegó al Chaco para responder ante la Justicia en lo que será la segunda parte del juicio por la Masacre de Margarita Belén, que eventualmente lo tendrá como único protagonista. Tozzo pisó el aeropuerto internacional de Resistencia, proveniente de Buenos Aires, donde se encontraba detenido desde el viernes, luego de la extradición propiciada por el gobierno brasileño, donde estuvo preso desde 2008.

Tozzo nació el 6 de octubre de 1945 en Buenos Aires. Fue militar, empresario, bon vivant y ahora recluso en una cárcel calurosa en Resistencia. Durante la dictadura Tozzo fue agente del Destacamento de Inteligencia 124 de Resistencia –que dependía directamente del Batallón 601– y ya en democracia se recicló como empresario de los medios de comunicación en varias localidades entrerrianas, donde era dueño de un servicio de televisión por cable y una radio de frecuencia modulada.

En Entre Ríos, el militar manejaba un canal de cable de María Grande que opera también en Hasenkamp, Viale, Tabossi, Aldea Santa María, El Pingo y Estación Sosa –entre otras– a través de la firma Emprendimientos Comunicacionales Sociedad Anónima. Inclusive la empresa realizó las filmaciones de las sesiones de la Convención Constituyente de esa provincia que sesionó en 2008. Tras la fuga y detención de Tozzo, el negocio quedó a cargo de su hijo Santiago, que vive en Hasenkamp con el resto de la familia.

LA MASACRE
El 13 de diciembre de 1976, en un simulacro de traslado a una cárcel de mayor seguridad en Formosa, una veintena de presos políticos que se encontraban en distintos centros de detención de Resistencia fueron fusilados en una zona de montes a la altura de la localidad de Margarita Belén.

Oficialmente se dijo que “una banda armada” atacó a “una columna que transportaba detenidos subversivos con la aparente intención de liberarlos o eliminarlos a efectos de evitar declaraciones comprometedoras”. Lo cierto es que la masacre había sido planificada varios días antes por los altos mandos militares y algunos de ellos sobrevolaron en un helicóptero oficial la zona donde se produjo el fusilamiento.

Se sabe que Tozzo era uno de los integrantes del convoy. Concretamente, viajaba como acompañante de Germán Emilio Riquelme (condenado a perpetua en el primer juicio por la Masacre) en un camión Unimog 416 del Ejército que iba como escolta del vehículo que llevaba a los detenidos y, una vez en el lugar, fue uno de los ejecutores, según quedó consignado en la sentencia del juicio que se realizó este año y en el que fueron condenados ocho exmilitares a perpetua.

Fue apresado en 2003 por la Justicia chaqueña y luego liberado tras un polémico hábeas corpus concedido por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Una vez que se ordenó la recaptura de los represores imputados, Tozzo escapó. Permaneció prófugo al menos un lustro, hasta que fue detenido el 17 de septiembre de 2008 por Interpol, escondido en el “Ipanema Tower”, un hotel de lujo de Río de Janeiro. Su extradición fue aceptada en mayo último por el Tribunal Supremo de Brasil y ratificada el mes pasado por un decreto de la presidenta, Dilma Rousseff. Sin embargo, las autoridades brasileñas impusieron una serie de restricciones para su juzgamiento en Argentina.

RESTRICCIONES
El represor está acusado por secuestros, homicidios y desapariciones forzadas de personas, que conlleva una pena de prisión perpetua. Pero la extradición fue concedida para que sea juzgado sólo por el delito de secuestro calificado, un crimen de carácter continuado que persiste hasta hoy, en virtud de que “las cuatro personas que estaban bajo la guardia de los militares policiales aún permanecen desaparecidas”, según consta en la resolución del Tribunal Supremo.

Específicamente se refiere a Roberto Yedro, Reynaldo Zapata Soñéz, Fernando Piérola y Julio Pereyra, a quienes los militares dieron como prófugos. Asimismo, el máximo organismo de justicia brasileño consideró que los homicidios que se le imputan a Tozzo están prescriptos –a diferencia de la interpretación que se hace en Argentina–, pero no hizo lugar a la invocación efectuada por la defensa respecto a la falta de pruebas y a la amnistía dictada por la ley de obediencia debida.

Respecto de las penas, como en Brasil no existe la prisión perpetua, el máximo que se le podría imponer es de 30 años, pero se dejó establecido que deberá descontarse el tiempo que ya ha pasado en la cárcel desde su detención en septiembre de 2008. Sin embargo, queda por delante un largo camino judicial.

Amplían el procesamiento de un acusado por el delito de violación

2011-05-26T23:42:00.000-07:00

Así lo indicó el fiscal ad hoc, Diego Vigay. Es en el caso de Sara Fulvia Ayala, desaparecida durante la dictadura. La defensa del imputado Albino Borda planeteó que la acusación es sobre un crimen ya prescripto.

Sara Fulvia Ayala de Morel está desaparecida desde 1977.

Las violaciones sexuales a detenidos y detenidas políticas durante la última dictadura militar son crímenes de lesa humanidad. Así lo ratificó la fiscalía Federal de Resistencia, en el caso en donde se investiga la comisión de este aberrante crimen contra Sara Fulvia Ayala de Morel, ocurrida durante su detención en la Brigada de Investigaciones del Chaco, lugar donde se la vio por última vez en 1977. Por el hecho está detenido en calidad de imputado Albino Luis Borda, quien fue llavero de esa dependencia policial.

Si bien durante mucho tiempo se consideró a los ataques sexuales -principalmente a las detenidas- como hechos aislados dentro de la maquinaria del terror instaurada durante la última dictadura, la repetición de testimonios y relatos sobre lo cotidiano de estos hechos en los centros clandestinos de detención (CCD) hizo que se dieran fallos en los cuales ya se los tomó como crímenes de lesa humanidad (imprescriptibles), como el producido por el Tribunal Oral de Mar del Plata, en junio de 2010, contra un ex suboficial de la Fuerza Aérea.

A nivel provincial, y en el marco de la denominada Causa Caballero Residual, donde se investiga torturas, tormentos y desapariciones de personas en la Brigada de Investigaciones, la defensa de Borda presentó un escrito al conjuez Federal, Juan Antonio Piñero, señalando que el ex llavero está siendo acusado por un crimen ya prescripto, hecho en el cual, según el Código Penal, se requiere la denuncia de la víctima, que en el caso de Ayala de Morel nunca se realizó.

LA RESPUESTA
Piñero corrió vista de este planteo a la querella y al Ministerio Público Fiscal. El fiscal ad hoc, Diego Vigay, respondió este lunes a este planteo señalando que el delito por que lo imputó a Borda es imprescriptible por ser considerado como un hecho de tortura más dentro del accionar represivo para destruir física y mentalmente a los detenidos políticos con la intención de sacarles información.

Por otra parte, indicó que en el caso de Ayala de Morel, por su condición de desaparecida, resulta imposible que la víctima haya podido hacer planteo alguno sobre lo sucedido. De este modo, la denuncia sobre la violación es perfectamente válida con el hecho de plantear testigos que hayan podido tener certezas sobre los padecimientos que sufrió la víctima.

“Este Ministerio Publico Fiscal”, señaló Vigay en su escrito, “entiende que en este caso el delito de violación cometido por Borda en su carácter de efectivo de la policía de la provincia del Chaco, desempeñándose en el Centro Clandestino de Detención que funcionara en la Brigada de Investigaciones; contra Sara Fulvia Ayala de Morel, quien se encontraba en el lugar en carácter de detenida desaparecida por razones políticas y en el marco y como parte de tormentos, apremios y vejámenes, integra claramente la categoría de delito de lesa humanidad”.

El fiscal ad hoc recordó que entre 1976 y 1983 se montó en nuestro país “una estructura estatal ilegal, dirigida por las Fuerzas Armadas en correspondencia con otras fuerzas de seguridad, en este caso la Policía de la Provincia del Chaco, que desarrolló un plan clandestino y metódico de represión ilegal tendiente a eliminar y/o quebrar en su voluntad a determinados grupos de personas, que por la ideología política que profesaban eran considerados enemigos de la patria”.

“El mentado plan clandestino de represión comprendió una masiva y sistemática violación de los derechos humanos que abarcó la más amplia gama de vejaciones”, sostuvo Vigay. Y añadió: “En este contexto, era frecuente que las personas, ilegalmente detenidas en los centros clandestinos de detención como es el caso de la Brigada de Investigaciones del Chaco, fuesen sometidas sexualmente por sus captores o guardianes”.

“Los elementos de prueba reunidos en la causa permiten señalar que la comisión de los delitos que se investigan fue posible en tanto se amparó en los mecanismos creados a fin de aniquilar a un sector de la población civil; que a través de los mismos también se intentó garantizar su impunidad; que todo ello fue usufructuando recursos e infraestructura del Estado de los que se disponía ilegítimamente, y a los que se dio el fin aberrante de devastar aquellas manifestaciones disidentes al régimen”, señaló Vigay.
Tras este planteo, resta la respuesta del abogado querellante, Mario Bosch y la posterior definición de Piñero respecto de la situación procesal de Borda, que, según fuentes judiciales, podría estar en 15 días.

SARA Y PEDRO
Según consta en el Informe Final de la Legislatura Chaqueña, realizado en la década del ‘80, y en la investigación realizada por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) el matrimonio Morel (que pertenecían a la organización Montoneros) fue detenido en Claypole, Buenos Aires, junto con el dueño de casa; un hombre de apellido Sobko.

En ese procedimiento, la niña Mabel Morel y un niño llamado Beto, del matrimonio Sobko, fueron entregados primero a unos vecinos (los Reiter) y luego a la jueza Marta Pons, a cargo del Tribunal Nº 1 de Lomas de Zamora (Provincia de Buenos Aires).

Con los pequeños en mano de la Justicia, Sara y Pedro fueron trasladados sucesivamente a Misiones, Goya (Corrientes), a Formosa (Regimiento 29 de Infantería de Monte) y, por último, a Resistencia, donde fueron vistos el 19 de mayo de 1977 en la Alcaidía Policial y el 24 de mayo de 1977 en la Dirección de Investigaciones.

Por las declaraciones de los otros detenidos que los vieron, en la Brigada de Investigaciones ambos estaban en condiciones físicas deplorables. Morel tenía la cara destrozada y los testículos sangrantes y colgando hasta las rodillas. Mientras que Sara tenía el rostro muy golpeado. Además, según los ex detenidos Gerardo Delgado y Rodolfo “Rody” Sobko, Sara había sido vejada en reiteradas oportunidades por Borda y Rubén Héctor Roldán, alias Chuleta.

Mientras esto sucedía, la madre de Sara (Celia Justina Collar de Ayala) buscaba su paradero, pero todas las gestiones fueron todas con resultado negativo: nota ante el Ministerio del Interior (26 de octubre de 1977), nota dirigida al mismo Ministerio del Interior en 1980 y Hábeas Corpus presentado ante el Juzgado Federal de Resistencia, a cargo de Luis Ángel Córdoba, y el Palacio de Justicia de Buenos Aires, ambos en 1977 y ambos rechazados. Ese mismo año, Sara y Pedro desaparecieron.

Masacre Margarita Belén: Prisión perpetua para 8 militares y absolución a 1 policía

2011-05-16T22:04:00.000-07:00

El Tribunal Oral Federal de Resistencia sentenció ayer a prisión perpetua a ocho represores y absolvió a uno de los imputados en la causa “Margarita Belén”, por delitos de lesa humanidad. Durante la lectura del fallo, familiares y allegados de las víctimas y organizaciones de derechos humanos encabezaron una marcha en la puerta del juzgado.

Los militares fueron acusados de fusilar a 22 presos políticos cuando eran trasladados desde el Chaco hacia el penal federal de Formosa, durante la última dictadura militar.

En horas de la tarde, se leyó el veredicto del Tribunal presidido por Gladys Yunes, en el que se condenó a perpetua en cárcel común a Gustavo Athos, Horacio Losito, Aldo Martínez Segón, Jorge Daniel Carnero Sabol, Ricardo Guillermo Reyes, Germán Emilio Riquelme, Ernesto Jorge Simoni, Luis Alberto Patetta.

En tanto, el ex policía Alfredo Luis Chas, considerado como partícipe secundario, fue absuelto de culpa y cargo.

Los ex militares fueron sentenciados por los delitos de homicidio agravado por alevosía y por el número de partícipes; privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo, y desaparición forzada de personas.

El hecho ocurrió el 13 de diciembre de 1976, cuando 22 jóvenes, hombres y mujeres, la mayoría de ellos militantes peronistas, fueron fusilados en cercanías de la localidad chaqueña de Margarita Belén, cuando eran trasladados a un penal de Formosa.

Las víctimas de la denominada “masacre de Margarita Belén”, fueron: Patricio Blas Tierno, Néstor Sala, Carlos Zamudio, Luis Angel Barco, Roberto Yedro, Delicia González, Luis Díaz, Fernando Pierola, Raúl Caire, Sergio Pereyra, Carlos Duarte, Carlos Tereszecuk, Manuel Parodi Ocampo, Luis Fransen, Ema Cabral, Reinaldo Zapata y Mario Cuevas.

En tanto, no se conocen aún las identidades de 5 de las víctimas que no fueron identificadas, 3 hombres y 2 mujeres.

En la puerta del Juzgado Federal, ubicado frente a la plaza 25 de Mayo de la capital chaqueña, cientos de personas, representantes de organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, estudiantiles y partidos políticos celebraron el fallo.

Con audio y pantalla gigante, presenciaron el veredicto mientras sostenían carteles, banderas y pancartas de la JP-Descamisados, MTD, ATE, CTA, JUP, PC, Barrios de Pie, y Movimiento 26 de Julio, entre otros.

Con cánticos y gritos los manifestantes festejaron el fallo que condenó a los imputados de violaciones a los derechos humanos.

“Es un fallo histórico” dijo el abogado querellante Mario Bosch, al finalizar la audiencia, a la vez que agregó que se trata de “un fallo de jueces independientes”.

En tanto, el letrado dijo no compartir la sentencia de absolución y señaló que esperarán conocer los fundamentos del veredicto, el próximo 12 de julio.

“Se condenó a los máximos responsables de los fusilamientos a perpetua en cárcel común, sin ningún tipo de privilegios”, dijo Bosch en declaraciones.

Por su parte, Martín, el hijo de una de las víctimas de la masacre, Luis Díaz, dijo que siente “una pequeña sensación de alivio” y que “se hizo justicia”.

En este mismo sentido, Daniela, la hija de Carlos Zamudio, ejecutado hace 35 años en Margarita Belén afirmó que “se cierra una historia. En un momento se remueve toda tu vida, es terrible”, expresó en medio de las lágrimas.

Sobre los hechos de 1976, la querella relató días atrás en los alegatos que “pasadas las 3.30 (del 13 de diciembre), al menos un patrullero, y dos camiones del Ejército partieron rumbo a Formosa por la ruta 11. Antes de la 5 de la mañana el convoy detuvo su marcha a la altura del viejo camino a El Zapallar”.

“Allí fusilaron a los presos: los imputados usaron sus FAL e hicieron desaparecer a un grupo para enmascarar el asesinato como un intento de fuga, la versión oficial”.

Fueron querellantes en esta causa, los familiares de las victimas, la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

A pocos kilómetros de Margarita Belén, un monumento recuerda a las víctimas en el mismo lugar donde fueron fusilados, con esculturas de tamaño natural que representan a los 22 jóvenes.

En tanto, en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Nordeste (de Resistencia), un gran mural recuerda la masacre, obra realizada por Amanda Mayor de Piérola, artista plástica de la Provincia de Entre Ríos y madre de Fernando Gabriel Piérola, uno de los jóvenes fusilados, bajo el título “Argentina, dolor y esperanza”.

A 35 años de este delito de lesa humanidad, los familiares de las víctimas festejaron, lloraron y se abrazaron luego de la sentencia, en compañía de centenares de personas que se concentraron frente al edificio del Tribunal Oral Federal de Resistencia.

El próximo 12 de julio se dará a conocer el fundamento de la sentencia que condenó a 8 militares por la masacre de Margarita Belén y absolvió a un policía.

Espera de la sentencia por la Masacre de Margarita Belén

2011-05-15T22:54:00.000-07:00

Algunos de los represores

“Se pudo probar que fue un fusilamiento”

En el proceso que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal del Chaco hay nueve represores acusados por delitos de lesa humanidad. Las querellas pidieron prisión perpetua, salvo en un caso.

Por Alejandra Dandan

Concluye en Chaco el juicio oral por la masacre de Margarita Belén, un juicio histórico y un proceso durante el cual los familiares de las víctimas atravesaron una doble sensación. “Teníamos conciencia del pacto del silencio de los represores, pero al mismo tiempo estaba la esperanza de que en algún momento, en medio de la sala, y de forma repentina, pudieran decir dónde están los cuerpos de los desaparecidos”, dice Dafne Zamudio, hija de Carlos Zamudio, uno de los militantes asesinados que ahora sabe que el pacto no se rompió. “Los responsables no dijeron nada, y no van a decir nada, entonces es otra vez retomar ese camino de búsqueda, que en realidad nunca abandonamos, pero es otra vez volver a los papeles, a las excavaciones, a los pequeños datos para ir adelante.” Hoy, el Tribunal Oral Federal chaqueño pronunciará la sentencia. Deberá decidir si condena o no a los nueve represores acusados, para quienes las querellas pidieron condena a prisión perpetua (excepto un caso).

El juicio empezó el 3 junio de 2010 y pasaron más de 120 testigos. Es la primera etapa de una causa más amplia en la que se juzgaron a los represores por 15 víctimas, 4 de las cuales permanecen desaparecidas. Durante las audiencias, el correr de los testimonios aportó datos, pero dejó preguntas abiertas, no sólo sobre la existencia de otras víctimas sino sobre nuevos y más responsables. “El juicio confirmó todas las hipótesis que traíamos con relación a las víctimas, y fueron apareciendo elementos para confirmar sospechas de otras”, dice a Página/12 Mario Bosch, querellante por Familiares, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y el CELS. “Surgieron además muchas evidencias sobre el rol de la Justicia federal, el médico de policía y el área de Inteligencia como para continuar con la investigación.”

El rol del Poder Judicial fue uno de los ejes del proceso y de aquí en más será uno de los nudos a trabajar en “la causa residual”. En esa línea, la querella elevó un listado con nombres de quienes deberían ser los próximos imputados. Un caso paradigmático es el del ex juez federal Angel Córdoba, retirado luego de la dictadura y quien “no investigó nada”, dice Bosch en relación con la identidad de los NN. El abogado marcó que, aun considerando que no lo haya hecho porque creía que los militantes eran “atacantes”, debía haberlos identificado: en cualquier investigación un juez investiga al muerto de una banda porque puede conducirlo a los prófugos. Córdoba no lo hizo porque –dice Bosch– “su objetivo era no investigar: eso lo hacía funcional a la impunidad del crimen”.

Uno de los momentos más importantes del juicio, dice Dafne, fueron los alegatos: “Conocimos el hecho total para saber lo que pasó realmente y la reconstrucción resultó muy demostrativa: para nosotros en ese momento ya no había hipótesis, eran hechos con pruebas”.

Los imputados que hoy escucharán la sentencia son Horacio Losito, Luis Alberto Patetta, Martínez Segón, Jorge Carnero Sabol, Athos Rennes, Ricardo Reyes, Germán Riquelme, Ernesto Simoni, para quienes todas las querellas pidieron prisión perpetua. También está acusado el policía Alfredo Chas para quien pidieron entre 20 y 25 años de prisión como partícipe secundario.

El juicio permitió poner en discusión nuevamente en la provincia la masacre ocurrida el 13 de diciembre de 1976. “Nos sirvió para instalar la verdad –dice Dafne– porque, más allá de que se sabía de la masacre, ciertos sectores es como que creían en el enfrentamiento y justificaban el accionar o la muerte. Con este juicio se pudo probar que realmente lo que pasó fue un fusilamiento.”

Durante el día de hoy termina el debate pero, como dice Bosch, “continúa investigándose la masacre de Margarita Belén: socialmente no podemos cerrar esto porque estamos condenando a ejecutores, pero ni son todos, ni son los únicos responsables: hay que pensar por ejemplo que no está siendo juzgado ni siquiera el propio Cristino Nicolaides, que era jefe de área; ahora está muerto, pero cuando empezó el juicio no, y no pudimos avanzar porque estaba beneficiado por el indulto”.

Los defensores de los genocidas acusan a los testigos

2011-05-03T23:32:00.000-07:00

Los defensores de los represores pidieron la nulidad del juicio y la absolución
Se acerca la sentencia de Margarita Belén

Los defensores oficiales se basaron en cuestiones técnicas. El abogado Carlos Pujol, en cambio, pidió el procesamiento por falso testimonio para cincuenta testigos y dijo que muchos desaparecidos “figuran con documentos falsos en otros países”.
Por Gonzalo Torres

El juicio oral por la masacre de Margarita Belén, en el Chaco, entró en su etapa final. Entre el lunes y ayer, los abogados defensores pidieron la nulidad de la acusación a sus defendidos y su absolución de culpa y cargo por la matanza de los 22 presos políticos que fueron ejecutados en diciembre de 1976.

Los defensores oficiales Juan Manuel Costilla y Federico Carniel –representan a Luis Alberto Patetta, Horacio Losito, Ricardo Reyes, Ernesto Simoni y Alfredo Luis Chas– pidieron la nulidad de la acusación a sus defendidos. Invocaron razones de “insuficiencia probatoria” y la aplicación del principio de “beneficio de la duda”.

El eje del alegato de la defensoría oficial giró en torno de cuestiones técnicas, con especial atención en determinados aspectos formales de la prueba y de las imputaciones, como por ejemplo la utilización de las declaraciones de los imputados realizadas en sede de instrucción militar, la prescripción de la acción penal, la forma en la que se realizaron las acusaciones y la atipicidad de la figura de desaparición forzada de personas en el derecho penal. Los hechos que se juzgan no fueron abordados con la misma profundidad. En cuanto a los “tecnicismos” pronunciados, la mayoría de ellos ya han sido resueltos en tribunales de alzada.

Sobre los hechos concretos, los abogados defensores intentaron desaprobar la existencia de la masacre sin llegar al extremo de aceptar la coartada del enfrentamiento y alegaron que el Tribunal no puede tener “la necesaria certeza absoluta” de cómo sucedieron los hechos para dictar una sentencia condenatoria.

La defensa refutó la incorporación como prueba documental de las declaraciones de los imputados en el juzgado de instrucción militar durante el año ’84. Estas declaraciones revisten importancia porque son una prueba contundente de que los imputados estuvieron en el lugar de los hechos el 13 de diciembre de 1976. Más allá de las consideraciones respecto de qué Justicia debía juzgarlos, si la Justicia civil o los jueces castrenses, las declaraciones fueron tomadas siguiendo el mecanismo que mandaba la ley de esa época, sin coacción de ningún tipo ni violación de las garantías constitucionales de los declarantes. Esto fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterados fallos. En el caso específico de la causa “Masacre”, fue resuelto por el juez de instrucción al dictar el auto de procesamiento, por la Cámara Federal de Resistencia, por la Cámara Nacional de Casación y finalmente por el mismo Tribunal que lleva la causa durante el planteamiento de las cuestiones preliminares al manifestar que las declaraciones en sede judicial son perfectamente válidas.

El abogado querellante Mario Bosch lo explicó de este modo: “Los abogados defensores no tienen línea argumental. No porque les falte capacidad, porque son profesionales muy capaces, pero es tal la contundencia de la prueba que no les queda otra alternativa que repetir planteos a sabiendas de que van a caer en saco roto. Las pruebas son contundentes y abundantes y muchas de las cuestiones ya fueron resultas en la Causa 13 del Juicio a las Juntas”, sentenció el abogado.

Ayer, el abogado Carlos Pujol defendió a sus representados atacando: pidió el procesamiento por “falso testimonio agravado (10 años de pena) para cincuenta testigos de la causa, la mayoría ex detenidos políticos.

Pujol acompañó su defensa de los militares Aldo Martínez Segón, Jorge Daniel Carnero Sabol, Gustavo Athos Renes y Germán Emilio Riquelme con la proyección de diapositivas. Ratificó todo lo dicho por sus colegas defensores, acusó a la querella y a la fiscalía de “deslealtad procesal”, razonó sobre la estrategia militar en casos de ataque para intentar explicar por qué un civil no pude entender jamás de qué se trata la “obediencia debida militar” y se permitió decir que el traslado de detenidos políticos (durante el cual se simuló un intento de fuga) se ejecutó por la noche porque “en diciembre hace mucho calor”.

Por último se despachó con una curiosa explicación de la desaparición forzada de personas durante el terrorismo de Estado: “Posiblemente en Argentina en hubieron (sic) desaparecidos, pero también es cierto que mucha de esa gente figura con documentos falsos en otros países”... Su chicana cayó en saco roto: la nutrida “barra de la memoria” presente en la sala lo escuchó en silencio, respetuosa del pedido del tribunal de guardar recato.

¿Piensa Ud. Sr. Fiscal que todo el horror fue genocidio?

2011-04-22T01:18:00.000-07:00

Carlos Amad, fiscal federal
“Causas como Caballero y Margarita Belén me producen horror y espanto”

El funcionario judicial se refirió así a los dos juicios emblemáticos por delitos de lesa humanidad que se sustanciaron (Caballero) y se siguen realizando (Margarita) en la provincia. “Probamos toda la cadena de impunidad con que se manejaban”, dijo.

“A mi me causa horror y me espanta todo este tipo de causas por el desprecio que tuvieron estos imputados ante la vida humana, hacia el prójimo”, se sinceró el fiscal Federal ad hoc, Carlos Amad en referencia a los juicios por delitos de lesa humanidad que se sustanciaron y que se siguen realizando en la provincia. Remarcó que lo sucedido durante el Terrorismo de Estado debe ser enseñado en las escuelas para que no vuelva a ocurrir.

“En la Causa Caballero y en Margarita Belén han desfilado más de 100 testigos en donde uno tiene que escuchar el relato descarnado de las mujeres, de los hombres y de menores de edad que cuando los tuvieron presos los trataban y torturaban igual que a un mayor. No tenían ningún tipo de contemplación”, destacó Amad en declaraciones a radio Libertad.

El fiscal compartió además las apreciaciones que hizo Jorge Auat, titular de la Unidad de Investigación de Derechos Humanos, al momento de hacer los alegatos donde el Ministerio Público pidió prisión perpetua para los nueve imputados. “Esto tiene que ver con el código Penal y la gravedad del hecho. No hay que olvidarse que esto fue una masacre de presos políticos, cuatro personas cuyos cuerpos no se encuentran”, explicó Amad.

“La última dictadura militar hizo cosas atroces”, remarcó el fiscal. “No sólo asesinó personas sino que también robó niños que aún hoy buscan las Abuelas de Plaza de Mayo. Nosotros en la Causa Caballero hemos podido probar todas la cadena de impunidad, de torturas a los detenidos políticos, las violaciones permanentes a las detenidas, lo allanamientos sin órdenes (judiciales). Todo esto implica que estos y los otros imputados tenían dominio de estas cosas. Entonces a veces las escalas penales del Código Penal se vuelven en un número”, sostuvo el funcionario judicial.

“Después de Margarita Belén en la sociedad del Chaco va a haber una bisagra para el futuro, para los niños”, consideró Amad al tiempo que reiteró la necesidad de que en los colegios se informe y eduque a las nuevas generaciones sobre lo que pasó durante los años más sangrientos de la historia reciente del país. “Esto hay que enseñarles a los chicos en las escuelas primarias y secundarias porque”, afirmó, “esto no puede volver a pasar en la Argentina”.

Se inician los alegatos en juicio oral por la causa "Margarita Belén"

2011-04-11T04:17:00.000-07:00

Será este miércoles, ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia. Es en el debate donde se juzga a nueve imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio, en perjuicio de 15 víctimas

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia dará inicio este miércoles a las audiencias de alegatos en el juicio oral por la causa conocida como “Margarita Belén”, en la que se investiga a nueve imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

Así, la jueza Gladys Mirtha Yunes, y los magistrados subrogantes Eduardo Ariel Belforte (del TOF de Formosa) y Ramón Luis González (de la Cámara Federal de Corrientes) comenzarán a escuchar ese día las exposiciones de las querellas, de la fiscalía y de las defensas.

En el debate se juzga a Gustavo Athos, Horacio Losito, Aldo Martínez Segón, Jorge Daniel Carnero Sabol, Ricardo Guillermo Reyes, Germán Emilio Riquelme, Ernesto Jorge Simoni, Luis Alberto Patetta y Alfredo Luis Chas.

A todos los acusados se les imputan los delitos de: homicidio agravado por alevosía y por el número de partícipes (Artículo 80 incisos 2 y 6 del Código Penal), en perjuicio de 11 víctimas); en concurso real entre sí y con el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo –desaparición forzada de personas.

Condenas de 25 y 15 años

2010-12-13T12:52:00.000-08:00

Lo dispuso el TOF de Resistencia, en uno de los dos debates que se realizan en esa provincia por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el útlimo gobierno militar. Otros dos fueron condenados a 15 años de prisión.

El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó este lunes a 25 años de prisión a 10 acusados por delitos de lesa humanidad, en el marco de uno de los juicios orales por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en la provincia de Chaco.

Se trata del debate que encabezan los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaro y Manuel Moreira, y en el que se investigan delitos de lesa humanidad en perjuicio de 26 víctimas.

En tanto, otros dos imputados recibieron una pena de 15 años de prisión.

Recibieron 25 años de prisión los ex policías Oscar Galarza, Francisco Álvarez, Rubén Roldán, Gabino Manader, José Rodríguez Valiente, Humberto Caballero, Ramón Meza, José Marín, y los ex militares Tadeo Luis Bettolli y Luis Patetta

En tanto, fueron condenados a 15 años de prisión los ex policías Enzo Breard y Ramón Gandola.

Asimismo, el tribunal dispuso que nueve de los imputados sean traslados y alojados a la Unidad del Servicio Penitenciario Federal correspondiente. En tanto, respecto del resto de los acusados, restan resolver cuestiones vinculadas a arrestos domiciliarios (Meza y Caballero) y excarcelación (Gandola).

Arrancan alegatos en juicio por delitos de lesa humanidad en Chaco

2010-11-22T23:22:00.000-08:00

Este martes, las querellas comenzarán sus exposiciones ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia. En el debate son juzgados 13 acusados por violaciones a los derechos humanos en perjuicio de 26 víctimas

El Tribunal Oral Federal de Resistencia dará inicio este martes a las audiencias de alegatos en juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en la provincia de Chaco.

Se trata de la causa "Caballero Humberto Lucio y otros s/ tormento agravado", donde se investigan crímenes cometidos en perjuicio de 26 víctimas.

En el debate son juzgados Gabino Manader, José María Rodríguez Valiente, Humberto Lucio Caballero, José Marín, Ramón Esteban Meza, Luis Alberto Patetta, Ramón Andrés Gandola, Enzo Breard, José Tadeo Luis Bettolli, Francisco Orlando Alvarez, Rubén Héctor Roldán, Oscar Alberto Galarza y Carlos Flores Leyes.

El tribunal está integrado por los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaro y Manuel Moreira.

Calendario audiencias : Causa Caballero y Causa masacre Margarita belén

2010-08-04T13:19:00.000-07:00

"Causa Caballero" contra ex represores

2010-08-04T09:44:00.000-07:00

Juicio oral y público a ex represores acusados de haber perpetrado crímenes de lesa humanidad en los años ‘70, un proceso de características históricas porque es el primero en su tipo dentro del Chaco. Los acusados son 12 ex policías y militares.

Afuera del salón donde se lleva adelante el primer juicio oral y público contra crímenes de lesa humanidad, se encuentran varias varias organizaciones vinculadas la mayoría con entidades defensoras de los derechos humanos.

En el marco de un gran operativo de seguridad, en la primer audiencia se constituyó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal que procedió a las lecturas de rigor sobre la causa Nº 1169/99 y las declaraciones de imputados y denunciantes. Se extenderá hasta las 13 para continuar mañana jueves.

El juicio revisará principalmente lo ocurrido en el ámbito de la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco, antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, con el que se inició la última dictadura militar.
La audiencia se iniciará a las 8, en un contexto de duras críticas a la cabeza del Poder Judicial del Chaco, ya que el Superior Tribunal de Justicia denegó un pedido del Tribunal Oral Federal para que el proceso se desarrolle en el salón de usos múltiples del STJ, mucho más apto para la tramitación del juicio que el recinto universitario en el que finalmente se hará.

El tribunal que conducirá el debate y que luego dictará el fallo correspondiente estará presidido por Victor Antonio Alonso e integrado además por Lucrecia Rojas de Badaró y Manuel Antonio Jesús Moreira.
Los acusados son doce: Gabino Manader, Lucio Humberto Caballero, José Francisco Rodríguez, Ramón Esteban Meza, José Marín (más conocido por su alias Cabo Sotelo), Enzo Breard, Ramón Andrés Gandola , José Tadeo Luis Bettolli, Luis Alberto Patetta (también acusado en la causa por la Masacre de Margarita Belén), Oscar Alberto Galarza, Rubén Hector Roldán y Francisco Orlando Alvarez.

Debían también ser juzgados pero murieron José María Cardozo, Alberto Horacio Valussi y el ex fiscal federal Carlos Eduardo Flores Leyes. Durante el proceso judicial también fallecieron otras figuras de la represión ilegal como Carlos Alcides Thomas (el temible jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco en los ’70), Wenceslao Ceniquel (jefe de la fuerza provincial en la misma etapa), Oscar Octavio Ayala y Carlos Silva Longui.

El juzgamiento es en relación a 27 víctimas, sobre un total de centenares que pasaron por los centros clandestinos de detención y desaparición forzada de personas. La segunda parte de la Causa Caballero, ha iniciado las audiencias en el mes de agosto, e involucrará a otros imputados. Allí estaría otro ex fiscal federal, Roberto Domingo Mazzoni.