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martes, 29 de noviembre de 2016

“Torturaban de modo tal que no se provocara la muerte de la víctima”

Así lo reveló Carlos Aranda, exdetenido político, quién junto a su hermano Julio fueron quienes abrieron la ronda de testimonios en el juicio oral y público por crímenes de Lesa Humanidad cometidos en la exBrigada de Investigaciones de Resistencia. Cuarto intermedio hasta el jueves 1 de diciembre.

Los acusados, mientras sus víctimas relataban el calvario padecido
A sala llena, este jueves comenzó la etapa de testimoniales en el día 13 de la causa Caballero II, por crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones durante la última dictadura cívico militar. En la audiencia de la fecha declararon los hermanos Carlos y Julio Aranda, dos ex detenidos políticos que ya participaron en juicios anteriores y con una destacada militancia en pos de la Memoria histórica y el reclamo de Justicia que brindaron cada un crudo relato de sus respectivas detenciones y cautiverio clandestino en los sótanos y calabozos de la Brigada de Investigaciones y también de la Jefatura de la Policía del Chaco. Como ya es moneda corriente en el juicio, la audiencia comenzó con un retraso de una hora según el horario estipulado con anterioridad (9 h.), y en razón de lo sustancioso de los testimonios, se extendió hasta pasadas las 14 h. La causa pasó a cuarto intermedio hasta el jueves 1° de diciembre, oportunidad en la que es probable que los imputados Gabino Manader y Luis Alberto Patetta presten declaración indagatoria. Luego continuará los días 16 y 22 de diciembre, y el 3, 9 y 10 de febrero. En este proceso figuran como imputados 12 represores del terrorismo de Estado, diez ex policías y dos militares retirados, por la imputación de tormento psíquico y físico agravado por la condición de detenido político de la víctima, privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas, y un caso de violación tomado como crimen de lesa humanidad.

Sobrevivientes

Con un relato conciso y prolijo, primero Julio y luego Carlos, los hermanos Aranda, contaron cómo fue su detención, y las torturas padecidas por ellos y otros detenidos, y lograron identificar a varios de los imputados: Luis Alberto Patetta, Gabino Manader, José Rodríguez Valiente, Ramón Meza, y Héctor Marín (alias cabo Sotelo, el “acordeonista”). Tenían 20 y 21 años cuando fueron detenidos el 3 de noviembre de 1976 a las 3 de la mañana, en su casa familiar en la ciudad de Corrientes, por un grupo de militares y policías, todos de civil, que irrumpieron “a las patadas, con un arsenal, liderados por Luis Alberto Patetta”. Julio, el menor,  se despertó “con un arma en la frente y mi hermano que era tomado de los pelos”. Fueron trasladados a la Jefatura de la Policía del Chaco, donde Julio estuvo por varias horas en un rincón; cada tanto le pegaban o gatillaban y lo obligaban a permanecer de pie. Carlos no la llevó mejor; lo ataron a los flejes de una cama metálica y le aplicaron picana eléctrica con saña. Allí fue puesto frente a los detenidos Raúl María Cairé y Reynald Zapata Soñez, para forzar un reconocimiento, pero ninguno cedió. También vió a Carlos Tereszecuk, muy castigado por la tortura, a quien le ordenaron que se bañara dado el estado casi terminal en el que lo dejaron los golpes y ultrajes recibidos. A ninguno de los hermanos les fue informado el motivo de la detención, y ambos estuvieron desaparecidos, porque pese a que sus familiares los buscaron por Corrientes y Resistencia, las autoridades les negaron cualquier información sobre su paradero.
 
Brigada de Investigaciones

Poco después de su arribo a la Jefatura los hermanos fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones, por separado. En uno de los calabozos del edificio se produjo el reencuentro de los hermanos, junto con una decena de otros detenidos políticos. Julio relató las torturas padecidas por él mismo – picana, golpes, hacinamiento, etc etc - y las sufridas allí por mismo y también por otros detenidos y detenidas; Roberto Grecca, Lucho Díaz, Carlos Tereszcecuk, Víctor Giménez “estuvo varios días colgado de unos ganchos, le pegaban en la espalda con unos alambres envueltos en papel”. “Cuando empezaba a sonar el acordeón, sabíamos que se venía la tortura” recordó. Contó que haber practicado taekwondo lo ayudó a soportar mejor los castigos, al saber cómo preparar el cuerpo ante la inminencia de un golpe: “Patetta sabía pegar, tocaba el estomago y veía cuando uno se ablandaba, y ahí metía el golpe… veíamos estrellitas”. No presenció violaciones, pero las escuchó, “recuerdo las burlas, las degradaciones a las detenidas. Resaltó la valentía de Gladys Borrini, embarazada de 7 meses, detenida en la Brigada; “no la tocaban porque era la hija del jefe de Policía de Formosa; ella les gritaba asesinos, torturadores, violadores”. A Carlos le tomaron declaración Rodríguez Valiente y Silva Longhi y le dijeron que firmara una nota en la que reconocía su pertenencía a la organización Montoneros. “Me negué, y ellos insistieron, y como yo no firmaba me llevaron a una pieza contigua y me dieron una fenomenal paliza, luego me dejaron en un sótano, para ablandarme, y al tiempo me llevaron nuevamente a firmar”. De su paso por la Brigada destacó “el trato inhumano y cruel, para la destrucción del individuo” y que “torturaban de modo tal que no se provocara la muerte de la víctima”, para lo cual tenían el asesoramiento del médico Héctor Grillo.

Patetta, el verdugo

Finalmente, Julio fue liberado un once de noviembre por la noche, con lo puesto, luego de estar casi un mes sin bañarse y desaparecido para su familia. Antes de “soltarlo” el jefe del Área Militar 233, coronel Jorge Larrateguy le advirtió que tendría un régimen de libertad vigilada y algo peor: “A tu hermano lo vamos a hacer boleta” le dijo. Lo primero lo cumplió: durante un año y medio el menor de los Aranda recibió las visitas periódicas de Patetta en el estudio de arquitectura que compartía con su hermano Carlos, en las que el militar lo amedrentaba, y buscaba bajarle el ánimo; “llegaba y dejaba un revolver sobre el tablero de dibujo, se sentaba en un sofá, y me decía “no vayas a visitar a tu hermano, lo tienen en los “chanchos” (celda de castigo en la U7), lo que podía ser cierto o no , era un hostigamiento constante por parte de él”. A Carlos la libertad le llegaría mucho después, en el 83. Su estadía en la Brigada, el objeto procesal del presente juicio, terminaría en los primeros días de diciembre, cuando junto con una veintena de detenidos fueron trasladados a la Alcaidía. Finalizó su testimonio con palabras de homenaje a Mario Bosch; “por su hombría de bien, y su desempeño en estos juicios, en los que tuvo un papel fundamental para que se haga justicia”.

 Mario Bosch, presente

Familiares, amigos y compañeros de militancia presenciaron el inicio de las testimoniales, con corbatas con el símbolo del Juicio y Castigo y las siluetas de la Masacre de Margarita Belén, como las que utilizaba Mario Bosch, a modo de homenaje para con el abogado de DDHH y querellante histórico en la causas de lesa humanidad en la región fallecido el 6 de noviembre. El abogado Manuel Brest, de la Secretaría de DDHH de la Nación en Corrientes, tomó el lugar en la querella que llevaba adelante Bosch. Ni bien inició la audiencia el presidente del tribunal Eduardo Belforte dejó a criterio de “los abogados defensores y de los imputados” el pedido realización de un minuto de silencio en homenaje al abogado Mario Bosch.

El magistrado manifestó que así lo dispuso en orden que no se viera afectado el principio de imparcialidad en el proceso. En representación del grupo de ex policías y militares encartados, tomó la palabra José Rodríguez Valiente, quien declinó la posibilidad del homenaje: “Creo que no es el ámbito adecuado un homenaje a una de las partes” adujo. El fiscal Diego Vigay solicitó decir unas palabras alusivas, pero los jueces, intransigentes, “mantuvieron el criterio”. La postura de los magistrados del TOF se apartó de lo resuelto por el tribunal federal de Formosa, del juicio Domatto, también por crímenes de lesa humanidad y en el que Mario Bosch llevaba adelante una querella. Allí se permitió un sencillo homenaje y luego el debate prosiguió sin mayores contratiempos.

Fuente: Prensa Comisión Provincial de la Memoria

miércoles, 29 de junio de 2016

Un ex juez y un ex fiscal acusados de partícipes en crímenes de lesa humanidad

Son Luis Córdoba y Roberto Mazzoni. Pidieron que sean juzgados como partícipes necesarios de crímenes de lesa humanidad.

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia solicitó juzgar al ex juez Luis Córdoba y al ex fiscal Roberto Mazzoni como partícipes necesarios en crímenes de lesa humanidad. Los fiscales Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Vigay acusaron a sus ex colegas de haber omitido investigar el secuestro y las torturas que sufrió una decena de presos políticos durante la última dictadura cívico militar pese a que tuvieron conocimiento de los hechos. De concretarse, será el primer juicio por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado que cuenta, en esa provincia, con ex funcionarios judiciales entre los acusados.

Los miembros de la unidad fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado solicitaron al Juzgado Federal 1 de Resistencia la elevación a juicio de la causa en la que están acusados Córdoba y Mazzoni, quienes fueron magistrados de la Justicia Federal y actuaron como tales durante la última dictadura. Fueron imputados por los delitos de “privación ilegítima de la libertad, tormentos e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la forma de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y encubrimiento, todos considerados crímenes de lesa humanidad”, informó ayer el Ministerio Público. Según los fiscales, Córdoba y Mazzoni cometieron tales delitos en contra de una decena de presos políticos confinados durante el último golpe de Estado a diferentes centros clandestinos, como el instalado en la Brigada de Investigaciones policial de Resistencia, el más grande del nordeste argentino.

Allí, postuló el dictamen fiscal, los ubican sobrevivientes del terrorismo de Estado visitando a los detenidos tanto en la Brigada de Investigaciones como en cárceles del Servicio Penitenciario, quienes les contaron de los tormentos sufridos sin que en ningún caso fueron investigados. Una detenida embarazada cuando la capturaron y que dio a luz en cautiverio relató los contactos que tuvo con Mazzoni y con Córdoba, quienes no ocultaban su cooperación con los represores ni atendían sus pedidos de asistencia para el recién nacido.

Las conductas que les reprocha la fiscalía derivan de “omitir deliberadamente” la investigación de esos hechos denunciados, delitos que cometieron las fuerzas represivas contra los prisioneros políticos, pese a que llegaron a su conocimiento. En su solicitud presentada ante el Juzgado Federal de la capital provincial, los fiscales señalaron que “el cumplimiento de los deberes de los funcionarios judiciales conferido a través del mandato constitucional de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos les era exigible (a los entonces magistrados) aún frente a la ocupación del poder por parte de las fuerzas armadas” y que “ante la sistematicidad y masividad de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el accionar represivo, se tornaba aún más ineludible la protección de la persona por parte del órgano destinado exclusivamente a garantizar la vigencia irrestricta de los derechos elementales y universales de los habitantes de la Nación”, subrayaron.

Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal también solicitaron juzgar a Pablo César Casco, ex jefe de guardia de la Unidad Penal 7 de Resistencia, por considerar que sometió allí a torturas a dos víctimas.

Si se realiza el juicio solicitado por la Unidad Fiscal, por primera vez en la capital chaqueña llegarán como acusados al debate oral y público ex funcionarios del Poder Judicial imputados por su participación en crímenes contra la humanidad. Mientras, continúa en la etapa de instrucción la investigación respecto del delito de asociación ilícita que la fiscalía le imputa a los ex magistrados, por el que la Cámara Federal les había dictado la falta de mérito.

domingo, 19 de junio de 2016

Chaco: Con la lectura de las acusaciones, se inició el cuarto juicio contra represores


Se trata del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Brigada de Investigaciones que se desarrolla desde este jueves en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal. Son once los acusados entre ex militares y ex policías y se prevé la declaración de más de 40 testigos. El TOF dispuso que el próximo 24 de junio se realiza la apertura formal del juicio.

Con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio por parte del Ministerio Público Fiscal y de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se iniciaron este jueves las audiencias del juicio oral y público donde se juzga a once ex militares y ex policías del Chaco por delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Brigada de Investigaciones de Resistencia. Los miembros del Tribunal Oral fijaron la fecha del próximo jueves 23 de junio para la apertura formal del juicio en la causa conocida como "Caballero II" o "Caballero Residual".

Los hechos que se juzgan tuvieron como víctimas al matrimonio de Sara Ayala y Pedro Morel, militantes de Ligas Agrarias de Goya (Corrientes); ambos desparecidos desde mediados de 1977, vistos por última vez con vida en ese Centro Clandestino, en deteriorado estado de salud. Se juzgarán también la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por Juan Carlos Goya (actual Secretario de Derechos Humanos del Chaco), Graciela de la Rosa y Emilio Eduardo Saliva (recientemente fallecido); de Carlos Erasmo Aguirre, Julio Aranda y Roberto Alcides Greca, estudiantes universitarios de la JUP de la Facultad de Arquitectura, secuestrados en noviembre 1976, y también de Mauricio Berger, un pequeño productor agropecuario militante de Ligas Agrarias de Chaco. En el marco del proceso, también se juzgará, por primera vez en la provincia del Chaco, un caso de abuso sexual considerado como delito de lesa humanidad

jueves, 3 de marzo de 2016

Casación confirmó condenas a asesinos de la Masacre de Margarita Belén

Lo resolvió la Sala II, en el marco de dos causas en donde se juzgaron a los responsables integrantes del Ejército y de la Policía de Chaco, que trasladaron y ejecutaron a las víctimas. También se hizo lugar al pedido de la Fiscalía y se anuló la absolución del expolicía Alfredo Luis Chas.

Los jueces Ángela E. Ledesma, Pedro R. David y Alejandro W. Slokar, integrantes de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, resolvieron este miércoles confirmar las condenas a la pena de prisión perpetua impuestas a Athos Gustavo Renés, Horacio Losito, Germán Emilio Riquelme, Jorge Daniel Carnero Sabol, Aldo Héctor Martínez Segón, Luis Alberto Patetta, Ricardo Guillermo Reyes y Ernesto Jorge Simoni, y aquella a veinticuatro años de prisión impuesta a Norberto Raúl Tozzo. Así también, por mayoría, se hizo lugar al recurso de la Fiscalía y se anuló la absolución dispuesta respecto de Alfredo Luis Chas, según informó hoy el Centro de Información Judicial.

En las sentencias se tuvo por acreditado que en la madrugada del 13 de diciembre de 1976, un grupo integrado por agentes del Ejército y de la Policía de la Provincia de Chaco llevaron a cabo un “falso traslado” de detenidos políticos desde una unidad penitenciaria de aquella provincia hacia Formosa. En el trascurso del trayecto, las víctimas fueron torturadas y luego fusiladas en inmediaciones a la localidad de Margarita Belén. El convoy estuvo integrado por una comisión del Ejército, a las órdenes de Renés, conformada por personal perteneciente al Regimiento de Infantería N° 9 de Corrientes, el Grupo de Artillería N° 7 y el Destacamento de Inteligencia Nº 124, ambos de Resistencia, quienes fueron custodiados por un móvil de la policía chaqueña.

De esta manera, se determinó que las actuaciones realizadas en aquella época en sede militar para “investigar” lo sucedido, tenían por objeto encubrir la responsabilidad en los hechos y simular un “enfrentamiento con integrantes una agrupación subversiva”.

A partir de ello, los imputados fueron condenados en orden a los delitos de homicidio agravado por alevosía y por el número de partícipes, en perjuicio de las víctimas Luis Ángel Barco, Mario Cuevas, Luis Alberto Díaz, Carlos Alberto Duarte, Luis Arturo Franzen, Manuel Parodi Ocampo, Néstor Carlos Salas, Patricio Blas Tierno, Carlos Alberto Zamudio, Ema Beatriz Cabral y Alcides Bosch; como así también por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo, cometido en perjuicio de Julio Andrés Pereyra, Fernando Gabriel Piérola, Roberto Horacio Yedro y Reynaldo Zapata Soñez, quienes aún permanecen desaparecidos.

Estos hechos formaron parte de los casos juzgados en el juicio a los ex comandantes en la causa Nº 13/84.

domingo, 10 de enero de 2016

Procesaron a exmilitar y a 5 expolicías por delitos de lesa humanidad contra miembros de Ligas Agrarias

Están acusados por los Homicidios de los dirigentes de Ligas Agrarias, Ñaro Gomes Estigarribia y Carlos Piccoli y por tormentos a tres pequeños productores rurales, todos perpetrados durante la última dictadura en el Chaco.

El represor, Josè Rodríguez Valiente, fue nuevamente procesado por delitos de lesa humanidad.
En la denominada Causa Ligas Agrarias, donde se investigan delitos de lesa humanidad perpetrados contra dirigentes de esa agrupación durante la última dictadura, el pasado 30 de diciembre, la jueza federal, Zunilda Nirenperger dictó una extensa resolución a través de la cual procesó con prisión preventiva a un exmilitar y cinco expolicías.

Se trata del exteniente Coronel, Tadeo Betolli y el agente Miguel Antonio González por el homicidio agravado de Ñaro Gomez Estigarribia y de los agentes policiales Carlos Chavez y Alcides Safenraiter por el homicidio de Carlos Piccoli.  En los mismos casos ordeno procesar al Oficial Principal José Francisco Rodriguez Valiente por el delito de encubrimiento de ambos homicidios.

En la misma resolución se ordenó también el procesamiento del Comisario General Eduardo Wischnivetzky por la privación ilegal de la libertad y tormentos de tres trabajadores rurales y la falta de mérito por un caso de violación.

Según la versión oficial, tanto Raúl Eduardo Gomes Estigarrribia como Carlos Piccoli habían fallecido en sendos enfrentamientos con fuerzas de seguridad, según los sumarios policiales incorporados luego a un expediente de la justicia federal de la época. La investigación y la conclusión de resolución de la Jueza Nirenperger en ambos casos los dirigentes de las ligas agrarias habrían sido ejecutados.

En el caso del dirigente  rural y docente, Raúl Eduardo Gomes Estigarribia, el mismo era intensamente buscado por las Fuerzas Armadas por su militancia en las Ligas Agrarias y el 12 de febrero de 1977 había organizado una reunión en un domicilio de la localidad de Corzuela.

De ese encuentro tomo conocimiento el Oficial de Inteligencia  del Ejército Bettolli quien se encontraba operando en la zona  en la persecución a las Ligas Agrarias y  este monta un operativo para tenderle una emboscada.

Gómes Estigarribia fue trasportado en un vehículo por un testigo que asegura que estaba desarmado, ya que habían viajado por la ruta y debían sortear los controles policiales sin correr riesgos.

La fuerzas conjuntas de ejército y policía del chaco, como parte de la emboscada habían dejado la luz prendida del exterior de la casa y se aseguraron  que Gomes Estigarribia no pudiera ingresar a la misma , quedando así totalmente expuesto.

Fue atacado ni bien llego al lugar, con disparos de arma de fuego de todos los integrantes de la  comisión, provocándole según la autopsia policial, al menos tres heridas en tórax, en la pierna izquierda y en una mano.

Que además se entregó a los familiares un certificado de defunción del Registro Civil donde se certifica falsamente como motivo de la muerte de Gomes Estigarribia un Accidente en la ciudad de Resistencia, el que incluso esta adjuntado al Expediente Judicial.

Por su parte en cuanto al dirigente campesino Carlos Servando Piccoli por su activa participación como dirigente y referente de las Ligas Agrarias del Chaco, se encontraba también siendo buscado profusamente  por las fuerzas Armadas desde el año 1975.
 
Es por esa razón que debió exiliarse del país en España y regresa a la provincia del Chaco en el año 1979, volviendo a la actividad de militancia junto a Armando Molina (actualmente desaparecido) en la reconstrucción de las Ligas Agrarias que consistía en la visita y el dialogo con pequeños productores y la entrega de volantes, promoviendo el regreso de la democracia, siempre en la clandestinidad en resguardo de su vida. Que existen testimonios de campesinos que  da cuenta de la presencia en la zona de Piccoli y Molina lo que puso  en aviso a las fuerzas de seguridad.

 En ese marco Piccoli durante las primeras horas del  22 de abril del año 1979 , se trasladaba en bicicleta por un camino vecinal del paraje Pampa Florida de la zona rural de la ciudad de Sáenz Peña ,  cuando es sorprendido por un retén policial, constituido por dos agentes  armados con un fusil F.A.L y con una pistola ametralladora P.A.M. 3  y es asesinado en el lugar. 

Chaco Día por Día

lunes, 2 de noviembre de 2015

Capitanich premió al comisario responsable de reprimir y matar a Ángel Verón

La viuda del dirigente social del Chaco le pidió públicamente al gobernador kirchnerista que le “explique cómo puede asumir de Jefe de Policía el que ordenó la muerte” de su esposo.
 
Daniel Satur@saturnetroc
Foto: Jorge Capitanich junto a los comisarios Gustavo Peña y Ariel Acuña (Diario Chaco)


María Fernández, la compañera del dirigente del MTD “No al desalojo”, ayer dio detalles de la causa en la que se investigan los hechos que derivaron en la muerte de Verón, el 19 de octubre, tras casi un mes de agonía.

En declaraciones a Diario Chaco, Fernández contó sobre la reunión que mantuvo el jueves con el Fiscal de Derechos Humanos, Daniel Turraca. La mujer y el abogado de la familia, Marcelino Leiva, se reunieron con el funcionario judicial con el fin de interiorizarse sobre el informe preliminar de la autopsia que el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Chaco realizó sobre el cuerpo de Verón.

“El fiscal nos confirmó que (Ángel) falleció a causa de los golpes, pero debemos esperar otro informe”, explicó María. Y al ser consultada sobre el nombramiento del comisario Ariel Acuña como Jefe de la Policía chaqueña, la mujer afrirmó que la decisión la puso “re mal”, ya que ese uniformado “fue el que dio la orden para que repriman”.

“Es muy doloroso ver cómo se burlan de nosotros, no se puede creer lo que hacen. Estamos acá en casa con mis diez hijos llorando a mi marido muerto y tratando de sobrellevar esto. Más que impotencia tengo bronca por todo lo que pasa, es muy injusto lo que están haciendo”, agregó la viuda de Verón. Ella y sus compañeros del MTD están convencidos de que en la represión del 24 de septiembre los policías marcaron a su marido “y lo cazaron como a un animal”.

De hecho Rogelio Verón, quien también fue detenido aquella jornada, dijo el día del entierro que a su hermano “lo mató la policía, lo reventaron. A él lo detuvieron a dos metros mío, le pusieron la rodilla en la espalda cuando lo esposaban. Le aplastaban la cara contra el piso. Y después, cuando lo subían al patrullero, le pegaban pinas en el costado”.
“Acuña dio la orden”

El miércoles, al conocerse los resultados preliminares de la autopsia sobre el cadáver de Verón, tres altos funcionarios de Capitanich presentaron su renuncia. En reemplazo del comisario general Gustavo Peña, el gobernador nombró como Jefe de la Policía del Chaco al comisario general Ariel Alejandro Acuña, quien hasta entonces era el segundo en el escalafón de la fuerza.

Pero lejos de ser ajeno a los hechos que motivaron la renuncia de Peña, Acuña está íntimamente ligado a ellos. “Él tuvo una participación directa para disponer el inicio y la ejecución del procedimiento represivo”, dijo Chaco Día por Día Rolando Nuñez, abogado y referente del Centro Mandela de Derechos Humanos.

Núñez, quien tuvo acceso al expediente de la causa, detalló cómo el comisario es indicado por sus propios subordinados como responsable de dar las órdenes. “A las 19:09 del día 24 de septiembre, el comisario que estaba en el lugar del procedimiento, a quién correspondía comunicarse con las jerarquías superiores, habló por teléfono con el comisario general Ariel Acuña, quién le contestó ’que no hay mediador’. El subjefe Ariel Acuña, en comunicación con el mayor Sosa le ’informó que se proceda con personal de Bomberos a liberar la ruta’. Otro comisario, también de apellido Acuña, ’procedió informar al señor Ángel Verón que libere la ruta o se precederá a liberar’. Así, literalmente extraída del acta de constatación, surge que el jefe de policía designado ordenó la acción de desalojo y el uso de las fuerzas públicas, que terminó en detenciones, en represión, castigos y posterior muerte de Ángel Verón. Y la orden fue dada aún sabiendo el subjefe de policía que no se contaba con la indispensable orden judicial que autorizara o avalara el procedimiento dado que la justicia penal chaqueña y el juzgado federal de Resistencia no emitieron orden alguna”.
Así, para el referente del Centro Mandela “Ariel Acuña no debiera asumir como jefe de policía porque también debe ser investigado”.
El poder que mata

Mientras Capitanich sigue intentando timonear su gestión en medio de la crisis política desatada tras la muerte de Ángel Verón, los hechos se empecinan en demostrar que el régimen que él conduce huele a podrido. Es que como manifestó el abogado Marcelino Leiva a La Izquierda Diario, en el Chacho “hay una política donde a los que reclaman y no son adictos a Capitanich los reprimen salvajemente. El de Ángel Verón es un movimiento muy pequeño, de unas 40 personas. Y hubo una orden de dar un escarmiento para evitar los reclamos. La policía de Capitanich tiene una autonomía bastante grande y puede reprimir sin problemas. Acá hay una historia de represión muy grande. Verón es el cuarto dirigente social muerto en los ocho años de gobierno de Capitanich”.

En este marco, la bronca e indignación de María Fernández se explican claramante. Ella no sólo denuncia al gobierno kirchnerista sino a quienes actúan de cómplices con la impunidad. Como la directora del Hospital Perrando. “Inventaron que él se lastimó sólo, después que se cayó en un pozo y es todo mentira. Se están ocultando muchas cosas. Desde el Hospital Perrando también hicieron daño porque falsearon todo y dijeron que la muerte de Verón fue por enfermedad”. Por si fuera poco, cuando murió su marido no le querían entregar el cuerpo. “Ellos sabrán por qué hicieron eso, el papel que me dieron por defunción dicen que fue por enfermedad y eso no es verdad”, sentenció.

Los esfuerzos del gobernador por dejar impune este asesinato parecen chocar contra la prepotencia de los hechos y de la lucha de los familiares y compañeros de Verón. Una prepotencia desagradable para quien volvió hace poco a su provincia, buscando quizás un poco de “tranquilidad” tras su agitado paso, nada menos, que por la jefatura de Gabinete de Cristina Fernández.

viernes, 30 de octubre de 2015

Confirman imputación por violación contra un represor en el Chaco

Se trata del caso del exsargento de la Policía del Chaco, Gabino Manader, a quién se le imputa como delito de lesa humanidad haber violado a una detenida política durante su cautiverio en la exBrigada de Investigaciones de Resistencia. El represor ya fue condenado en el primer tramo de la causa conocida como “Caballero”.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia desestimó un recurso de apelación de la defensa del represor Gabino Manader y confirmó la ampliación de su procesamiento por el delito de violación contra una exdetenida política durante la última dictadura cívico militar en la provincia del Chaco. Se trata del segundo caso que avanza en la justicia federal chaqueña que considera como delitos de lesa humanidad a las violaciones cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad contra detenidas políticas durante el Terrorismo de Estado.

La resolución, que difunde hoy CHACO DIA POR DIA, fue dictada el pasado 11 de septiembre, y lleva la firma de los camaristas José Luis Aguilar, Ana Victoria Order y Simón Getzel. En la misma, se confirma el procesamiento contra el exsargento de la Policía del Chaco dictado el 3 de junio pasado por el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky. Además de la ampliación del procesamiento por el delito de "violación" se le suman los de "tormento agravado -psíquico y fìsico-" y de "privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia". Manader ya fue condenado a 25 años de prisión por su participación en tormentos agravados durante la última dictadura.

La clave: el testimonio de la víctima y de los testigos

La víctima -sobre quién decidimos preservar su identidad- fue detenida el 29 de abril de 1976 por una patota de civiles de la exBrigada de Investigaciones que era comandada por Gabino Manader. Fue en plena vía pública, en la esquina de avenida Belgrano y Tucumán (hoy Juan Domingo Perón) de la ciudad de Resistencia. Pero la mujer no se encontraba sola, estaba con su bebé de apenas ocho meses de edad. Ambos fueron capturados y traslados a la exBrigada de Investigaciones donde fue sometida a reiteradas torturas y violaciones, incluso frente a su pequeño hijo. Los hechos por los cuáles se pretende que Manader sea juzgado se sucedieron hasta el es de noviembre de 1976.

La denuncia y el declaración de la víctima y de también de varios testigos son los principales elementos en los que se basa la resolución de la Cámara de Apelaciones para confirmar la imputación por violación contra el exsargento de la policía del Chaco.

La violación como delito de lesa humanidad

El caso por el que se acusa de violación a Manader no es el primero que se tramita en la justicia federal del Chaco encuadrado en delitos de lesa humanidad e impulsado por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia. Actualmente, una causa ya se encuentra a instancias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia para que fije fecha del juicio oral y público. Será la primera vez que en el Chaco se juzgará a una violación como delito de lesa humanidad. También fue cometida en el Centro Clandestino de Detención de la exBrigada de Investigaciones del Chaco. En este caso, el único imputado es otro expolicía provincial, Albino Luis Borda.

Otros dos casos por violaciones se encuentran incorporados en la causa conocida como "Ligas Agrarias": una habría sido cometida en la Comisaría y la otra en la casa de una de las víctimas en la localidad de Villa Berthet, ubicada a casi 200 kilómetros de la ciudad de Resistencia.

El quinto caso vinculado con delitos de lesa humanidad se imputa a un represor por el delito de aborto por la pérdida de un embarazo de tres meses de una detenida política a causa de las torturas recibidas en la comisaría de la ciudad de San Bernardo.

¿Qué sucede en el país?

En noviembre de 2012, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, instruyó a los fiscales para que investiguen los casos de abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Hasta ese año sólo se había producido una sola condena por esos delitos. Posteriormente, se aprobó la "Guía de actuación para los Ministerios Públicos del Mercosur y países asociados -Venezuela, Ecuador y Chile-" por impulso de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal. A partir de ese momento se sucedieron un total de once sentencias por estos delitos sexuales, que fueron dictaras en la ciudad santafesina de Reconquista, Tucumán y Santiago del Estero, ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata, entre otras.

Basta de retrasos en el juzgamiento a los cómplices judiciales del terrorismo de Estado

Denuncian resistencias para juzgar a cómplices judiciales de la dictadura en el Chaco

27/10/2015 Organismos de derechos humanos del Chaco difundieron este martes un comunicado donde manifiestan su preocupación por la “resistencia judicial” para avanzar en el juzgamiento de los funcionarios judiciales cómplices del Terrorismo de Estado como el exjuez Angel Córdoba y del exfiscal federal Roberto Mazzoni

BASTA DE RETRASOS EN EL JUZGAMIENTO A LOS CÓMPLICES JUDICIALES DEL TERRORISMO DE ESTADO


Los organismos de DDHH y adherentes abajo firmantes queremos manifestar por la presente nuestra profunda preocupación ante la resistencia judicial de determinados magistrados del Poder Judicial Federal del Chaco en el juzgamiento de la complicidad y connivencia con el terrorismo de estado en el Chaco del Juez Federal Ángel Córdoba y del Fiscal Federal Roberto Mazzoni.

Ambos funcionarios judiciales se encuentran imputados, detenidos y procesados por delitos de lesa humanidad contra una decena de detenidos políticos alojados en el Centro Clandestino de la Brigada de Investigaciones y en la U7 y por el delito de Asociación Ilícita.
La detención e Indagatorias de Cordoba y Mazzoni se produjo hace ya tres años y medio y el auto de elevación a Juicio en dicha causa fue dictado por el Juez Federal Skidelsky hace ya más de un año; dicho juicio oral fue obstruido por claras maniobras dilatorias por parte de las defensas que lamentablemente encontraron acogida en la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

Así las cosas, se estaría estableciendo así un doble estándar probatorio, uno para los policías del Chaco y del Ejercito y otro más exigente para los funcionarios judiciales.
por delitos de Lesa Humanidad en el Chaco".

HIJOS CHACO
ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS POLÍTICOS
Abogados querellantes en causas de lesa humanidad
CPM CHACO
SECRETARÍA DE DDHH CHACO
COLECTIVO NACIONAL

miércoles, 13 de mayo de 2015

La justicia retomó la investigación sobre la represión a las Ligas Agrarias


Integrada por 20 mil familias, fue una de las organizaciones rurales más activas de los años '70 contra la agroindustria y el liberalismo

En 15 días concluirán los peritajes sobre los restos de Raúl Gómez Estigarribia y Carlos Piccoli, integrantes de ese colectivo. La dictadura arguyó que murieron en enfrentamientos, pero la justicia presume que fueron asesinados.

Gerardo Aranguren
La justicia retomó la investigación sobre la represión a las Ligas Agrarias

"Buscados" - Panfleto de la dictadurapara capturar militantes agrarios. A la derecha, Piccoli (arriba) y Gómez Estigarribia.

Las Ligas Agrarias fueron una de las organizaciones campesinas más importantes en el noreste argentino en la década del '70. Su poder de organización y movilización y su lucha contra los actores concentrados de la agrondustria la convirtieron en un enemigo a combatir por la Triple A primero y por la dictadura cívico- militar después, en beneficio de los los latifundistas, los oligopolios y multinacionales del sector.

Con la exhumación de los cuerpos de dos dirigentes campesinos, la justicia retomó en estos días la investigación de la brutal persecución y represión al movimiento liguista en la provincia de Chaco. Entre el lunes y el miércoles de la semana pasada, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) extrajo los cuerpos de Raúl Gómez Estigarribia y Carlos Piccoli. Fue parte de la investigación que busca determinar las causas de su muerte. Ambos fueron asesinados en supuestos enfrentamientos armados, según la versión oficial de ese momento, pero los fiscales Diego Vigay y Carlos Amad sostienen la hipótesis de que fueron víctimas de la represión desatada contra las Ligas Agrarias del Chaco.

Dentro de dos semanas ya estarán los primeros resultados sobre los cuerpos, en los que se buscarán rastros de las heridas de armas de fuego, fracturas o la presencia de proyectiles para intentar determinar las causas de la muertes de ambos militantes.
En el caso de Piccoli, dirigente de los Centros Juveniles Agrarios, se sabe que fue asesinado por la policía provincial en un retén en 1979. Sin embargo, la justicia intentará dilucidar si en realidad fue víctima de una emboscada, como sostiene su familia. 

Piccoli era buscado por las Fuerzas Armadas desde 1975, a pesar de eso había logrado salir del país, tras pasar varios meses en el monte. Se exilió en España y regresó en 1979 en el marco de la Contraofensiva de Montoneros. Fue sorprendido por la policía cuando iba en bicicleta en un camino vecinal en la zona rural de Sáenz Peña, y asesinado.

En cuanto a Gómez Estigarribia, maestro y dirigente rural, la pericia buscará probar que se trató de un asesinato y no de un accidente, como señaló el certificado de defunción que emitió la justicia de la época.
Según pudo reconstruir la fiscalía, el 12 de febrero de 1977 Gómez Estibarribia había organizado una reunión  en un domicilio de la localidad de Corzuela. Allí fue atacado por cinco efectivos policiales ni bien llegó. Como causa de muerte figura "accidente" a pesar de las heridas de bala por todo su cuerpo.
LAS LIGAS AGRARIAS. Los asesinatos de Piccoli y Gómez Estigarribia se produjeron en un contexto de persecución sistemática de los movimientos campesinos, de los que las Ligas Agrarias fueron uno de los más importantes: llegó a agrupar más de 20 mil familias en las provincias del noreste del país.
Esta organización surgió a fines de los '60, durante una crisis del sector agrícola, con aumento en el precio de los insumos y el descenso en el de las cosechas. "Miles de familias campesinas del interior de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y del norte de Santa Fe debieron abandonar sus tierras o entregarlas como pago de deudas, para escapar al hambre y la miseria", explicó en detalle un informe lanzado hace unos años  por el Registro Único de la Verdad de Chaco e HIJOS de Chaco.

En ese marco de crisis económica, pequeños y medianos productores comenzaron a organizarse, influidos por las ideas de la Teología de la Liberación y el cooperativismo. Las primeras en conformarse fueron las Ligas Agrarias Chaqueñas (LACh), nacida como una alianza entre los productores de la Unión de Cooperativas Algodoneras y jóvenes del Movimiento Rural de la Acción Católica Argentina.

La asamblea fundacional fue a fines de 1970, cuando se realizó el Primer Cabildo Abierto en la localidad algodonera Roque Sáenz Peña, ubicada a 170 kilómetros de la capital provincial, Resistencia. Se reunieron unos 5000 productores bajo el lema "Grita lo que sientes". En 1972 ya lograron movilizar a Resistencia 10 mil productores del Chaco y del norte de Santa Fe en reclamo de mejoras en el precio del algodón y políticas de Estado para el sector campesino.
"Cuando finalizó la dictadura de Onganía (1970), había una efervescencia de los movimientos populares y sindicatos obreros. Las primeras movilizaciones importantes surgieron antes de la conformación de las Ligas con las movilizaciones del obispo Ítalo Distefano y la juventud agraria, que tenía dos vertientes principales, la Acción Católica con un desarrollo importante en pequeños productores, y los sectores juveniles de cooperativas agrarias. Estas dos corrientes generaron las primeras marchas de resistencia y llegaron a constituir las Ligas", resumió en diálogo con Tiempo Osvaldo Lovey, secretario general de las Ligas entre 1970 y 1975. 

LA REPRESIÓN. Un año antes del golpe de Estado comenzó la represión contra el movimiento rural, luego de una huelga de 35 días que forzó un aumento en el precio del girasol. Fue el propio Lovey el primero en ser detenido y torturado junto a su esposa y otros dirigentes de las Ligas en abril de 1975. 

"La represión apuntó a desarticular el poder de movilización y protesta que adquirieron estos movimientos. No tenía vinculación con ninguna acción armada porque no se generaron acciones armadas en el ámbito de las luchas campesinas, la cosa apuntó a desarticular, aniquilar su dirigencia e instaurar un modelo económico de concentración", analizó Lovey.
Producto de esa persecución, los campesinos fueron expulsados del campo y las cooperativas destruidas. "Hubo un despojo alevoso, en 1978 se embargaron 3000 tractores, y después se embargaron los campos. Se concentró el poder económico e incrementó del éxodo rural", agregó el dirigente.

Al momento del golpe, los dirigentes más visibles ya habían pasado a la clandestinidad y se habían instalado en el monte, entre ellos estaban Lovey, Remo Vénica y su esposa Irmina Kleiner, Carlos Orianski y Carlos Piccoli, entre otros. 

En ese momento, la represión se profundizó. El Ejército ocupó las áreas rurales de Chaco en lo que llamó Operativo Toba II, un centenar de campesinos fueron detenidos y forzó la huida de la dirección de las Ligas. En varios comunicados, firmados por el General de Brigada Cristino Nicolaides, se difundían las fotos de los dirigentes liguistas para su captura por considerarlos "componentes de la organización subversiva declarada ilegal", es decir Montoneros.
Orianski, asesor de las Ligas, quien había llegado a trabajar con el ministro de Economía José Ber Gelbard, fue capturado en octubre de 1976 por el Ejército y llevado en un helicóptero con destino desconocido. 

El resto pasó varios años en el monte, ayudados por  hacheros y campesino de Chaco. Un grupo llegó a recorrer 200 kilómetros a pie para refugiarse en el norte de Santa Fe. La mayoría logró salir del país antes del Mundial de Fútbol. Tras un breve exilio, algunos decidieron volver en el marco de la Contraofensiva y fueron capturados tal fue el caso de Piccoli, Armando Molina, Hugo Voccouber y Luis Fleitas, quienes permanecen desaparecidos. 

martes, 25 de noviembre de 2014

La represión a las Ligas Agrarias

Indagación judicial e histórica sobre los crímenes de lesa humanidad en Chaco

La Unidad Fiscal de crímenes de lesa humanidad de Chaco investiga el asesinato y la desaparición de seis dirigentes del movimiento de pequeños campesinos en el que también participaban miembros de organizaciones armadas y religiosos.

Las Ligas Agrarias llegaron a nuclear a más de 20 mil familias en el nordeste argentino. Fue uno de los movimientos sociales más importantes, una herramienta de organización entre pequeños y medianos agricultores que en los años ’60 enfrentaba la lógica de los monopolios, comercializadores y latifundios. A partir de 1975, sufrieron persecuciones que se incrementaron con el golpe de 1976. La Unidad Fiscal que se ocupa de los crímenes de lesa humanidad de Chaco investiga el asesinato y desaparición de seis de sus dirigentes y militantes y a la vez intenta un camino documental para reconstruir en términos históricos la represión sobre la organización. La semana pasada, el RUV (Registro Unico de la Verdad), HIJOS de Chaco y la Comisión Provincial por la Memoria entregaron documentación a víctimas y sus familias.

“Entendemos que la reparación –dice el fiscal Diego Vigay–, además del juzgamiento de los responsables, debe contener la recuperación de la memoria histórica, con una especial participación de los familiares de las víctimas, a quienes tantas veces se les negó la información sobre el paradero de sus seres queridos, y quienes en distintas circunstancias fueran vilipendiados por ser familiares y en muchos casos incluso siguen buscando a sus seres queridos en la actualidad.”

Las Ligas Agrarias nuclearon uno de los nudos de la represión en el norte argentino. En el movimiento confluyeron dirigentes y militantes de bases campesinas, pero también integrantes de distintas organizaciones armadas y movimientos de curas y de monjas comprometidos con la opción por los pobres. Entre ellos estuvo Alice Domon, la monja francesa que trabajó en el pueblo correntino de Perugorría y años después fue asesinada en la Escuela de Mecánica de la Armada.

“El primer cabildo abierto del agro chaqueño se realizó el 14 de noviembre de 1970 en Roque Sáenz Peña, zona algodonera por excelencia”, señala un informe de la fiscalía. “Bajo el lema ‘Grita lo que sientes’, cinco mil productores se reunieron para discutir sus reivindicaciones y la necesidad de una organización; a medida que las ligas aumentaron su convocatoria, se promovieron protestas masivas y huelgas rurales, y entre ellos empezó a gestarse un discurso antimonopólico y antiimperialista”.

Una de las movilizaciones más importantes de esa evolución fue la del 31 de enero de 1972: unos diez mil productores de Chaco y de Santa Fe se desplazaron sobre Resistencia.

“Luego del 24 de marzo de 1976 el movimiento liguista fue cruentamente reprimido por el terrorismo de Estado”, explica un informe de la fiscalía. “Tanto sus principales dirigentes como las bases fueron perseguidos, muchos asesinados y desaparecidos en un contexto en el que la dictadura iba a restablecer los privilegios de monopolios y latifundios.”

A lo largo de este año, la fiscalía reconstruyó parte de esa historia de represión. Con el RUV e HIJOS tomó fuentes testimoniales de sobrevivientes y de familiares de los desaparecidos y también documentación oficial de los expedientes de la Ley 20.840. Con esa información, se organizó la base de la causa. En el expediente se investigan tres homicidios: el de Juan Sokol, producido durante la tortura en la alcaldía de Sáenz Peña, y los de Raúl Eduardo Gómez Estigarribia y Carlos Píccoli, que fueron asesinados y luego se encubrieron los crímenes con la figura del enfrentamiento. También investigan las desapariciones forzadas de Carlos Héctor Orianski, Secundino Taco Vallejos y Armando Molinas. En el expediente se abrieron y derivaron a Buenos Aires las averiguaciones por los secuestros de dos integrantes de Montoneros retornados durante la Contraofensiva de 1980: Hugo Vocouber y Luis Fleitas.

Uno de los datos que surgió en la investigación es que, si bien no puede determinarse cuándo comenzó la persecución contra las Ligas Agrarias, puede advertirse que a partir de los últimos meses de 1975 hubo un incremento de la represión. Existieron “arrestos masivos” y “torturas contra los detenidos”. Uno de los casos emblemáticos de esa época es la detención de Osvaldo Lovey, ocurrida en abril de 1975. Lovey en ese momento era subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la provincia. A partir de marzo de 1976, los niveles de represión aumentaron. Hubo dirigentes que tuvieron que esconderse en el monte. Entre ellos, se mencionan los caso de Oscar Mato, Carlos Píccoli, Carlos Orianski, Armando Molinas, Remo Vernika e Irmina Kleiner. La persecución se extendió durante años: Píccoli fue asesinado en 1979 cuando había regresado al país y a la provincia.

“El fin del operativo era eliminar este foco de resistencia y militancia rural que en esa época luchaba por un mejor precio del algodón –dice el informe de la fiscalía–, también pretendieron establecer reformas que aún no se pudieron establecer. La lucha agraria le costó mucha sangre a esta organización que fue diezmada en poco tiempo.”

El homenaje

La Asociación Civil de Derechos Humanos Memoria y Justicia Social, de Sáenz Peña, y la Comisión Provincial por la Memoria de Chaco realizaron un homenaje a los militantes de las Ligas Agrarias y allí entregaron la documentación recopilada sobre este movimiento a los familiares de las víctimas. Los organizadores señalaron: “Queremos activar la memoria y mantenerla viva, porque estamos convencidos de que conociendo la historia se ilumina el presente y se genera el futuro en la vida de los pueblos. Reconocemos que las Ligas Agrarias hicieron verdadera cultura luchando por la libertad de los pueblos desde el trabajo de la tierra, la educación de sus hijos y el compromiso hasta entregar la vida en busca de justicia”. Entre los papeles a los que accedieron los familiares había recortes periodísticos de la época y copias de la revista El Campesino, que fue el órgano oficial del movimiento así como documentación vinculada con la búsqueda de los desaparecidos.

miércoles, 12 de noviembre de 2014

Identifican restos del “Bocha” Pereyra, asesinado en la Masacre de Margarita Belén

Estaba enterrado como NN en Empedrado:

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos del militante formoseño Julio Andrés "Bocha" Pereyra, asesinado en la Masacre de Margarita Belén. Habría sido tirado al río, de donde lugareños lo sacaron para enterrarlo en el cementerio de Empedrado Corrientes.

Bocha fue enterrado luego de que lugareños encontraran su cuerpo en la orilla del río.

Según los archivos del Registro Único por la Verdad (RUV) de la CPM CHACO, Julio Pereyra nació en Formosa el 20 de mayo de 1950, en el seno de una familia peronista. Fue asesinado en la Masacre de Margarita Belén a los 26 años. En 1968 viajó a Resistencia a estudiar Ingeniería Civil en la UNNE. Comenzó a militar políticamente primero con el Integralismo y luego con la Juventud Universitaria Peronista. Fue un dirigente universitario muy conocido en Resistencia.

La militancia

Su vida se repartía entre la carrera universitaria, enseñar en una escuela de Lapachito, alfabetizar chicos y adultos en los barrios de Resistencia y en áreas rurales del Chaco y la militancia en la universidad. Permanentemente volvía a Formosa para ver a la familia, a los amigos, y para la campaña electoral, respondiendo a la Juventud Peronista. Durante la campaña del 73 dio un discurso del que se recuerdan estas palabras: “A los compañeros candidatos le hacemos una advertencia: acá está la plataforma, acá está el plan de gobierno. Sepan que FAR, FAP y Montoneros van a pedir cuentas de que este programa se cumpla...”.

El secuestro

El 2 de septiembre de 1976 fue detenido en su casa de Formosa por miembros de Coordinación Federal con el objeto de “hacerle algunas preguntas”; era la noche anterior a su casamiento y Julio se estaba probando el traje azul que iba a vestir ese día. Relatan que tuvo que empujar el automóvil en que iba a ser trasladado porque no arrancaba. Tres días después fue detenido su tío Ramón Luciano Díaz, peronista y director de Administración de la Policía de Formosa (hasta hoy también desaparecido), muy amigo y compañero de largas charlas, cuya detención y desaparición están vinculadas con el Bocha.

La Masacre

Tras su secuestro, el Bocha permaneció detenido en el Regimiento de Infantería de Monte 29, de Formosa. Posteriormente fue trasladado a la Brigada de Investigaciones de Resistencia. Allí lo tenían atado de pies y manos. Luego fue alojado en la Alcaidía.

La información de la muerte de Julio en la Masacre de Margarita Belén proviene de otros compañeros detenidos en la Alcaidía que lo reconocieron, ya que él era un dirigente universitario muy conocido en Resistencia. El 1 de enero de 1977 su familia recibió una comunicación oficial firmada por el jefe del Grupo de Artillería Nº 7 de Resistencia, en la que se informaba que Julio se había fugado durante los sucesos de Margarita Belén.

miércoles, 11 de junio de 2014

La persecución a las Ligas Agrarias durante la dictadura

Llegó a tener incidencia en el 60 por ciento del mercado algodonero

“La dimensión descomunal que tuvo la represión sobre las Ligas Agrarias se corresponde al interés económico en juego”, analizó ante Infojus Noticias el fiscal Diego Vigay. Días atrás reconstruyó los últimos días de dos dirigentes desaparecidos, Hugo Vocouber y Luis Fleitas.

Por: Pablo Waisberg


A Carlos Orianski lo atraparon en el monte y lo subieron a un helicóptero. Nunca más lo vieron. Al día siguiente mataron a Juan Sokol, se les quedó en la mesa de tortura. El Ejército los había rodeado, con más de cien hombres, pero se les escaparon varias presas. Cuatro años después emboscaron a dos de esos fugados en el aeropuerto de Mendoza: Hugo Vocouber y Luis Fleitas. Habían vuelto para participar de la contraofensiva montonera, en 1980. Todos ellos eran dirigentes de las Ligas Agrarias del Chaco, la organización económica y política que aglutinó a pequeños y medianos productores, contó con el respaldo de un sector de la Iglesia y llegó a poner en cuestión el modo de producción rural: tenía incidencia en el 60 por ciento del mercado algodonero argentino y disputaba terreno con Bunge y Born.

“La dimensión descomunal que tuvo la represión sobre las Ligas Agrarias  se corresponde  al interés económico en juego. Las Ligas habían desarrollado un nivel de organización en cuanto a lo gremial y político pero fundamentalmente en lo que hacía a la producción, el acopio, el traslado,  la venta del algodón y la producción de hilados por parte de los pequeños productores  que pusieron en crisis  los intereses de determinadas corporaciones”, analizó ante Infojus Noticias el fiscal Diego Vigay, que participó de la reconstrucción del derrotero de Vocouber y Fleitas.

El peso de esos pequeños y medianos productores podía medirse en la articulación que las Ligas Agrarias habían logrado dentro de la Unión de Cooperativas Agrícolas Limitada (UCAL) para 1974: 20 cooperativas en Chaco, otras 10 en Formosa y 7 en Santiago del Estero. A eso había que sumarle dos hilanderías, dos desmontadoras, una fábrica de algodón hidrófilo, un frigorífico para almacenar frutas, 3 mil obreros y doce mil quinientas familias de productores.

“UCAL manejaba 30 o 40 mil toneladas de fibra de algodón, que era el 60 por ciento del algodón de la argentina. Surtíamos la demanda interna de hilanderías y nos sobraba para exportar”, describió Oscar Braceras, que fue gerente general de UCAL entre 1970 y 1976. Ese crecimiento no fue casual ni espontáneo y tenía una base de sustentación en la juventud de las Ligas Agrarias: “Podían movilizar 15 mi tipos en Resistencia, Chaco”, calculó.

Ese movimiento comenzó con Italo Distéfano, que participó en la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que se hizo en Medellín, en 1968, y volvió a Chaco con las ideas de Juan XXIII, que se había propuesto ser  “la Iglesia de todos, y particularmente la Iglesia de los pobres”. Esos jóvenes católicos iniciaron las Ligas. “No fueron ni comunistas, ni marxistas ni nada. Hijos de nuestros agricultores, chicos cooperativistas. ¿Pero porque entonces fueron declarados enemigos y diabolizados? Porque el triunfo del complejo UCAL significó el único caso en la Argentina de elaborar el 80 por ciento del producto bruto de una provincia. El 80 por ciento de la riqueza del Chaco era hecha por este conjunto, mejorando la renta de los productores que antes se llevaban los monopolios”, dijo Braceras al participar de un acto de relanzamiento de la UCAL en 2006.

“Era una cosa que preocupaba mucho porque el resto del algodón de la argentina era Bunge y Born, y nosotros los liquidamos en algodón. ¿Por qué? Porque Bunge y Born y los grandes monopolios no cultivan nada. El algodón lo cultiva la gente y entonces, los tipos no tenían producción. Pusieron fábricas propias y no consiguieron más algodón. Tuvieron que cerrar sus fábricas. Entonces, ese fue el motivo principal de que vinieron los militares acá, todos representantes, funcionarios y ministros de las multinacionales, de los directorios. Cada directorio tenía un general y esos vinieron a destruir todo esto no por cuestiones políticas. Por cuestiones económicas”, aseguró Braceras al repasar la historia de las Ligas Agrarias y encontrarle una explicación a la represión sobre ellas.

Voucouber había vivió en Villa Berthet, en el sudoeste chaqueño, y fue abogado y asesor legal de hacheros y pequeños productores. Fleitas encabezó la Juventud Peronista de esa provincia y participó de la creación de UATRE. Los dos eran activos militantes de las Ligas Agrarias. “Hubo una serie de detenciones a fines de 1974, donde detienen a varios dirigentes. Los soltaron al poco tiempo pero vuelven a intentar detenerlos en 1975. Ellos analizaban que en esas nuevas detenciones no iban a tener la suerte de quedar en libertad”, detalló el fiscal Vigay.

Tras el golpe de Estado, la presión se fortaleció. Junto con la represión a las distintas organizaciones políticas, ya sean de tipo armado o no, la dictadura avanzó sobre modificaciones medulares del funcionamiento de la economía: arrasó el sistema de bancos cooperativos y regionales, liquidó la legislación laboral, facilitó las inversiones extranjeras mediante una legislación que prácticamente no exigía obligaciones a los inversores y contrajo deuda con el FMI. En ese escenario, el crecimiento organizado de los pequeños y medianos productores era intolerable al proyecto de encarnaba el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.

“La profundización de la represión de 1975 creo que tiene que ver con la planificación nacional. Y el trasfondo es la fuerza que tenían las Ligas Agrarias en Chaco. Y esto lo digo porque en los documentos del Plan Condor, que se encontraron en Paraguay, los militares evaluaban que las Ligas Agrarias podían ser la retaguardia de la guerrilla urbana. Y en la zona nuestra se da la particularidad de que Montoneros se repliega hacia Chaco”, analizó Vigay.

Para septiembre de 1976, varios dirigentes se escondieron en el monte: Remo Vénica, Irmina Kleiner, Enrique “Quique” Lovey, Orianski (administrador de la UCAL) y Carlos Picoli (presidente de la UCAL), y otros. Entre ellos iban Voucouber y Fleitas. Allí estuvieron casi seis meses y en febrero del año siguiente se fueron hacia el norte de Santa Fe. Todos ellos hicieron el tramo a pie y recorrieron unos 200 kilómetros durante más de un mes. Poco después, salieron del país aprovechando la excitación pre mundial que dejó las fronteras más permeables y se instalaron en España. “Fue una operatoria muy complicada. Había algunas parejas con hijos y sin documentos. Eso fue muy problemático de resolver pero la organización se los resolvió”, Vigay.

Como ocurrió con otros militantes montoneros, ellos se sumaron a la contraofensiva, que tuvo dos etapas, 1979 y 1980. Entre una y otra hubo discusiones y rupturas. Ellos se mantuvieron dentro de la organización y volvieron la Argentina en un vuelo que partió del aeropuerto de Santiago de Chile y aterrizó en Mendoza, el 22 de septiembre de 1980.

“Pato y Ernesto fueron sus nuevos nombres de guerra. Con esos nombres ingresaron al país y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) nos dio uno de los documentos que fotografió Víctor Basterra en la ESMA. Tiene unos 30 nombres de detenidos desaparecidos y detalla nombre de guerra y grado en la organización, ambos eran oficiales. Además, está el destino que para ellos era el nordeste y el lugar donde cayeron. Dice que fue con un ‘marcador’ y sus documentos. Esos nos indica que llegó el avión al aeropuerto de Mendoza, bajaron todos los documentos de los pasajero y alguien los marcó en la fotos del documento”, describió Vigay y señaló que esa información será sumada a la causa sobre la contraofensiva montonera que lleva adelante el Juzgado Federal de San Martín.

domingo, 18 de mayo de 2014

Reconstruyen los últimos días de dos dirigentes de Ligas Agrarias desaparecidos

Durante la dictadura en el Chaco
 Se trata de los dirigentes Hugo Vocouber y Luis Fleitas. La reconstrucción la realizó la Fiscalía Federal de Resistencia en base a documentales sustraída por un detenido de la Esma en plena dictadura y por testimonios de familiares y de militantes exiliados en España.
 
En una investigación impulsada por la Fiscalía Federal de Resistencia en coordinación con el Juzgado Federal, se llegó a la reconstrucción de lo sucedido con los dirigentes de Ligas Agrarias del Chaco, Hugo Vocouber y Luis Fleitas quienes se encuentran desaparecidos y se desconocían precisiones sobre sus detenciones.
 
La Fiscalía promovió durante estos últimos años una pesquisa integral sobre todos los crímenes de lesa humanidad contra dirigentes y militantes de las Ligas Agrarias de todo el interior del Chaco desde el año 1974 y que se extendieran incluso hasta el año 1980.
 
Se averigua lo sucedido con los asesinatos de Ñaro Gomez Estigarribia en Corzuela y Carlos Picoli en la zona rural de Sáenz Peña en supuestos enfrentamientos con fuerzas de seguridad, el homicidio de Juan Sokol, en la Alcaidía de Saenz Peña y lo sucedido con Carlos Oriansky, Secundino Taco Vallejos y Armando Molinas quienes se encuentran desaparecidos.
 
Hugo Rogelio Vocouber oriundo de Villa Berthet fue abogado y asesor de los hacheros y pequeños  productores del interior  y por su lado Luis Fleitas fue presidente de la Juventud Peronista y colaboro en la conformación e UATRE gremio de los trabajadores rurales, en ambos casos de integraron a la construcción de Las Ligas Agrarias.
 
Desde el año 1975 soportaron el acoso despiadado de la triple A y luego de la dictadura con operativos en todo el interior de la provincia al mando de fuerzas del ejército y con la colaboración de la Policía del Chaco, por lo que para resguardar sus vidas debieron estar en condición de prófugos. A mediados de septiembre de 1976, junto a Remo Vénica, Irmina Kleiner, Enrique “Quique” Lovey, Orianski, Picoli debieron  incluso establecerse en el monte, por ser la única posibilidad de salvarse y de mantener la organización.
 
Ya a mediados de febrero del 1977 quienes habían sobrevivido al asedio y al cerco militar,  debieron  trasladarse al norte de Santa Fe , para lo que caminaron alrededor de 200 kilómetros en algo más de treinta días. Luego lograron salir del país durante lo que fuera el Mundial 1978 y establecerse en España. Desde allí intentar volver a ingresar a la Argentina en los marcos de la contraofensiva de la organización Montoneros durante los años 1979 y 1980.
 
La Investigación de la Fiscalía        
El Fiscal Federal ad hoc en Derechos Humanos, Diego Vigay explicó que “desde la Fiscalía Federal de Resistencia con el acompañamiento del Juzgado Federal, logramos reconstruir las detenciones de Vocouber y Fleitas, producidas en el aeropuerto de Mendoza en Septiembre de 1980, en su intento de reingresar al país en un vuelo que había tenido su partida en Santiago de Chile”.
 
“Para ello en primer lugar se recopilaron una serie de testimonios de familiares de Vocouber, que habrían aportados datos de aproximación sobre la fecha del probable ingreso al país por parte del abogado, fotografías de la época de su exilio en España,  incluyéndose sendas cartas enviadas desde España”, indicó.
 
“En la misma línea de trabajo que nos supo llevar alrededor de un año, se trabajó con fotografías de la época y se lograron testimonios de distintos compañeros de exilio de Vocouber y Fleitas en España durante los años 1978 y 1979  y  poder reconstruir así los nuevos nombres de militancia que se le habían otorgado durante su exilio  que se correspondían como Pato en el caso de Vocouber y de Ernesto para Fleitas”, añadió.
 
Además recordó que realizaron una búsqueda sobre la existencia de documentaciones sobre detenciones en zonas de frontera en lo que se denomina la “Contraofensiva Montonera” y como última pieza del rompecabezas se pudo dar con un listado de detenidos que fuera fotografiado por un detenido de la ESMA de nombre Basterra y sacado a la luz años después junto a cientos de fotografías de detenidos y de documentos militares.
 
“El listado contenía el nombre de guerra de los detenidos, la fecha y lugar de detención, el grado militar y el lugar donde tenía militancia”, comentó. “Así finalmente se pudo reconstruir que ambos fueron detenidos el 22 de septiembre de 1980 en el aeropuerto de Mendoza cuando intentaban reingresar al país de incógnitos como parte de la denominada contraofensiva y desde ese momento se encuentran desaparecidos como la casi totalidad de quienes fueran apresados en estas circunstancias en distintas zonas de fronteras”, indicó.
 
El asombroso Caso Basterra
 
Víctor Basterra es un sobreviviente del Centro Clandestino de la Escuela de Mecanica de la Armada (ESMA). Estando detenido en allí, fue puesto a trabajar por sus captores en clasificación de información y en función de su oficio de fotógrafo tenia destinado el tomar fotografías de cada detenido.
 
Basterra en un acto de enorme valentía que le pudo haber costado la vida, fue guardando copias en micro chips de cada una de estas tomas y además fue fotografiando a escondidas todos los informes y listados que encontró. Lo que logro sacarlo de la Esma escondido en sus medias en visitas que se autorizaron a su padre.
 
Estas fotografías durante todos estos años fueron una de las fuentes más importante de información para reconstruir lo sucedido en la Esma y también para saber lo sucedido con Vocouber y Fleitas y los otros detenidos en distintas fronteras del país durante la contraofensiva.

domingo, 12 de enero de 2014

Ex detenidos exigen que se revea la prisión domiciliaria del ex juez Córdoba

Duro cuestionamiento al juez Skidelsky

Fue a través de una misiva dirigida al juez Federal de Resistencia, Carlos Skidelsky. Pidieron que se tome en cuenta los informes de los peritos que aseguran que el ex magistrado puede seguir sus tratamientos médicos en una cárcel común. Advirtieron que de no reverse esta medida, pedirán su apartamiento de la causa.

Familiares de desaparecidos y testigos en los juicios Caballero Residual y la Masacre de Margarita Belén enviaron una carta al juez federal, Carlos Skidelsky luego de que le otorgara el beneficio de prisión domicialiaria al exmagistrado Luis Córdoba, acusado de participar de crímenes durante al dictadura. Advirtieron que de no reverse esta medida, pedirán su apartamiento de la causa.

"Nos dirigimos a usted para cuestionar las resoluciones que toma de carácter espasmódicas, primero con las ex Inspectoras del Servicio Penitenciario Federal , partícipes tormentosas del "Operativo Aire", noviembre de 1976. Segundo por desencarcelar al ex Juez Luis Ángel Córdoba", señala la misiva que lleva la firma de Mirta Clara y Norberto Mendoza.

"El estará gozoso de que usted lo beneficiara con ir a su domicilio por un supuesto enfisema pulmonar y problemas respiratorios, sin tomar en cuenta los Informes de los peritos de la Corte Suprema y las recomendaciones del Ministerio de Justicia en cuanto al otorgamiento de las prisiones domiciliarias en vez de estar en prisión de máxima peligrosidad en el complejo de Ezeiza", indicaron.

"Ello constituye una clara violación de normas sugeridas en numerosos casos que dice que sólo en situaciones que no puedan ser atendidos por los hospitales del S.P.F. y por su extrema gravedad puede ser derivado a un nosocomio del sistema....pero no a su casa!!!", se quejaron
 
"Entre bueyes no hay cornadas, dice el sabio dicho milenario popular. La corporación judicial obliga. El Dr Córdoba ha recorrido todos los extremos de mala administración de la Justicia, con malicia, omisiones, obstrucciones y acción deliberada delincuencial a través de la matriz del terrorismo de estado hasta nuestros días. El riesgo de fuga está latente porque él viola la Ley sistemáticamente. Ya hubo antecedentes de que lo fueron a ver a su casa una profesional por orden del Poder Judicial y no lo hallaron. Dónde estaría? A la vez nos seguimos sintiendo perjudicados por su accionar así como el del ex fiscal Dr Mazzoni debido a que fueron desaparecidos expedientes que mostrarían el dolo cometido por ellos y otros asociados ilícitamente en el ámbito judicial", indicaron.

 "Usted al conceder la versión apócrifa del supuesto daño pulmonar del enjuiciado exfuncionario, hace de espejo a la arbitrariedad manifiesta e inequitativa. Recordamos que no es la primera vez que usted intenta liberarlo de las condiciones carcelarias a él y al ex fiscal Roberto Mazzoni", afirmaron.

"Altri tempi, marzo de 2006 se estaba desarrollando un Jury a los ex Camaristas del Juzgado Federal del Chaco, Dra Beatriz Fernández, Dr. Norberto Inda, Dr Diómedes Rojas fallecido para esa ocasión de cita de la justicia en el Consejo Nacional de Magistrados, en Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires . Rememoramos la causa ilícita: el hábeas corpus que éstos ex funcionarios ejecutaron a través de maniobra lesiva otorgando la libertad a militares terroristas. Evocamos su figura, Dr Skidelsky entre las columnas del Palacio de Tribunales tratando de saber qué decíamos de usted los testimoniantes o si los Consejeros preguntaban por usted en relación a su delicada problemática de ir a un Jury por supuesto enriquecimiento via su responsabilidad en el estado provincial y nacional. Cuánto falta aún por transparentizar y acreditar la Justicia", recordaron.
 
De persistir en estos fallos impropios, injustos, de conceder privilegios para los de su misma condición, nos veremos obligados a pedir su apartamiento por su gestión porque nos resulta incongruente con los conceptos de justicia en el marco de un proceso a un ex funcionario del Estado partícipe en delitos cometidos considerados de lesa humanidad para que a la brevedad se repare el daño real jurídico causado a las partes querellantes y a la ciudadanía toda", finalizaron.

sábado, 23 de noviembre de 2013

Carta de una expresa política al juez Skidelsky: Piden no dejar libres a expenitenciarias acusadas de crímenes de lesa humanidad

Mirta Clara, expresa política y viuda de Néstor Sala, uno de los fusilados en la Masacre de Margarita Belén, pidió al juez Federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, que no deje en libertad a las tres exagentes penitenciarias que fueron detenidas en las últimas dos semanas acusadas de participar de tormentos durante la última dictadura.

La carta fechada el 21 de noviembre, en Buenos Aires, se dirige a Skidelsky con el propósito de porque recordar que el juez "tiene en sus manos la decisión justa de seguir  manteniendo detenidas a las ex inspectoras Elena Pibernus, Susana Masi, Martha Groso   del Servicio Penitenciario Federal de la Cárcel de Villa Devoto  o cometer un error  al liberarlas", advierten.

Clara recuerda que "fuimos 50 ex detenidas políticas las que fuimos trasladadas  el 19 de noviembre de 1976 encapuchadas, vendadas, engrilladas, esposadas,  dominadas, sujetadas, atormentadas y nuestras alianzas robadas así como nuestros pequeños enseres  en un avión Hércules desde el Aeropuerto de  Resistencia a la estación aérea más cercana a la zona de Devoto", hecho en el cual se produjeron los tormentos a una expresa política y por el que las tres exagentes penitenciarias están presas.    

"Ello fue declarado en el Juicio por la Verdad, año 2002 y también en Juicios Orales Caballero y otros, Margarita Belén donde relaté exhaustivamente el tener que salir de prisión, de la Alcaidía Provincial  junto a compañeras embarazadas llevando a mi bebé de 6 meses y medio en los brazos bajo la presión e intimidación violenta emitida por las órdenes de  militares del Segundo Cuerpo de Ejército.  Mi hijo Juan Andrés Sala  fue secuestrado por personal penitenciario del S.P.F. Nación, donde se encontraban las ex Inspectoras, las 'thinks thanks' en búsqueda de la destrucción definitiva de nuestras vidas. Quisiera resaltar el traslado de mujeres de la Alcaidía Provincial y el desalojo el 19 de noviembre, porque fue pensada como zona liberada para llevar a cabo y concretizar la Masacre de Margarita Belén", relata.

"Por una vez hay que dar un paso urgente y necesario y que sean juzgadas áquellas funcionarias del Servicio Penitenciario Federal que en asociación con los represores militares-penitenciarios-judiciales -policiales cometieron delitos contra las personas indefensas , las mujeres detenidas por razones políticas , algunas de ellas embarazadas, algunas que por la violencia del traslado apresuraron el parto   y sus hijos hasta el dia de hoy sufren por no haber sido preservados sus derechos a la identidad,  y a la integridad" solicita.

"El País necesita una sanción ejemplar contra las funcionarias impunes. Que la investigación y detención  les signifique una sanción ejemplar   por lo que sucedió atrozmente en las prisiones del país con los traslados en todo el país  que fueron un tormento generalizado como matriz de violentación criminal del terrorismo de estado con consecuencias hasta nuestros días. Sus Jerarcas fueron Elena Pibernus, Susana Masi,  Martha Groso, entre otras", sostiene.

"No podemos olvidar tampoco  las requisas vejatorias por ellas cometidas en el ingreso a la cárcel de Villa Devoto en 1976 -como relatan numerosos testimonios de testimoniantes-  nos robaron las ropas de los bebés y la poca ropa que había sobrevivido a sucesivos saqueos.  Posteriormente  los hurtos a familiares e internas luego de cada requisa en el acceso y en la vida diaria,  las largas esperas para poder ingresar al penal sin poder sentarse ni ir al baño ni beber ni comer con malos tratos a mujeres y nuestros niños , las amenazas  conque nos sacaban las visitas con nuestros familiares si no acatábamos órdenes arbitrarias , contradictorias y lesivas", recuerda.

"Dentro del  espacio represivo las mujeres empleadas celadoras ayudaban, colaboraban ilícitamente en silenciar atroces tormentos en celdas de castigo .   Y asistieron a que  Teresa Di Martino,  navidad de 1978 con orden de libertad fue llevada clandestinamente al CCD El Vesubio, que era cabeza del Grupo de Tareas donde la cárcel de Villa Devoto era un alfil más,  visibilizada para la puesta en escena por los reclamos justos de organismos internacionales . Teresa Di Martino fue secuestrada  y aun permanece desaparecida por la cual las ex inspectoras tendrían que aclarar y  dar respuesta a los familiares y  al conjunto social", señala.

"Cuenta para ello el ayer, que aca someramente se testimonian pero también el hoy. Que sea un ejemplo límite, un parteaguas  para las empleadas del estado en las cárceles hoy.

A quién resistiera las condiciones prisionarias  los  meten en tubos seguidos de  las palizas, las golpizas  de la patota, los traslados como "desaparecidos" , caso David Dutra y luego aparecen muert@s, ahorcad@s, suicidad@s ...incluída la responsabilidad  del personal profesional femenino y masculino  que no respetan  los derechos de los ciudadanos indefensos, que no  están sujetos a la  Ley y, a las recomendaciones de la Comisión  Provincial contra la Tortura y tormentos,  así como a las de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia del Chaco, otras", sostiene y sentencia: "Deseamos que se haga justicia".

viernes, 15 de noviembre de 2013

Por el “Operativo Aire”, detenida ya la tercera ex guardiacárcel

Se trata de Martha Grosso. Se presentó este miércoles de manera voluntaria en Comodoro Py. Se suma a sus camaradas Masi y Pibernus. Las tres están detenidas acusadas de tormentos en un traslado aéreo de presas políticas desde Resistencia hacia El Palomar ocurrido en 1976.

La exagente del Servicio Penitenciario Federal, Martha Grosso, quedó detenida este miércoles en Buenos Aires tras presentarse de manera espontánea en los tribunales de Comodoro Py. Está acusada de participar de tormentos en un traslado aéreo de exdetenidas políticas que se realizó desde el Chaco con destino al aeropuerto de la localidad bonaerense de El Palomar en noviembre de 1976. Es la tercera guardiacárcel que queda detenida en las últimas dos semanas acusada de delitos de lesa humanidad perpetrados en la provincia durante la última dictadura.
Según pudo saber que Grosso se presentó en a las 10 de la mañana de este miércoles. La recibió el juez Federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, quien se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires desde el domingo, en el marco de la Causa Caballero Residual. Quedó detenida en el complejo penitenciario de Ezeiza y será indagada recién este jueves.

La exagente se suma a sus camaradas, Elena Pibernus y Susana Masi, apresadas por el mismo hecho, también en Buenos Aires. Las tres están acusadas de participar de tormentos y severidades contra una detenida política durante un traslado aéreo de presas políticas. Ese vuelo fue bautizado por la dictadura como "Operativo Aire" y tenía carácter de "reservado".

 Se realizó en noviembre de 1976 y tenía como fin trasladar a unas 100 detenidas políticas del nordeste argentino -entre ellas unas 30 de Resistencia- hacia Devoto. Partió desde Resistencia y tuvo como destino el aeropuerto de la localidad bonaerense de El Palomar. Desde allí partieron camiones del Servicio Penitenciario Federal que tuvieron como punto final la cárcel de Devoto, unidad penitenciaria donde se desempeñaban Pibernus, Masi y Grosso.

 Durante el traslado la expresas políticas viajaron esposadas, engrilladas al piso (hecho tipificado por el Código Penal como severidad) y después recibieron una golpiza sistemática. Además, las guardiacárceles las amenazaban con arrojarlas al mar, como sucedía con otros detenidos en los tristemente célebres vuelos de la muerte.

Chaco Día por Día