miércoles, 29 de junio de 2016

Un ex juez y un ex fiscal acusados de partícipes en crímenes de lesa humanidad

Son Luis Córdoba y Roberto Mazzoni. Pidieron que sean juzgados como partícipes necesarios de crímenes de lesa humanidad.

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia solicitó juzgar al ex juez Luis Córdoba y al ex fiscal Roberto Mazzoni como partícipes necesarios en crímenes de lesa humanidad. Los fiscales Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Vigay acusaron a sus ex colegas de haber omitido investigar el secuestro y las torturas que sufrió una decena de presos políticos durante la última dictadura cívico militar pese a que tuvieron conocimiento de los hechos. De concretarse, será el primer juicio por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado que cuenta, en esa provincia, con ex funcionarios judiciales entre los acusados.

Los miembros de la unidad fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado solicitaron al Juzgado Federal 1 de Resistencia la elevación a juicio de la causa en la que están acusados Córdoba y Mazzoni, quienes fueron magistrados de la Justicia Federal y actuaron como tales durante la última dictadura. Fueron imputados por los delitos de “privación ilegítima de la libertad, tormentos e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la forma de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y encubrimiento, todos considerados crímenes de lesa humanidad”, informó ayer el Ministerio Público. Según los fiscales, Córdoba y Mazzoni cometieron tales delitos en contra de una decena de presos políticos confinados durante el último golpe de Estado a diferentes centros clandestinos, como el instalado en la Brigada de Investigaciones policial de Resistencia, el más grande del nordeste argentino.

Allí, postuló el dictamen fiscal, los ubican sobrevivientes del terrorismo de Estado visitando a los detenidos tanto en la Brigada de Investigaciones como en cárceles del Servicio Penitenciario, quienes les contaron de los tormentos sufridos sin que en ningún caso fueron investigados. Una detenida embarazada cuando la capturaron y que dio a luz en cautiverio relató los contactos que tuvo con Mazzoni y con Córdoba, quienes no ocultaban su cooperación con los represores ni atendían sus pedidos de asistencia para el recién nacido.

Las conductas que les reprocha la fiscalía derivan de “omitir deliberadamente” la investigación de esos hechos denunciados, delitos que cometieron las fuerzas represivas contra los prisioneros políticos, pese a que llegaron a su conocimiento. En su solicitud presentada ante el Juzgado Federal de la capital provincial, los fiscales señalaron que “el cumplimiento de los deberes de los funcionarios judiciales conferido a través del mandato constitucional de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos les era exigible (a los entonces magistrados) aún frente a la ocupación del poder por parte de las fuerzas armadas” y que “ante la sistematicidad y masividad de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el accionar represivo, se tornaba aún más ineludible la protección de la persona por parte del órgano destinado exclusivamente a garantizar la vigencia irrestricta de los derechos elementales y universales de los habitantes de la Nación”, subrayaron.

Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal también solicitaron juzgar a Pablo César Casco, ex jefe de guardia de la Unidad Penal 7 de Resistencia, por considerar que sometió allí a torturas a dos víctimas.

Si se realiza el juicio solicitado por la Unidad Fiscal, por primera vez en la capital chaqueña llegarán como acusados al debate oral y público ex funcionarios del Poder Judicial imputados por su participación en crímenes contra la humanidad. Mientras, continúa en la etapa de instrucción la investigación respecto del delito de asociación ilícita que la fiscalía le imputa a los ex magistrados, por el que la Cámara Federal les había dictado la falta de mérito.

domingo, 19 de junio de 2016

Chaco: Con la lectura de las acusaciones, se inició el cuarto juicio contra represores


Se trata del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Brigada de Investigaciones que se desarrolla desde este jueves en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal. Son once los acusados entre ex militares y ex policías y se prevé la declaración de más de 40 testigos. El TOF dispuso que el próximo 24 de junio se realiza la apertura formal del juicio.

Con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio por parte del Ministerio Público Fiscal y de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se iniciaron este jueves las audiencias del juicio oral y público donde se juzga a once ex militares y ex policías del Chaco por delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Brigada de Investigaciones de Resistencia. Los miembros del Tribunal Oral fijaron la fecha del próximo jueves 23 de junio para la apertura formal del juicio en la causa conocida como "Caballero II" o "Caballero Residual".

Los hechos que se juzgan tuvieron como víctimas al matrimonio de Sara Ayala y Pedro Morel, militantes de Ligas Agrarias de Goya (Corrientes); ambos desparecidos desde mediados de 1977, vistos por última vez con vida en ese Centro Clandestino, en deteriorado estado de salud. Se juzgarán también la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por Juan Carlos Goya (actual Secretario de Derechos Humanos del Chaco), Graciela de la Rosa y Emilio Eduardo Saliva (recientemente fallecido); de Carlos Erasmo Aguirre, Julio Aranda y Roberto Alcides Greca, estudiantes universitarios de la JUP de la Facultad de Arquitectura, secuestrados en noviembre 1976, y también de Mauricio Berger, un pequeño productor agropecuario militante de Ligas Agrarias de Chaco. En el marco del proceso, también se juzgará, por primera vez en la provincia del Chaco, un caso de abuso sexual considerado como delito de lesa humanidad

jueves, 3 de marzo de 2016

Casación confirmó condenas a asesinos de la Masacre de Margarita Belén

Lo resolvió la Sala II, en el marco de dos causas en donde se juzgaron a los responsables integrantes del Ejército y de la Policía de Chaco, que trasladaron y ejecutaron a las víctimas. También se hizo lugar al pedido de la Fiscalía y se anuló la absolución del expolicía Alfredo Luis Chas.

Los jueces Ángela E. Ledesma, Pedro R. David y Alejandro W. Slokar, integrantes de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, resolvieron este miércoles confirmar las condenas a la pena de prisión perpetua impuestas a Athos Gustavo Renés, Horacio Losito, Germán Emilio Riquelme, Jorge Daniel Carnero Sabol, Aldo Héctor Martínez Segón, Luis Alberto Patetta, Ricardo Guillermo Reyes y Ernesto Jorge Simoni, y aquella a veinticuatro años de prisión impuesta a Norberto Raúl Tozzo. Así también, por mayoría, se hizo lugar al recurso de la Fiscalía y se anuló la absolución dispuesta respecto de Alfredo Luis Chas, según informó hoy el Centro de Información Judicial.

En las sentencias se tuvo por acreditado que en la madrugada del 13 de diciembre de 1976, un grupo integrado por agentes del Ejército y de la Policía de la Provincia de Chaco llevaron a cabo un “falso traslado” de detenidos políticos desde una unidad penitenciaria de aquella provincia hacia Formosa. En el trascurso del trayecto, las víctimas fueron torturadas y luego fusiladas en inmediaciones a la localidad de Margarita Belén. El convoy estuvo integrado por una comisión del Ejército, a las órdenes de Renés, conformada por personal perteneciente al Regimiento de Infantería N° 9 de Corrientes, el Grupo de Artillería N° 7 y el Destacamento de Inteligencia Nº 124, ambos de Resistencia, quienes fueron custodiados por un móvil de la policía chaqueña.

De esta manera, se determinó que las actuaciones realizadas en aquella época en sede militar para “investigar” lo sucedido, tenían por objeto encubrir la responsabilidad en los hechos y simular un “enfrentamiento con integrantes una agrupación subversiva”.

A partir de ello, los imputados fueron condenados en orden a los delitos de homicidio agravado por alevosía y por el número de partícipes, en perjuicio de las víctimas Luis Ángel Barco, Mario Cuevas, Luis Alberto Díaz, Carlos Alberto Duarte, Luis Arturo Franzen, Manuel Parodi Ocampo, Néstor Carlos Salas, Patricio Blas Tierno, Carlos Alberto Zamudio, Ema Beatriz Cabral y Alcides Bosch; como así también por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo, cometido en perjuicio de Julio Andrés Pereyra, Fernando Gabriel Piérola, Roberto Horacio Yedro y Reynaldo Zapata Soñez, quienes aún permanecen desaparecidos.

Estos hechos formaron parte de los casos juzgados en el juicio a los ex comandantes en la causa Nº 13/84.

domingo, 10 de enero de 2016

Procesaron a exmilitar y a 5 expolicías por delitos de lesa humanidad contra miembros de Ligas Agrarias

Están acusados por los Homicidios de los dirigentes de Ligas Agrarias, Ñaro Gomes Estigarribia y Carlos Piccoli y por tormentos a tres pequeños productores rurales, todos perpetrados durante la última dictadura en el Chaco.

El represor, Josè Rodríguez Valiente, fue nuevamente procesado por delitos de lesa humanidad.
En la denominada Causa Ligas Agrarias, donde se investigan delitos de lesa humanidad perpetrados contra dirigentes de esa agrupación durante la última dictadura, el pasado 30 de diciembre, la jueza federal, Zunilda Nirenperger dictó una extensa resolución a través de la cual procesó con prisión preventiva a un exmilitar y cinco expolicías.

Se trata del exteniente Coronel, Tadeo Betolli y el agente Miguel Antonio González por el homicidio agravado de Ñaro Gomez Estigarribia y de los agentes policiales Carlos Chavez y Alcides Safenraiter por el homicidio de Carlos Piccoli.  En los mismos casos ordeno procesar al Oficial Principal José Francisco Rodriguez Valiente por el delito de encubrimiento de ambos homicidios.

En la misma resolución se ordenó también el procesamiento del Comisario General Eduardo Wischnivetzky por la privación ilegal de la libertad y tormentos de tres trabajadores rurales y la falta de mérito por un caso de violación.

Según la versión oficial, tanto Raúl Eduardo Gomes Estigarrribia como Carlos Piccoli habían fallecido en sendos enfrentamientos con fuerzas de seguridad, según los sumarios policiales incorporados luego a un expediente de la justicia federal de la época. La investigación y la conclusión de resolución de la Jueza Nirenperger en ambos casos los dirigentes de las ligas agrarias habrían sido ejecutados.

En el caso del dirigente  rural y docente, Raúl Eduardo Gomes Estigarribia, el mismo era intensamente buscado por las Fuerzas Armadas por su militancia en las Ligas Agrarias y el 12 de febrero de 1977 había organizado una reunión en un domicilio de la localidad de Corzuela.

De ese encuentro tomo conocimiento el Oficial de Inteligencia  del Ejército Bettolli quien se encontraba operando en la zona  en la persecución a las Ligas Agrarias y  este monta un operativo para tenderle una emboscada.

Gómes Estigarribia fue trasportado en un vehículo por un testigo que asegura que estaba desarmado, ya que habían viajado por la ruta y debían sortear los controles policiales sin correr riesgos.

La fuerzas conjuntas de ejército y policía del chaco, como parte de la emboscada habían dejado la luz prendida del exterior de la casa y se aseguraron  que Gomes Estigarribia no pudiera ingresar a la misma , quedando así totalmente expuesto.

Fue atacado ni bien llego al lugar, con disparos de arma de fuego de todos los integrantes de la  comisión, provocándole según la autopsia policial, al menos tres heridas en tórax, en la pierna izquierda y en una mano.

Que además se entregó a los familiares un certificado de defunción del Registro Civil donde se certifica falsamente como motivo de la muerte de Gomes Estigarribia un Accidente en la ciudad de Resistencia, el que incluso esta adjuntado al Expediente Judicial.

Por su parte en cuanto al dirigente campesino Carlos Servando Piccoli por su activa participación como dirigente y referente de las Ligas Agrarias del Chaco, se encontraba también siendo buscado profusamente  por las fuerzas Armadas desde el año 1975.
 
Es por esa razón que debió exiliarse del país en España y regresa a la provincia del Chaco en el año 1979, volviendo a la actividad de militancia junto a Armando Molina (actualmente desaparecido) en la reconstrucción de las Ligas Agrarias que consistía en la visita y el dialogo con pequeños productores y la entrega de volantes, promoviendo el regreso de la democracia, siempre en la clandestinidad en resguardo de su vida. Que existen testimonios de campesinos que  da cuenta de la presencia en la zona de Piccoli y Molina lo que puso  en aviso a las fuerzas de seguridad.

 En ese marco Piccoli durante las primeras horas del  22 de abril del año 1979 , se trasladaba en bicicleta por un camino vecinal del paraje Pampa Florida de la zona rural de la ciudad de Sáenz Peña ,  cuando es sorprendido por un retén policial, constituido por dos agentes  armados con un fusil F.A.L y con una pistola ametralladora P.A.M. 3  y es asesinado en el lugar. 

Chaco Día por Día

lunes, 2 de noviembre de 2015

Capitanich premió al comisario responsable de reprimir y matar a Ángel Verón

La viuda del dirigente social del Chaco le pidió públicamente al gobernador kirchnerista que le “explique cómo puede asumir de Jefe de Policía el que ordenó la muerte” de su esposo.
 
Daniel Satur@saturnetroc
Foto: Jorge Capitanich junto a los comisarios Gustavo Peña y Ariel Acuña (Diario Chaco)


María Fernández, la compañera del dirigente del MTD “No al desalojo”, ayer dio detalles de la causa en la que se investigan los hechos que derivaron en la muerte de Verón, el 19 de octubre, tras casi un mes de agonía.

En declaraciones a Diario Chaco, Fernández contó sobre la reunión que mantuvo el jueves con el Fiscal de Derechos Humanos, Daniel Turraca. La mujer y el abogado de la familia, Marcelino Leiva, se reunieron con el funcionario judicial con el fin de interiorizarse sobre el informe preliminar de la autopsia que el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Chaco realizó sobre el cuerpo de Verón.

“El fiscal nos confirmó que (Ángel) falleció a causa de los golpes, pero debemos esperar otro informe”, explicó María. Y al ser consultada sobre el nombramiento del comisario Ariel Acuña como Jefe de la Policía chaqueña, la mujer afrirmó que la decisión la puso “re mal”, ya que ese uniformado “fue el que dio la orden para que repriman”.

“Es muy doloroso ver cómo se burlan de nosotros, no se puede creer lo que hacen. Estamos acá en casa con mis diez hijos llorando a mi marido muerto y tratando de sobrellevar esto. Más que impotencia tengo bronca por todo lo que pasa, es muy injusto lo que están haciendo”, agregó la viuda de Verón. Ella y sus compañeros del MTD están convencidos de que en la represión del 24 de septiembre los policías marcaron a su marido “y lo cazaron como a un animal”.

De hecho Rogelio Verón, quien también fue detenido aquella jornada, dijo el día del entierro que a su hermano “lo mató la policía, lo reventaron. A él lo detuvieron a dos metros mío, le pusieron la rodilla en la espalda cuando lo esposaban. Le aplastaban la cara contra el piso. Y después, cuando lo subían al patrullero, le pegaban pinas en el costado”.
“Acuña dio la orden”

El miércoles, al conocerse los resultados preliminares de la autopsia sobre el cadáver de Verón, tres altos funcionarios de Capitanich presentaron su renuncia. En reemplazo del comisario general Gustavo Peña, el gobernador nombró como Jefe de la Policía del Chaco al comisario general Ariel Alejandro Acuña, quien hasta entonces era el segundo en el escalafón de la fuerza.

Pero lejos de ser ajeno a los hechos que motivaron la renuncia de Peña, Acuña está íntimamente ligado a ellos. “Él tuvo una participación directa para disponer el inicio y la ejecución del procedimiento represivo”, dijo Chaco Día por Día Rolando Nuñez, abogado y referente del Centro Mandela de Derechos Humanos.

Núñez, quien tuvo acceso al expediente de la causa, detalló cómo el comisario es indicado por sus propios subordinados como responsable de dar las órdenes. “A las 19:09 del día 24 de septiembre, el comisario que estaba en el lugar del procedimiento, a quién correspondía comunicarse con las jerarquías superiores, habló por teléfono con el comisario general Ariel Acuña, quién le contestó ’que no hay mediador’. El subjefe Ariel Acuña, en comunicación con el mayor Sosa le ’informó que se proceda con personal de Bomberos a liberar la ruta’. Otro comisario, también de apellido Acuña, ’procedió informar al señor Ángel Verón que libere la ruta o se precederá a liberar’. Así, literalmente extraída del acta de constatación, surge que el jefe de policía designado ordenó la acción de desalojo y el uso de las fuerzas públicas, que terminó en detenciones, en represión, castigos y posterior muerte de Ángel Verón. Y la orden fue dada aún sabiendo el subjefe de policía que no se contaba con la indispensable orden judicial que autorizara o avalara el procedimiento dado que la justicia penal chaqueña y el juzgado federal de Resistencia no emitieron orden alguna”.
Así, para el referente del Centro Mandela “Ariel Acuña no debiera asumir como jefe de policía porque también debe ser investigado”.
El poder que mata

Mientras Capitanich sigue intentando timonear su gestión en medio de la crisis política desatada tras la muerte de Ángel Verón, los hechos se empecinan en demostrar que el régimen que él conduce huele a podrido. Es que como manifestó el abogado Marcelino Leiva a La Izquierda Diario, en el Chacho “hay una política donde a los que reclaman y no son adictos a Capitanich los reprimen salvajemente. El de Ángel Verón es un movimiento muy pequeño, de unas 40 personas. Y hubo una orden de dar un escarmiento para evitar los reclamos. La policía de Capitanich tiene una autonomía bastante grande y puede reprimir sin problemas. Acá hay una historia de represión muy grande. Verón es el cuarto dirigente social muerto en los ocho años de gobierno de Capitanich”.

En este marco, la bronca e indignación de María Fernández se explican claramante. Ella no sólo denuncia al gobierno kirchnerista sino a quienes actúan de cómplices con la impunidad. Como la directora del Hospital Perrando. “Inventaron que él se lastimó sólo, después que se cayó en un pozo y es todo mentira. Se están ocultando muchas cosas. Desde el Hospital Perrando también hicieron daño porque falsearon todo y dijeron que la muerte de Verón fue por enfermedad”. Por si fuera poco, cuando murió su marido no le querían entregar el cuerpo. “Ellos sabrán por qué hicieron eso, el papel que me dieron por defunción dicen que fue por enfermedad y eso no es verdad”, sentenció.

Los esfuerzos del gobernador por dejar impune este asesinato parecen chocar contra la prepotencia de los hechos y de la lucha de los familiares y compañeros de Verón. Una prepotencia desagradable para quien volvió hace poco a su provincia, buscando quizás un poco de “tranquilidad” tras su agitado paso, nada menos, que por la jefatura de Gabinete de Cristina Fernández.

viernes, 30 de octubre de 2015

Confirman imputación por violación contra un represor en el Chaco

Se trata del caso del exsargento de la Policía del Chaco, Gabino Manader, a quién se le imputa como delito de lesa humanidad haber violado a una detenida política durante su cautiverio en la exBrigada de Investigaciones de Resistencia. El represor ya fue condenado en el primer tramo de la causa conocida como “Caballero”.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia desestimó un recurso de apelación de la defensa del represor Gabino Manader y confirmó la ampliación de su procesamiento por el delito de violación contra una exdetenida política durante la última dictadura cívico militar en la provincia del Chaco. Se trata del segundo caso que avanza en la justicia federal chaqueña que considera como delitos de lesa humanidad a las violaciones cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad contra detenidas políticas durante el Terrorismo de Estado.

La resolución, que difunde hoy CHACO DIA POR DIA, fue dictada el pasado 11 de septiembre, y lleva la firma de los camaristas José Luis Aguilar, Ana Victoria Order y Simón Getzel. En la misma, se confirma el procesamiento contra el exsargento de la Policía del Chaco dictado el 3 de junio pasado por el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky. Además de la ampliación del procesamiento por el delito de "violación" se le suman los de "tormento agravado -psíquico y fìsico-" y de "privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia". Manader ya fue condenado a 25 años de prisión por su participación en tormentos agravados durante la última dictadura.

La clave: el testimonio de la víctima y de los testigos

La víctima -sobre quién decidimos preservar su identidad- fue detenida el 29 de abril de 1976 por una patota de civiles de la exBrigada de Investigaciones que era comandada por Gabino Manader. Fue en plena vía pública, en la esquina de avenida Belgrano y Tucumán (hoy Juan Domingo Perón) de la ciudad de Resistencia. Pero la mujer no se encontraba sola, estaba con su bebé de apenas ocho meses de edad. Ambos fueron capturados y traslados a la exBrigada de Investigaciones donde fue sometida a reiteradas torturas y violaciones, incluso frente a su pequeño hijo. Los hechos por los cuáles se pretende que Manader sea juzgado se sucedieron hasta el es de noviembre de 1976.

La denuncia y el declaración de la víctima y de también de varios testigos son los principales elementos en los que se basa la resolución de la Cámara de Apelaciones para confirmar la imputación por violación contra el exsargento de la policía del Chaco.

La violación como delito de lesa humanidad

El caso por el que se acusa de violación a Manader no es el primero que se tramita en la justicia federal del Chaco encuadrado en delitos de lesa humanidad e impulsado por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia. Actualmente, una causa ya se encuentra a instancias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia para que fije fecha del juicio oral y público. Será la primera vez que en el Chaco se juzgará a una violación como delito de lesa humanidad. También fue cometida en el Centro Clandestino de Detención de la exBrigada de Investigaciones del Chaco. En este caso, el único imputado es otro expolicía provincial, Albino Luis Borda.

Otros dos casos por violaciones se encuentran incorporados en la causa conocida como "Ligas Agrarias": una habría sido cometida en la Comisaría y la otra en la casa de una de las víctimas en la localidad de Villa Berthet, ubicada a casi 200 kilómetros de la ciudad de Resistencia.

El quinto caso vinculado con delitos de lesa humanidad se imputa a un represor por el delito de aborto por la pérdida de un embarazo de tres meses de una detenida política a causa de las torturas recibidas en la comisaría de la ciudad de San Bernardo.

¿Qué sucede en el país?

En noviembre de 2012, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, instruyó a los fiscales para que investiguen los casos de abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Hasta ese año sólo se había producido una sola condena por esos delitos. Posteriormente, se aprobó la "Guía de actuación para los Ministerios Públicos del Mercosur y países asociados -Venezuela, Ecuador y Chile-" por impulso de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal. A partir de ese momento se sucedieron un total de once sentencias por estos delitos sexuales, que fueron dictaras en la ciudad santafesina de Reconquista, Tucumán y Santiago del Estero, ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata, entre otras.

Basta de retrasos en el juzgamiento a los cómplices judiciales del terrorismo de Estado

Denuncian resistencias para juzgar a cómplices judiciales de la dictadura en el Chaco

27/10/2015 Organismos de derechos humanos del Chaco difundieron este martes un comunicado donde manifiestan su preocupación por la “resistencia judicial” para avanzar en el juzgamiento de los funcionarios judiciales cómplices del Terrorismo de Estado como el exjuez Angel Córdoba y del exfiscal federal Roberto Mazzoni

BASTA DE RETRASOS EN EL JUZGAMIENTO A LOS CÓMPLICES JUDICIALES DEL TERRORISMO DE ESTADO


Los organismos de DDHH y adherentes abajo firmantes queremos manifestar por la presente nuestra profunda preocupación ante la resistencia judicial de determinados magistrados del Poder Judicial Federal del Chaco en el juzgamiento de la complicidad y connivencia con el terrorismo de estado en el Chaco del Juez Federal Ángel Córdoba y del Fiscal Federal Roberto Mazzoni.

Ambos funcionarios judiciales se encuentran imputados, detenidos y procesados por delitos de lesa humanidad contra una decena de detenidos políticos alojados en el Centro Clandestino de la Brigada de Investigaciones y en la U7 y por el delito de Asociación Ilícita.
La detención e Indagatorias de Cordoba y Mazzoni se produjo hace ya tres años y medio y el auto de elevación a Juicio en dicha causa fue dictado por el Juez Federal Skidelsky hace ya más de un año; dicho juicio oral fue obstruido por claras maniobras dilatorias por parte de las defensas que lamentablemente encontraron acogida en la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

Así las cosas, se estaría estableciendo así un doble estándar probatorio, uno para los policías del Chaco y del Ejercito y otro más exigente para los funcionarios judiciales.
por delitos de Lesa Humanidad en el Chaco".

HIJOS CHACO
ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS POLÍTICOS
Abogados querellantes en causas de lesa humanidad
CPM CHACO
SECRETARÍA DE DDHH CHACO
COLECTIVO NACIONAL