jueves, 3 de marzo de 2016

Casación confirmó condenas a asesinos de la Masacre de Margarita Belén

Lo resolvió la Sala II, en el marco de dos causas en donde se juzgaron a los responsables integrantes del Ejército y de la Policía de Chaco, que trasladaron y ejecutaron a las víctimas. También se hizo lugar al pedido de la Fiscalía y se anuló la absolución del expolicía Alfredo Luis Chas.

Los jueces Ángela E. Ledesma, Pedro R. David y Alejandro W. Slokar, integrantes de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, resolvieron este miércoles confirmar las condenas a la pena de prisión perpetua impuestas a Athos Gustavo Renés, Horacio Losito, Germán Emilio Riquelme, Jorge Daniel Carnero Sabol, Aldo Héctor Martínez Segón, Luis Alberto Patetta, Ricardo Guillermo Reyes y Ernesto Jorge Simoni, y aquella a veinticuatro años de prisión impuesta a Norberto Raúl Tozzo. Así también, por mayoría, se hizo lugar al recurso de la Fiscalía y se anuló la absolución dispuesta respecto de Alfredo Luis Chas, según informó hoy el Centro de Información Judicial.

En las sentencias se tuvo por acreditado que en la madrugada del 13 de diciembre de 1976, un grupo integrado por agentes del Ejército y de la Policía de la Provincia de Chaco llevaron a cabo un “falso traslado” de detenidos políticos desde una unidad penitenciaria de aquella provincia hacia Formosa. En el trascurso del trayecto, las víctimas fueron torturadas y luego fusiladas en inmediaciones a la localidad de Margarita Belén. El convoy estuvo integrado por una comisión del Ejército, a las órdenes de Renés, conformada por personal perteneciente al Regimiento de Infantería N° 9 de Corrientes, el Grupo de Artillería N° 7 y el Destacamento de Inteligencia Nº 124, ambos de Resistencia, quienes fueron custodiados por un móvil de la policía chaqueña.

De esta manera, se determinó que las actuaciones realizadas en aquella época en sede militar para “investigar” lo sucedido, tenían por objeto encubrir la responsabilidad en los hechos y simular un “enfrentamiento con integrantes una agrupación subversiva”.

A partir de ello, los imputados fueron condenados en orden a los delitos de homicidio agravado por alevosía y por el número de partícipes, en perjuicio de las víctimas Luis Ángel Barco, Mario Cuevas, Luis Alberto Díaz, Carlos Alberto Duarte, Luis Arturo Franzen, Manuel Parodi Ocampo, Néstor Carlos Salas, Patricio Blas Tierno, Carlos Alberto Zamudio, Ema Beatriz Cabral y Alcides Bosch; como así también por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo, cometido en perjuicio de Julio Andrés Pereyra, Fernando Gabriel Piérola, Roberto Horacio Yedro y Reynaldo Zapata Soñez, quienes aún permanecen desaparecidos.

Estos hechos formaron parte de los casos juzgados en el juicio a los ex comandantes en la causa Nº 13/84.

domingo, 10 de enero de 2016

Procesaron a exmilitar y a 5 expolicías por delitos de lesa humanidad contra miembros de Ligas Agrarias

Están acusados por los Homicidios de los dirigentes de Ligas Agrarias, Ñaro Gomes Estigarribia y Carlos Piccoli y por tormentos a tres pequeños productores rurales, todos perpetrados durante la última dictadura en el Chaco.

El represor, Josè Rodríguez Valiente, fue nuevamente procesado por delitos de lesa humanidad.
En la denominada Causa Ligas Agrarias, donde se investigan delitos de lesa humanidad perpetrados contra dirigentes de esa agrupación durante la última dictadura, el pasado 30 de diciembre, la jueza federal, Zunilda Nirenperger dictó una extensa resolución a través de la cual procesó con prisión preventiva a un exmilitar y cinco expolicías.

Se trata del exteniente Coronel, Tadeo Betolli y el agente Miguel Antonio González por el homicidio agravado de Ñaro Gomez Estigarribia y de los agentes policiales Carlos Chavez y Alcides Safenraiter por el homicidio de Carlos Piccoli.  En los mismos casos ordeno procesar al Oficial Principal José Francisco Rodriguez Valiente por el delito de encubrimiento de ambos homicidios.

En la misma resolución se ordenó también el procesamiento del Comisario General Eduardo Wischnivetzky por la privación ilegal de la libertad y tormentos de tres trabajadores rurales y la falta de mérito por un caso de violación.

Según la versión oficial, tanto Raúl Eduardo Gomes Estigarrribia como Carlos Piccoli habían fallecido en sendos enfrentamientos con fuerzas de seguridad, según los sumarios policiales incorporados luego a un expediente de la justicia federal de la época. La investigación y la conclusión de resolución de la Jueza Nirenperger en ambos casos los dirigentes de las ligas agrarias habrían sido ejecutados.

En el caso del dirigente  rural y docente, Raúl Eduardo Gomes Estigarribia, el mismo era intensamente buscado por las Fuerzas Armadas por su militancia en las Ligas Agrarias y el 12 de febrero de 1977 había organizado una reunión en un domicilio de la localidad de Corzuela.

De ese encuentro tomo conocimiento el Oficial de Inteligencia  del Ejército Bettolli quien se encontraba operando en la zona  en la persecución a las Ligas Agrarias y  este monta un operativo para tenderle una emboscada.

Gómes Estigarribia fue trasportado en un vehículo por un testigo que asegura que estaba desarmado, ya que habían viajado por la ruta y debían sortear los controles policiales sin correr riesgos.

La fuerzas conjuntas de ejército y policía del chaco, como parte de la emboscada habían dejado la luz prendida del exterior de la casa y se aseguraron  que Gomes Estigarribia no pudiera ingresar a la misma , quedando así totalmente expuesto.

Fue atacado ni bien llego al lugar, con disparos de arma de fuego de todos los integrantes de la  comisión, provocándole según la autopsia policial, al menos tres heridas en tórax, en la pierna izquierda y en una mano.

Que además se entregó a los familiares un certificado de defunción del Registro Civil donde se certifica falsamente como motivo de la muerte de Gomes Estigarribia un Accidente en la ciudad de Resistencia, el que incluso esta adjuntado al Expediente Judicial.

Por su parte en cuanto al dirigente campesino Carlos Servando Piccoli por su activa participación como dirigente y referente de las Ligas Agrarias del Chaco, se encontraba también siendo buscado profusamente  por las fuerzas Armadas desde el año 1975.
 
Es por esa razón que debió exiliarse del país en España y regresa a la provincia del Chaco en el año 1979, volviendo a la actividad de militancia junto a Armando Molina (actualmente desaparecido) en la reconstrucción de las Ligas Agrarias que consistía en la visita y el dialogo con pequeños productores y la entrega de volantes, promoviendo el regreso de la democracia, siempre en la clandestinidad en resguardo de su vida. Que existen testimonios de campesinos que  da cuenta de la presencia en la zona de Piccoli y Molina lo que puso  en aviso a las fuerzas de seguridad.

 En ese marco Piccoli durante las primeras horas del  22 de abril del año 1979 , se trasladaba en bicicleta por un camino vecinal del paraje Pampa Florida de la zona rural de la ciudad de Sáenz Peña ,  cuando es sorprendido por un retén policial, constituido por dos agentes  armados con un fusil F.A.L y con una pistola ametralladora P.A.M. 3  y es asesinado en el lugar. 

Chaco Día por Día

lunes, 2 de noviembre de 2015

Capitanich premió al comisario responsable de reprimir y matar a Ángel Verón

La viuda del dirigente social del Chaco le pidió públicamente al gobernador kirchnerista que le “explique cómo puede asumir de Jefe de Policía el que ordenó la muerte” de su esposo.
 
Daniel Satur@saturnetroc
Foto: Jorge Capitanich junto a los comisarios Gustavo Peña y Ariel Acuña (Diario Chaco)


María Fernández, la compañera del dirigente del MTD “No al desalojo”, ayer dio detalles de la causa en la que se investigan los hechos que derivaron en la muerte de Verón, el 19 de octubre, tras casi un mes de agonía.

En declaraciones a Diario Chaco, Fernández contó sobre la reunión que mantuvo el jueves con el Fiscal de Derechos Humanos, Daniel Turraca. La mujer y el abogado de la familia, Marcelino Leiva, se reunieron con el funcionario judicial con el fin de interiorizarse sobre el informe preliminar de la autopsia que el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Chaco realizó sobre el cuerpo de Verón.

“El fiscal nos confirmó que (Ángel) falleció a causa de los golpes, pero debemos esperar otro informe”, explicó María. Y al ser consultada sobre el nombramiento del comisario Ariel Acuña como Jefe de la Policía chaqueña, la mujer afrirmó que la decisión la puso “re mal”, ya que ese uniformado “fue el que dio la orden para que repriman”.

“Es muy doloroso ver cómo se burlan de nosotros, no se puede creer lo que hacen. Estamos acá en casa con mis diez hijos llorando a mi marido muerto y tratando de sobrellevar esto. Más que impotencia tengo bronca por todo lo que pasa, es muy injusto lo que están haciendo”, agregó la viuda de Verón. Ella y sus compañeros del MTD están convencidos de que en la represión del 24 de septiembre los policías marcaron a su marido “y lo cazaron como a un animal”.

De hecho Rogelio Verón, quien también fue detenido aquella jornada, dijo el día del entierro que a su hermano “lo mató la policía, lo reventaron. A él lo detuvieron a dos metros mío, le pusieron la rodilla en la espalda cuando lo esposaban. Le aplastaban la cara contra el piso. Y después, cuando lo subían al patrullero, le pegaban pinas en el costado”.
“Acuña dio la orden”

El miércoles, al conocerse los resultados preliminares de la autopsia sobre el cadáver de Verón, tres altos funcionarios de Capitanich presentaron su renuncia. En reemplazo del comisario general Gustavo Peña, el gobernador nombró como Jefe de la Policía del Chaco al comisario general Ariel Alejandro Acuña, quien hasta entonces era el segundo en el escalafón de la fuerza.

Pero lejos de ser ajeno a los hechos que motivaron la renuncia de Peña, Acuña está íntimamente ligado a ellos. “Él tuvo una participación directa para disponer el inicio y la ejecución del procedimiento represivo”, dijo Chaco Día por Día Rolando Nuñez, abogado y referente del Centro Mandela de Derechos Humanos.

Núñez, quien tuvo acceso al expediente de la causa, detalló cómo el comisario es indicado por sus propios subordinados como responsable de dar las órdenes. “A las 19:09 del día 24 de septiembre, el comisario que estaba en el lugar del procedimiento, a quién correspondía comunicarse con las jerarquías superiores, habló por teléfono con el comisario general Ariel Acuña, quién le contestó ’que no hay mediador’. El subjefe Ariel Acuña, en comunicación con el mayor Sosa le ’informó que se proceda con personal de Bomberos a liberar la ruta’. Otro comisario, también de apellido Acuña, ’procedió informar al señor Ángel Verón que libere la ruta o se precederá a liberar’. Así, literalmente extraída del acta de constatación, surge que el jefe de policía designado ordenó la acción de desalojo y el uso de las fuerzas públicas, que terminó en detenciones, en represión, castigos y posterior muerte de Ángel Verón. Y la orden fue dada aún sabiendo el subjefe de policía que no se contaba con la indispensable orden judicial que autorizara o avalara el procedimiento dado que la justicia penal chaqueña y el juzgado federal de Resistencia no emitieron orden alguna”.
Así, para el referente del Centro Mandela “Ariel Acuña no debiera asumir como jefe de policía porque también debe ser investigado”.
El poder que mata

Mientras Capitanich sigue intentando timonear su gestión en medio de la crisis política desatada tras la muerte de Ángel Verón, los hechos se empecinan en demostrar que el régimen que él conduce huele a podrido. Es que como manifestó el abogado Marcelino Leiva a La Izquierda Diario, en el Chacho “hay una política donde a los que reclaman y no son adictos a Capitanich los reprimen salvajemente. El de Ángel Verón es un movimiento muy pequeño, de unas 40 personas. Y hubo una orden de dar un escarmiento para evitar los reclamos. La policía de Capitanich tiene una autonomía bastante grande y puede reprimir sin problemas. Acá hay una historia de represión muy grande. Verón es el cuarto dirigente social muerto en los ocho años de gobierno de Capitanich”.

En este marco, la bronca e indignación de María Fernández se explican claramante. Ella no sólo denuncia al gobierno kirchnerista sino a quienes actúan de cómplices con la impunidad. Como la directora del Hospital Perrando. “Inventaron que él se lastimó sólo, después que se cayó en un pozo y es todo mentira. Se están ocultando muchas cosas. Desde el Hospital Perrando también hicieron daño porque falsearon todo y dijeron que la muerte de Verón fue por enfermedad”. Por si fuera poco, cuando murió su marido no le querían entregar el cuerpo. “Ellos sabrán por qué hicieron eso, el papel que me dieron por defunción dicen que fue por enfermedad y eso no es verdad”, sentenció.

Los esfuerzos del gobernador por dejar impune este asesinato parecen chocar contra la prepotencia de los hechos y de la lucha de los familiares y compañeros de Verón. Una prepotencia desagradable para quien volvió hace poco a su provincia, buscando quizás un poco de “tranquilidad” tras su agitado paso, nada menos, que por la jefatura de Gabinete de Cristina Fernández.

viernes, 30 de octubre de 2015

Confirman imputación por violación contra un represor en el Chaco

Se trata del caso del exsargento de la Policía del Chaco, Gabino Manader, a quién se le imputa como delito de lesa humanidad haber violado a una detenida política durante su cautiverio en la exBrigada de Investigaciones de Resistencia. El represor ya fue condenado en el primer tramo de la causa conocida como “Caballero”.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia desestimó un recurso de apelación de la defensa del represor Gabino Manader y confirmó la ampliación de su procesamiento por el delito de violación contra una exdetenida política durante la última dictadura cívico militar en la provincia del Chaco. Se trata del segundo caso que avanza en la justicia federal chaqueña que considera como delitos de lesa humanidad a las violaciones cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad contra detenidas políticas durante el Terrorismo de Estado.

La resolución, que difunde hoy CHACO DIA POR DIA, fue dictada el pasado 11 de septiembre, y lleva la firma de los camaristas José Luis Aguilar, Ana Victoria Order y Simón Getzel. En la misma, se confirma el procesamiento contra el exsargento de la Policía del Chaco dictado el 3 de junio pasado por el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky. Además de la ampliación del procesamiento por el delito de "violación" se le suman los de "tormento agravado -psíquico y fìsico-" y de "privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia". Manader ya fue condenado a 25 años de prisión por su participación en tormentos agravados durante la última dictadura.

La clave: el testimonio de la víctima y de los testigos

La víctima -sobre quién decidimos preservar su identidad- fue detenida el 29 de abril de 1976 por una patota de civiles de la exBrigada de Investigaciones que era comandada por Gabino Manader. Fue en plena vía pública, en la esquina de avenida Belgrano y Tucumán (hoy Juan Domingo Perón) de la ciudad de Resistencia. Pero la mujer no se encontraba sola, estaba con su bebé de apenas ocho meses de edad. Ambos fueron capturados y traslados a la exBrigada de Investigaciones donde fue sometida a reiteradas torturas y violaciones, incluso frente a su pequeño hijo. Los hechos por los cuáles se pretende que Manader sea juzgado se sucedieron hasta el es de noviembre de 1976.

La denuncia y el declaración de la víctima y de también de varios testigos son los principales elementos en los que se basa la resolución de la Cámara de Apelaciones para confirmar la imputación por violación contra el exsargento de la policía del Chaco.

La violación como delito de lesa humanidad

El caso por el que se acusa de violación a Manader no es el primero que se tramita en la justicia federal del Chaco encuadrado en delitos de lesa humanidad e impulsado por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia. Actualmente, una causa ya se encuentra a instancias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia para que fije fecha del juicio oral y público. Será la primera vez que en el Chaco se juzgará a una violación como delito de lesa humanidad. También fue cometida en el Centro Clandestino de Detención de la exBrigada de Investigaciones del Chaco. En este caso, el único imputado es otro expolicía provincial, Albino Luis Borda.

Otros dos casos por violaciones se encuentran incorporados en la causa conocida como "Ligas Agrarias": una habría sido cometida en la Comisaría y la otra en la casa de una de las víctimas en la localidad de Villa Berthet, ubicada a casi 200 kilómetros de la ciudad de Resistencia.

El quinto caso vinculado con delitos de lesa humanidad se imputa a un represor por el delito de aborto por la pérdida de un embarazo de tres meses de una detenida política a causa de las torturas recibidas en la comisaría de la ciudad de San Bernardo.

¿Qué sucede en el país?

En noviembre de 2012, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, instruyó a los fiscales para que investiguen los casos de abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Hasta ese año sólo se había producido una sola condena por esos delitos. Posteriormente, se aprobó la "Guía de actuación para los Ministerios Públicos del Mercosur y países asociados -Venezuela, Ecuador y Chile-" por impulso de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal. A partir de ese momento se sucedieron un total de once sentencias por estos delitos sexuales, que fueron dictaras en la ciudad santafesina de Reconquista, Tucumán y Santiago del Estero, ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata, entre otras.

Basta de retrasos en el juzgamiento a los cómplices judiciales del terrorismo de Estado

Denuncian resistencias para juzgar a cómplices judiciales de la dictadura en el Chaco

27/10/2015 Organismos de derechos humanos del Chaco difundieron este martes un comunicado donde manifiestan su preocupación por la “resistencia judicial” para avanzar en el juzgamiento de los funcionarios judiciales cómplices del Terrorismo de Estado como el exjuez Angel Córdoba y del exfiscal federal Roberto Mazzoni

BASTA DE RETRASOS EN EL JUZGAMIENTO A LOS CÓMPLICES JUDICIALES DEL TERRORISMO DE ESTADO


Los organismos de DDHH y adherentes abajo firmantes queremos manifestar por la presente nuestra profunda preocupación ante la resistencia judicial de determinados magistrados del Poder Judicial Federal del Chaco en el juzgamiento de la complicidad y connivencia con el terrorismo de estado en el Chaco del Juez Federal Ángel Córdoba y del Fiscal Federal Roberto Mazzoni.

Ambos funcionarios judiciales se encuentran imputados, detenidos y procesados por delitos de lesa humanidad contra una decena de detenidos políticos alojados en el Centro Clandestino de la Brigada de Investigaciones y en la U7 y por el delito de Asociación Ilícita.
La detención e Indagatorias de Cordoba y Mazzoni se produjo hace ya tres años y medio y el auto de elevación a Juicio en dicha causa fue dictado por el Juez Federal Skidelsky hace ya más de un año; dicho juicio oral fue obstruido por claras maniobras dilatorias por parte de las defensas que lamentablemente encontraron acogida en la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

Así las cosas, se estaría estableciendo así un doble estándar probatorio, uno para los policías del Chaco y del Ejercito y otro más exigente para los funcionarios judiciales.
por delitos de Lesa Humanidad en el Chaco".

HIJOS CHACO
ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS POLÍTICOS
Abogados querellantes en causas de lesa humanidad
CPM CHACO
SECRETARÍA DE DDHH CHACO
COLECTIVO NACIONAL

miércoles, 13 de mayo de 2015

La justicia retomó la investigación sobre la represión a las Ligas Agrarias


Integrada por 20 mil familias, fue una de las organizaciones rurales más activas de los años '70 contra la agroindustria y el liberalismo

En 15 días concluirán los peritajes sobre los restos de Raúl Gómez Estigarribia y Carlos Piccoli, integrantes de ese colectivo. La dictadura arguyó que murieron en enfrentamientos, pero la justicia presume que fueron asesinados.

Gerardo Aranguren
La justicia retomó la investigación sobre la represión a las Ligas Agrarias

"Buscados" - Panfleto de la dictadurapara capturar militantes agrarios. A la derecha, Piccoli (arriba) y Gómez Estigarribia.

Las Ligas Agrarias fueron una de las organizaciones campesinas más importantes en el noreste argentino en la década del '70. Su poder de organización y movilización y su lucha contra los actores concentrados de la agrondustria la convirtieron en un enemigo a combatir por la Triple A primero y por la dictadura cívico- militar después, en beneficio de los los latifundistas, los oligopolios y multinacionales del sector.

Con la exhumación de los cuerpos de dos dirigentes campesinos, la justicia retomó en estos días la investigación de la brutal persecución y represión al movimiento liguista en la provincia de Chaco. Entre el lunes y el miércoles de la semana pasada, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) extrajo los cuerpos de Raúl Gómez Estigarribia y Carlos Piccoli. Fue parte de la investigación que busca determinar las causas de su muerte. Ambos fueron asesinados en supuestos enfrentamientos armados, según la versión oficial de ese momento, pero los fiscales Diego Vigay y Carlos Amad sostienen la hipótesis de que fueron víctimas de la represión desatada contra las Ligas Agrarias del Chaco.

Dentro de dos semanas ya estarán los primeros resultados sobre los cuerpos, en los que se buscarán rastros de las heridas de armas de fuego, fracturas o la presencia de proyectiles para intentar determinar las causas de la muertes de ambos militantes.
En el caso de Piccoli, dirigente de los Centros Juveniles Agrarios, se sabe que fue asesinado por la policía provincial en un retén en 1979. Sin embargo, la justicia intentará dilucidar si en realidad fue víctima de una emboscada, como sostiene su familia. 

Piccoli era buscado por las Fuerzas Armadas desde 1975, a pesar de eso había logrado salir del país, tras pasar varios meses en el monte. Se exilió en España y regresó en 1979 en el marco de la Contraofensiva de Montoneros. Fue sorprendido por la policía cuando iba en bicicleta en un camino vecinal en la zona rural de Sáenz Peña, y asesinado.

En cuanto a Gómez Estigarribia, maestro y dirigente rural, la pericia buscará probar que se trató de un asesinato y no de un accidente, como señaló el certificado de defunción que emitió la justicia de la época.
Según pudo reconstruir la fiscalía, el 12 de febrero de 1977 Gómez Estibarribia había organizado una reunión  en un domicilio de la localidad de Corzuela. Allí fue atacado por cinco efectivos policiales ni bien llegó. Como causa de muerte figura "accidente" a pesar de las heridas de bala por todo su cuerpo.
LAS LIGAS AGRARIAS. Los asesinatos de Piccoli y Gómez Estigarribia se produjeron en un contexto de persecución sistemática de los movimientos campesinos, de los que las Ligas Agrarias fueron uno de los más importantes: llegó a agrupar más de 20 mil familias en las provincias del noreste del país.
Esta organización surgió a fines de los '60, durante una crisis del sector agrícola, con aumento en el precio de los insumos y el descenso en el de las cosechas. "Miles de familias campesinas del interior de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y del norte de Santa Fe debieron abandonar sus tierras o entregarlas como pago de deudas, para escapar al hambre y la miseria", explicó en detalle un informe lanzado hace unos años  por el Registro Único de la Verdad de Chaco e HIJOS de Chaco.

En ese marco de crisis económica, pequeños y medianos productores comenzaron a organizarse, influidos por las ideas de la Teología de la Liberación y el cooperativismo. Las primeras en conformarse fueron las Ligas Agrarias Chaqueñas (LACh), nacida como una alianza entre los productores de la Unión de Cooperativas Algodoneras y jóvenes del Movimiento Rural de la Acción Católica Argentina.

La asamblea fundacional fue a fines de 1970, cuando se realizó el Primer Cabildo Abierto en la localidad algodonera Roque Sáenz Peña, ubicada a 170 kilómetros de la capital provincial, Resistencia. Se reunieron unos 5000 productores bajo el lema "Grita lo que sientes". En 1972 ya lograron movilizar a Resistencia 10 mil productores del Chaco y del norte de Santa Fe en reclamo de mejoras en el precio del algodón y políticas de Estado para el sector campesino.
"Cuando finalizó la dictadura de Onganía (1970), había una efervescencia de los movimientos populares y sindicatos obreros. Las primeras movilizaciones importantes surgieron antes de la conformación de las Ligas con las movilizaciones del obispo Ítalo Distefano y la juventud agraria, que tenía dos vertientes principales, la Acción Católica con un desarrollo importante en pequeños productores, y los sectores juveniles de cooperativas agrarias. Estas dos corrientes generaron las primeras marchas de resistencia y llegaron a constituir las Ligas", resumió en diálogo con Tiempo Osvaldo Lovey, secretario general de las Ligas entre 1970 y 1975. 

LA REPRESIÓN. Un año antes del golpe de Estado comenzó la represión contra el movimiento rural, luego de una huelga de 35 días que forzó un aumento en el precio del girasol. Fue el propio Lovey el primero en ser detenido y torturado junto a su esposa y otros dirigentes de las Ligas en abril de 1975. 

"La represión apuntó a desarticular el poder de movilización y protesta que adquirieron estos movimientos. No tenía vinculación con ninguna acción armada porque no se generaron acciones armadas en el ámbito de las luchas campesinas, la cosa apuntó a desarticular, aniquilar su dirigencia e instaurar un modelo económico de concentración", analizó Lovey.
Producto de esa persecución, los campesinos fueron expulsados del campo y las cooperativas destruidas. "Hubo un despojo alevoso, en 1978 se embargaron 3000 tractores, y después se embargaron los campos. Se concentró el poder económico e incrementó del éxodo rural", agregó el dirigente.

Al momento del golpe, los dirigentes más visibles ya habían pasado a la clandestinidad y se habían instalado en el monte, entre ellos estaban Lovey, Remo Vénica y su esposa Irmina Kleiner, Carlos Orianski y Carlos Piccoli, entre otros. 

En ese momento, la represión se profundizó. El Ejército ocupó las áreas rurales de Chaco en lo que llamó Operativo Toba II, un centenar de campesinos fueron detenidos y forzó la huida de la dirección de las Ligas. En varios comunicados, firmados por el General de Brigada Cristino Nicolaides, se difundían las fotos de los dirigentes liguistas para su captura por considerarlos "componentes de la organización subversiva declarada ilegal", es decir Montoneros.
Orianski, asesor de las Ligas, quien había llegado a trabajar con el ministro de Economía José Ber Gelbard, fue capturado en octubre de 1976 por el Ejército y llevado en un helicóptero con destino desconocido. 

El resto pasó varios años en el monte, ayudados por  hacheros y campesino de Chaco. Un grupo llegó a recorrer 200 kilómetros a pie para refugiarse en el norte de Santa Fe. La mayoría logró salir del país antes del Mundial de Fútbol. Tras un breve exilio, algunos decidieron volver en el marco de la Contraofensiva y fueron capturados tal fue el caso de Piccoli, Armando Molina, Hugo Voccouber y Luis Fleitas, quienes permanecen desaparecidos. 

martes, 25 de noviembre de 2014

La represión a las Ligas Agrarias

Indagación judicial e histórica sobre los crímenes de lesa humanidad en Chaco

La Unidad Fiscal de crímenes de lesa humanidad de Chaco investiga el asesinato y la desaparición de seis dirigentes del movimiento de pequeños campesinos en el que también participaban miembros de organizaciones armadas y religiosos.

Las Ligas Agrarias llegaron a nuclear a más de 20 mil familias en el nordeste argentino. Fue uno de los movimientos sociales más importantes, una herramienta de organización entre pequeños y medianos agricultores que en los años ’60 enfrentaba la lógica de los monopolios, comercializadores y latifundios. A partir de 1975, sufrieron persecuciones que se incrementaron con el golpe de 1976. La Unidad Fiscal que se ocupa de los crímenes de lesa humanidad de Chaco investiga el asesinato y desaparición de seis de sus dirigentes y militantes y a la vez intenta un camino documental para reconstruir en términos históricos la represión sobre la organización. La semana pasada, el RUV (Registro Unico de la Verdad), HIJOS de Chaco y la Comisión Provincial por la Memoria entregaron documentación a víctimas y sus familias.

“Entendemos que la reparación –dice el fiscal Diego Vigay–, además del juzgamiento de los responsables, debe contener la recuperación de la memoria histórica, con una especial participación de los familiares de las víctimas, a quienes tantas veces se les negó la información sobre el paradero de sus seres queridos, y quienes en distintas circunstancias fueran vilipendiados por ser familiares y en muchos casos incluso siguen buscando a sus seres queridos en la actualidad.”

Las Ligas Agrarias nuclearon uno de los nudos de la represión en el norte argentino. En el movimiento confluyeron dirigentes y militantes de bases campesinas, pero también integrantes de distintas organizaciones armadas y movimientos de curas y de monjas comprometidos con la opción por los pobres. Entre ellos estuvo Alice Domon, la monja francesa que trabajó en el pueblo correntino de Perugorría y años después fue asesinada en la Escuela de Mecánica de la Armada.

“El primer cabildo abierto del agro chaqueño se realizó el 14 de noviembre de 1970 en Roque Sáenz Peña, zona algodonera por excelencia”, señala un informe de la fiscalía. “Bajo el lema ‘Grita lo que sientes’, cinco mil productores se reunieron para discutir sus reivindicaciones y la necesidad de una organización; a medida que las ligas aumentaron su convocatoria, se promovieron protestas masivas y huelgas rurales, y entre ellos empezó a gestarse un discurso antimonopólico y antiimperialista”.

Una de las movilizaciones más importantes de esa evolución fue la del 31 de enero de 1972: unos diez mil productores de Chaco y de Santa Fe se desplazaron sobre Resistencia.

“Luego del 24 de marzo de 1976 el movimiento liguista fue cruentamente reprimido por el terrorismo de Estado”, explica un informe de la fiscalía. “Tanto sus principales dirigentes como las bases fueron perseguidos, muchos asesinados y desaparecidos en un contexto en el que la dictadura iba a restablecer los privilegios de monopolios y latifundios.”

A lo largo de este año, la fiscalía reconstruyó parte de esa historia de represión. Con el RUV e HIJOS tomó fuentes testimoniales de sobrevivientes y de familiares de los desaparecidos y también documentación oficial de los expedientes de la Ley 20.840. Con esa información, se organizó la base de la causa. En el expediente se investigan tres homicidios: el de Juan Sokol, producido durante la tortura en la alcaldía de Sáenz Peña, y los de Raúl Eduardo Gómez Estigarribia y Carlos Píccoli, que fueron asesinados y luego se encubrieron los crímenes con la figura del enfrentamiento. También investigan las desapariciones forzadas de Carlos Héctor Orianski, Secundino Taco Vallejos y Armando Molinas. En el expediente se abrieron y derivaron a Buenos Aires las averiguaciones por los secuestros de dos integrantes de Montoneros retornados durante la Contraofensiva de 1980: Hugo Vocouber y Luis Fleitas.

Uno de los datos que surgió en la investigación es que, si bien no puede determinarse cuándo comenzó la persecución contra las Ligas Agrarias, puede advertirse que a partir de los últimos meses de 1975 hubo un incremento de la represión. Existieron “arrestos masivos” y “torturas contra los detenidos”. Uno de los casos emblemáticos de esa época es la detención de Osvaldo Lovey, ocurrida en abril de 1975. Lovey en ese momento era subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la provincia. A partir de marzo de 1976, los niveles de represión aumentaron. Hubo dirigentes que tuvieron que esconderse en el monte. Entre ellos, se mencionan los caso de Oscar Mato, Carlos Píccoli, Carlos Orianski, Armando Molinas, Remo Vernika e Irmina Kleiner. La persecución se extendió durante años: Píccoli fue asesinado en 1979 cuando había regresado al país y a la provincia.

“El fin del operativo era eliminar este foco de resistencia y militancia rural que en esa época luchaba por un mejor precio del algodón –dice el informe de la fiscalía–, también pretendieron establecer reformas que aún no se pudieron establecer. La lucha agraria le costó mucha sangre a esta organización que fue diezmada en poco tiempo.”

El homenaje

La Asociación Civil de Derechos Humanos Memoria y Justicia Social, de Sáenz Peña, y la Comisión Provincial por la Memoria de Chaco realizaron un homenaje a los militantes de las Ligas Agrarias y allí entregaron la documentación recopilada sobre este movimiento a los familiares de las víctimas. Los organizadores señalaron: “Queremos activar la memoria y mantenerla viva, porque estamos convencidos de que conociendo la historia se ilumina el presente y se genera el futuro en la vida de los pueblos. Reconocemos que las Ligas Agrarias hicieron verdadera cultura luchando por la libertad de los pueblos desde el trabajo de la tierra, la educación de sus hijos y el compromiso hasta entregar la vida en busca de justicia”. Entre los papeles a los que accedieron los familiares había recortes periodísticos de la época y copias de la revista El Campesino, que fue el órgano oficial del movimiento así como documentación vinculada con la búsqueda de los desaparecidos.