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miércoles, 6 de marzo de 2013

Masacre Margarita Belén : "no estaban para fugas"

Norberto Tozzo ampliará su declaración indagatoria el próximo viernes
Este martes declararon los exdetenidos Carlos Aranda y Carlos Aguirre, y el guardiacárcel retirado Juan Ramón Rodríguez Valiente, cuya participación en la entrega de los detenidos de Alcaidía que fueron fusilados será objeto de investigación.

El próximo viernes la audiencia comenzará a las 7:14 de la mañana con las palabras del único imputado de la causa, luego se escuchará el testimonio de una exdetenida política y el de un exintegrante del Destacamento de Inteligencia 124.

La causa judicial por las cuatro desapariciones forzadas en la Masacre de Margarita Belén que se imputan al capitán de Inteligencia de Ejército Norberto Raúl Tozzo cumplió su cuarto día de audiencia en una jornada -en la que hubo declaraciones testimoniales y la noticia de un próximo testigo- con la declaración de los exdetenidos políticos Carlos Aranda y Carlos Aguirre, con más detalles de la nula posibilidad de fuga o rescate durante los traslados de presos políticos, el testimonio del guardiacárcel Juan Ramón Rodríguez Valiente -que ingresó a la sala como testigo y la abandonó como posible imputado- requerido por la Fiscalía para la investigación de su responsabilidad durante la noche del 12 y la madrugada del 13 de diciembre, y por último la noticia de un nuevo testigo incorporado a la causa. Se trata del abogado Ermindo Navarro, integrante del área administrativa del Destacamento de Inteligencia 124, con sede en Resistencia, entre 1975 y 1976.

En septiembre de 2008 Navarro declaró ante el juez Federal de Posadas Ramón Chavez que tanto Carnero Sabol (condenado en la causa Masacre de MB I) como Tozzo “participaban en grupos de tareas, junto con personal de otras instituciones”, por lo que el fiscal Carlos Amad solicitó se citara a Navarro a declarar este viernes. Otro dato de interés de la declaración de Navarro es que señala la dependencia jurisdiccional de Posadas respecto del D124, otro indicio que viene a avalar la versión del secuestro del desparecido Fernando Piérola en Posadas, en un operativo liderado por Tozzo. La causa pasó a cuarto intermedio hasta el viernes 8 de marzo. La audiencia comenzará a las 7:15 de la mañana y se espera los testimonios de la exdetenida política y compañera de Piérola María Julia Morresi y del abogado Ermindo Navarro. Además, Tozzo realizará una ampliación de su declaración del pasado 1º de marzo.

Testigo 'complicado'.

 Un día antes, los “palos” fueron para el guardiacárcel Pablo Casco (procesado por falso testimonio) por su desempeño el 12 diciembre en la cárcel U7, y desde la desde la Fiscalía se solicitó la correspondiente investigación. Esta vez el relato de los hechos giró en torno a lo ocurrido en la Alcaidía, sede de la fenomenal golpiza con la que se inició la Masacre de Margarita Belén por lo cual el complicado fue el guardiacárcel Juan Ramón Rodríguez Valiente, que ingresó a la sala del TOF como testigo y la abandonó como posible imputado luego de que el Tribunal decidiera dar por concluido su testimonio para evitar la autoincriminación del declarante.
Rodríguez Valiente cumplió funciones como “oficial sub-ayudante encargado de la oficina de mayoría” en la Alcaidía desde 1974 hasta 1979. La noche del 12 de diciembre fue el encargado de los trámites administrativos para la entrega de los detenidos políticos que fueron trasladados por  convoy militar y fusilados en la madrugada del 13. A diferencia de su anterior testimonio en la causa por la Masacre I, esta vez Rodríguez Valiente no supo o no pudo responder con precisión las preguntas de la Fiscalía y de las querellas, y se lo notó nervioso ante la insistencia de la parte acusadora, en la que el fiscal Amad llevaba la voz cantante.

"No sabe, no contesta".

Dijo no tener conocimiento de torturas en el comedor de la Alcaidía (en ese momento estaba durmiendo), contestó con evasivas cuando se le preguntó por los fusilamientos del día 13 y recalcó que su participación se acotó a la tramitación de los documentos de traslado. Reconoció que lo normal eran los traslados efectuados por personal del Servicio Penitenciario en horas de la siesta los días hábiles, y manifestó que no le constan ni motines ni intentos de fuga.

Rodríguez Valiente tiene un hermano, José Francisco, oficial sumariante de la Brigada de Investigaciones, que fue condenado en la Causa Caballero por crímenes gravísimos a detenidos políticos.

A medida que se avanzaba en el cuestionario se hacía evidente que el testigo corría serio riesgo de autoincriminarse, y ante lo peliagudo de su situación el Tribunal decidió dar por terminado su testimonio y corrió vista a la Fiscalía de instrucción para que se dilucidara su responsabilidad. El abogado Mario Bosch aclaró que desde la querella se pidió que Valiente fuera “requerido” en 2002, poco después de la reapertura de la causa “junto con 48 otras más personas, entre las que hay sectores de la justicia y de la sociedad civil por las responsabilidades que podrían haber tenido durante la última dictadura militar”.

Testigos exdetenidos.

Con la tranquilidad de la experiencia producto de haber testimoniado infinidad de veces a lo largo de todos estos años los exdetenidos políticos Carlos Aranda y Carlos Aguirre confirmaron, cada uno por separado, lo escuchado en días anteriores: la noche del 12 de diciembre un grupo de presos fueron concentrados en el comedor de la Alcaidía para ser salvajemente torturados. Ni desde adentro ni desde afuera era viable la organización de una fuga o rescate. También refirieron haber visto a varios compañeros de militancia que permanecen desaparecidos y se presume pueden haber sido ultimados en la Masacre de MB.Carlos Aguirre vio a la desaparecida Delicia González, a Emma Beatriz Cabral, a Fernando Piérola y Carlos Zamudio en la Brigada de Investigaciones. Con los dos últimos fue trasladado a la Alcaidía el 4 de diciembre.

En la Jefatura de Policía Carlos Aranda fue “careado” por sus torturadores con Raúl María Cairé y Zapata Soñez, a quienes negó conocer, lo que motivó más torturas. También se cruzó con Enrique Tereszecuk, muy lastimado después de haber sido torturado con la mayor crueldad. Aranda ayudó a higienizarse a Tereszecuk, que no podía valerse por sus propios medios.

El 13 de diciembre en la Alcaidía.

El 23 de noviembre fue trasladado a la Alcaidía: “La noche del 12 nos dijeron que nos pongamos de cara contra la pared de los calabozos y que no nos moviéramos. En el silencio se podía escuchar un golpeteo grave, el taconeo de las botas de muchos milicos ingresando a la cárcel” recordó. Aranda dijo que poco después comenzaron a escuchar los gritos y los golpes in crescendo: “A más de un compañero lo mataron a golpes esa noche” sostuvo.

“El miedo se podía tocar” graficó Aguirre, cuya celda, la número 2, estaba pocos metros del comedor donde tuvo lugar la paliza, que calcula duró varias horas. En un momento vio cómo Fernando Piérola era llevado en andas porque los tobillos lacerados le impedían caminar. Al otro día los presos comunes le contaron que habían visto cuerpos inertes siendo cargados a la caja de un camión.

“No estaban para fugas” respondió cuando se lo consultó al respecto; en primer lugar por el estado físico de los detenidos, “pero además, porque era imposible para Montoneros realizar cualquier acción  de este tipo porque no había logística y la organización había sido infiltrada a fines del 75 y en abril y noviembre del 76 la conducción de la regional había sido descabezada” contó.

Así finalizó la cuarta jornada del segundo juicio oral por la Masacre de Margarita Belén. La causa entró en receso hasta el viernes 8, fecha en la que reanudará actividad con dos testimoniales y la ampliación declaratoria del único imputado Norberto Tozzo

domingo, 7 de octubre de 2012

Testigo afirmó que Musa Azar Curi torturaba en Chaco


Crudo relato de Nora Giménez, quien reveló la conexión del represor con altos mandos de fuerzas militares y policiales de esa provincia. El TOF pidió informes sobre el destino de cuerpos quemados.

La testigo Nora del Valle Giménez aportó datos reveladores durante la audiencia de ayer, al sostener que “Musa Azar me detuvo y torturó en Chaco”, hecho que confirma la conexión entre el grupo de tareas liderado por el represor santiagueño y fuerzas de seguridad de otras provincias.
Giménez, oriunda de la ciudad de Frías, mencionó durante su declaración la conexión entre el represor y policías de otras provincias para la represión ilegal. “Musa Azar me torturó a cara descubierta, identificándose con nombre y apellido; a mí me detuvieron en Resistencia, él me visitó con una delegación de Santiago del Estero en junio de 1976 y mediante torturas buscaba información”, indicó en tal sentido.
En ese contexto, la sobreviviente reveló que “Musa Azar era recibido en Chaco por los más altos jefes militares y policiales, en noviembre de 1976 cuando va a interrogarme y decirme que estaba haciendo las gestiones para traerme a Santiago, se reunió con el coronel Larrategui, quien estaba a cargo de la unidad militar que administraba Corrientes y Chaco”.
Finalmente, Giménez señaló que, a raíz de amenazas públicas por parte de Azar Curi, tuvo que irse de la provincia para no volver más.

CASTILLO
Hermanos de desaparecida contaron el calvario familiar

La audiencia finalizó con las declaraciones de tres hermanos de Marta Azucena Castillo, socióloga secuestrada por agentes del DIP y que según testimonios fue vista en un centro clandestino de Tucumán.
Manuel Alberto, Miguel Ángel y Marcelo Alejandro Castillo relataron que su hermana salió de su domicilio a realizar un trámite, en horas de la tarde, y que nunca más supieron de ella. 
Recordaron que entonces el dolor y el temor se adueñaron de la familia y que vanos fueron los esfuerzos en la búsqueda de información y que al frente de esa tarea estuvo el fallecido referente del MST, Mario Castillo, hermano de la víctima. 
Uno de ellos fue al DIP a preguntar por Marta y recibió como respuesta la amenaza de un guardia que estaba armado. Había acudido a ese sitio porque le comentaron que su familiar fue secuestrada por efectivos del organismo que dirigía Musa Azar Curi. 
También pasaron frente al tribunal dos mujeres que cumplieron funciones en el DIP, Liliana Bonahora y Mabel Goitea, pero que no aportaron datos relevantes.

TESTIGO
"Reprimieron a juventudes que militaban en la política"

El testigo Tomás Coulter, de la ciudad de Añatuya, manifestó durante su testimonio que ‘en los tiempos de dictadura, se reprimieron a las juventudes que militaban en política, hicieron un gran daño a la sociedad’. 
Coulter recordó que fue detenido ilegalmente el 14 de diciembre de 1974 y que nunca se olvidó de la fecha por tratarse de su cumpleaños. Posteriormente fue llevado a la Side y los primeros diez días de su detención permaneció sentado en una silla en el patio. 
Una noche fue llevado al sótano donde Ramiro López, Musa Azar y otras personas lo sometieron a una golpiza. Cuando lo sacaron de la sesión de torturas, Marino hizo que le quitaran las vendas, lo desatasen y pasó la noche en un patio. 
Coulter dijo que consideraba que fue detenido por su actividad política y en ese contexto expresó que “hubo muchos compañeros que no volví a ver, así que espero que por ellos se haga haga justicia”.

jueves, 12 de julio de 2012

El imputado negó las acusaciones en el inicio del juicio por amenazas a investigadores de crímenes de lesa humanidad

El ex policía y personal civil de inteligencia (PCI), Juan José Luis Gil, negó las acusaciones del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, que comenzó a juzgarlo por presuntas amenazas contra investigadores de causas por crímenes de lesa humanidad, informaron voceros oficiales.
Gil, de 67 años, hizo uso de su derecho a prestar declaración ante los integrantes del Tribunal y negó ser quien abrió la cuenta de correo electrónico desde la cual se enviaron amenazas contra los fiscales federales Roberto Salum y José Ignacio Candioti, y otras personas vinculadas a un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura militar en Reconquista.
De esa forma, negó ser quien abrió la cuenta de correo negritovega16@yahoo.com.ar, de la que partieron las amenazas a militantes de organismos de derechos humanos y querellantes de la denominada Causa número 50 "Base Aérea”, que investiga los delitos de la represión ilegal en Reconquista durante la dictadura.
Mediante los correos, firmados por una presunta organización secreta llamada "La hermandad", se acusaba a los funcionarios judiciales de que era una "causa armada" por la Fiscalía, aunque la amenaza más fuerte daba cuenta de la "ejecución" de los fiscales Candioti y Salum, y del abogado Gabriel Hernández.
Gil fue procesado en diciembre de 2009 por el juez federal de Reconquista, Mario Alurralde, por los delitos de "amenazas y coacciones agravadas", luego de dar por probado que algunos mails salieron desde la conexión de la empresa Arnet a nombre del acusado.
Los delitos que se le imputan tienen una pena prevista que va de los cinco a los diez años de prisión.
Alurralde elevó la causa a juicio oral el año pasado, por lo que Gil comenzó a ser juzgado hoy por el Tribunal Oral integrado por los jueces María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Roberto López Arango, en tanto es fiscal Martín Suárez Faisal.
Desde la querella, Daniel Boccoli, director del Programa Provincial de Protección de Testigos y Querellantes, consideró que se trata de "una causa muy importante porque es la primera en la Argentina en la que se va a juzgar el delito de amenazas en el curso de un juicio por delitos de lesa humanidad".
"Vamos a ver qué resultado tiene este juicio, los jueces dirá, pero esto lo que está diciendo es que no hay impunidad para hechos del pasado y tampoco del presente, porque éste es un hecho del presente", añadió el funcionario.
Boccoli remarcó que "es la primera vez en la que se detiene a alguien que está imputado por amenazas y es juzgado".
"Este señor (Gil) mandó una serie de mails amenazando a funcionarios judiciales, a concejales, a querellantes y a testigos y se hizo una investigación donde trabajo la Nación junto a la provincia, y a través de la investigación se llegó a determinar que los mails fueron enviados por esta persona y esto es en definitiva lo que se va a discutir en este juicio", añadió.
Además, dijo que "las amenazas hacían referencia a un supuesto grupo de Reconquista, que se autodenomina `La Hermandad` y lo que tenían eran amenazas concretas diciendo que no se investigara, que no se avanzara en la investigación de delitos de lesa humanidad".
Alurralde elevó la causa a juicio oral el año pasado, por lo que Gil comenzó a ser juzgado hoy por el Tribunal Oral integrado por los jueces María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Roberto López Arango, en tanto es fiscal Martín Suárez Faisal.
En esta primera jornada se realizó la lectura de la elevación a juicio y la declaración del imputado, aunque debido a demoras la comparecencia de los primeros testigos iba a ser reprogramada por los jueces al final de la jornada.
Uno de los testigos, Héctor Raúl Borsatti, miembro de la Agrupación Norte Amplio, dijo que "personal informático de la policía" comprobó que los correos amenazantes "fueron armados en un ciber vecino al domicilio del imputado, pero el imputado los abría en su propio domicilio".
La pesquisa determinó que los correos electrónicos de tono amenazante, enviados entre abril y junio de 2009, se originaron en la casa de Gil y desde un cibercafé ubicado a pocos metros, por lo cual fue apresado el 6 de octubre del mismo año.

miércoles, 4 de agosto de 2010

"Causa Caballero" contra ex represores

Juicio oral y público a ex represores acusados de haber perpetrado crímenes de lesa humanidad en los años ‘70, un proceso de características históricas porque es el primero en su tipo dentro del Chaco.  Los acusados son 12 ex policías y militares.

Afuera del salón donde se lleva adelante el primer juicio oral y público contra crímenes de lesa humanidad, se encuentran varias varias organizaciones vinculadas la mayoría con entidades defensoras de los derechos humanos. 

En el marco de un gran operativo de seguridad, en la primer audiencia se constituyó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal que procedió a las lecturas de rigor sobre la causa Nº 1169/99 y las declaraciones de imputados y denunciantes. Se extenderá hasta las 13 para continuar mañana jueves. 

El juicio revisará principalmente lo ocurrido en el ámbito de la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco, antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, con el que se inició la última dictadura militar.
La audiencia se iniciará a las 8, en un contexto de duras críticas a la cabeza del Poder Judicial del Chaco, ya que el Superior Tribunal de Justicia denegó un pedido del Tribunal Oral Federal para que el proceso se desarrolle en el salón de usos múltiples del STJ, mucho más apto para la tramitación del juicio que el recinto universitario en el que finalmente se hará. 

El tribunal que conducirá el debate y que luego dictará el fallo correspondiente estará presidido por Victor Antonio Alonso e integrado además por Lucrecia Rojas de Badaró y Manuel Antonio Jesús Moreira.
Los acusados son doce: Gabino Manader, Lucio Humberto Caballero, José Francisco Rodríguez, Ramón Esteban Meza, José Marín (más conocido por su alias Cabo Sotelo), Enzo Breard, Ramón Andrés Gandola , José Tadeo Luis Bettolli, Luis Alberto Patetta (también acusado en la causa por la Masacre de Margarita Belén), Oscar Alberto Galarza, Rubén Hector Roldán y Francisco Orlando Alvarez. 

Debían también ser juzgados pero murieron José María Cardozo, Alberto Horacio Valussi y el ex fiscal federal Carlos Eduardo Flores Leyes. Durante el proceso judicial también fallecieron otras figuras de la represión ilegal como Carlos Alcides Thomas (el temible jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco en los ’70), Wenceslao Ceniquel (jefe de la fuerza provincial en la misma etapa), Oscar Octavio Ayala y Carlos Silva Longui. 

El juzgamiento es en relación a 27 víctimas, sobre un total de centenares que pasaron por los centros clandestinos de detención y desaparición forzada de personas. La segunda parte de la Causa Caballero, ha iniciado las audiencias en el mes de agosto, e involucrará a otros imputados. Allí estaría otro ex fiscal federal, Roberto Domingo Mazzoni.