domingo, 10 de marzo de 2013

Juicio por la Masacre de Margarita Belén II : “Él los mató, él sabe donde están”

Lo afirmó Gustavo Piérola durante la declaración indagatoria de Norberto Tozzo, imputado por la desaparición de su hermano y otros tres presos políticos en la Masacre de Margarita Belén. La causa pasó a cuarto intermedio hasta el 19 de marzo, cuando comenzará la ronda de alegatos de Querella y Fiscalía.
El represor Tozzo amplió su declaración en la quinta jornada del juicio

El quinto día de audiencia de la causa que investiga cuatro casos de desapariciones en la Masacre de Margarita Belén comenzó poco después de las 7:15 del viernes 8 con la declaración de los testigos Ermindo Navarro -desde Misiones por videoconferencia- y de la exdetenida política María Julia Morresi, que lo hizo ante el Tribunal y las partes, a puerta cerrada. Luego fue el turno del imputado Norberto Tozzo, que realizó una ampliación de su declaración indagatoria del 1º de marzo pasado en la que negó su participación en el convoy de traslado del 13 de diciembre y alegó haber sido obligado por el entonces Coronel Armando Hornos a firmar una declaración en la que asentía su participación en el hecho bajo amenaza de muerte.

Tozzo se presentó como un militar peronista cercano a la tendencia revolucionaria del movimiento y minimizó la importancia de las operaciones de Inteligencia en la represión alegando que la mayoría de las de detenciones de opositores políticos se produjeron por la delación de vecinos alertados por “groseras fallas en su sistema de seguridad”. Además manifestó que decidió someterse al presente juicio por propia voluntad, como si su fuga no hubiese existido, y negó tener información sobre el paradero de los desaparecidos. Incluso se permitió una comparación por demás obscena; dijo entender el “terrible dolor de las familias de estas cuatro víctimas” en base al profundo nerviosismo que le produjo haber perdido durante cuatro horas a su hijo de tres años en un balneario de Mar del Plata.

“No sean cómplices”

Cuando terminó su declaración, Tozzo pidió ser dispensado de contestar preguntas. Fue entonces cuando Gustavo Piérola, hermano del desaparecido Fernando, con el empuje de más de treinta años de búsqueda sobre sus hombros, desató el momento más caliente de un juicio caracterizado por la tranquilidad: “Él los mató, él sabe dónde están” exclamó, de pie, en el centro del sector reservado al público, a lo que sobrevino la enérgica amonestación del presidente del tribunal García Wenk, que lo echó del recinto. Solícito, Piérola abandonó la sala pero retrucó “Ustedes no sean cómplices”, lo cual ofuscó aún más al juez, que advirtió contra los “exabruptos” que atenten al derecho de defensa del imputado con tal énfasis que la sala de audiencia quedó muda, inmóvil, con todos los presentes tal y como “alumnos en capilla”.

Pero enseguida sobrevino la calma, y con la ampliación indagatoria cumplida, el Tribunal y la parte acusadora discutieron en torno a la duración de los alegatos, pautados para el 19 y 20 de marzo.

Los jueces estipularon darle cuarenta minutos a cada alegato; querellantes y fiscales pidieron dos horas y media, por lo que luego de un tire y afloje con cuarto intermedio incluido el Tribunal concedió una hora y media y nada más para cada una de las tres querellas junto con la Fiscalía. La causa entra en etapa de definiciones y existe la posibilidad de contar con una sentencia en los días cercanos al 24 de marzo.

El “compañero” Tozzo (2013)
Durante algo más de una hora Tozzo dio una versión de su pasado, en el que se presenta como un militar de extracción peronista, incluso cercano a la tendencia revolucionaria del movimiento y caído en desgracia en el Ejército por su filiación política: "Viví las injusticias de la dictadura (de Lanusse) igual que esos jóvenes que ahora son víctimas (…) y en acto del doctor Cámpora en Avellaneda marché al costado de las columnas de Montoneros" (desde la Fiscalía señalaron que olvidó aclarar que efectivamente lo hizo, pero en el marco de tareas de espionaje). "Fui dado de baja por montonero pero no lo fui, quería lo mismo que todos esos muchachos pero una vía democrática" sostuvo. Contó que el enfrentamiento de Ezeiza fue “una gran desilusión” y que las tareas de Inteligencia que realizaba “no estaban destinadas a combatir al pueblo, eran un aporte a la causa peronista; además la SIDE la creó Perón”.

En relación con la Masacre negó totalmente su participación, alegando que fue obligado a firmar una declaración en la que manifestaba haber participado en los hechos del 13 de diciembre por el Cnel. Hornos, uno de los jefes del Destacamento de Inteligencia 124: “Me dijo que si no firmaba me mataban”. Al respecto comentó que temió mucho por su vida, y negó ser parte de un pacto de silencio militar “porque al Ejército no le debo nada”.

El reclamo de 1980

En 1980 Tozzo fue dado de baja del Ejército con la calificación de “inepto para las funciones de su grado”, ante lo cual presentó un reclamo a sus superiores en el que justificaba su petición con un detalle de su accionar en nuestra región que contradice de cabo a rabo su declaración en el presente juicio. En el escrito Tozzo declara haber intervenido en el asesoramiento y ejecución de numerosas “actividades especiales de Inteligencia”, desde operativos clandestinos, interrogatorios y detenciones a opositores políticos, y describe su participación en los siguientes términos: “Durante los años 1976, 1977 y 1978 operé en toda la jurisdicción del Destacamento; en breve síntesis puedo decir que intervine en el asesoramiento, el planeamiento y la ejecución de numerosas actividades especiales de Inteligencia y de algunos otros procedimientos que contribuyeron para que al término de dos años y medio se descabezara en cinco oportunidades la conducción regional de Montoneros, aniquilándolos en Resistencia, Goya, Posadas y Formosa.”

Siempre según su propio relato, al poco tiempo de llegar a Resistencia en 1975, Tozzo percibe “la rivalidad entre policía y grupos peronistas de izquierda” y decide actuar para explotar esa situación “beneficio de la fuerza. Decide entonces “retomar la ofensiva en las calles” y “ganar la policía para el Ejército”, para lo cual cuenta con la ayuda de “algunos colaboradores civiles que mantenían estrecho contacto con la Unidad. Tozzo cuenta que comenzó a operar de manera clandestina en connivencia con la policía del Chaco (cabe aclarar que está probado judicialmente que fue la “patota” de torturadores de la Brigada de Investigaciones liderada por Carlos Thomas la encargada de la represión por motivos políticos). “(…) Lo primero que hice fue despojarme de las atribuciones de mi grado cuando operaba con ellos, viajaba en la caja de las camionetas, en la cabina iban oficiales y agentes de policía, me encargaba del manejo de los presos, compartía sus comidas, lugares de alojamiento, que en el interior de la provincia no son precisamente cómodos e intervenía directamente en los interrogatorios”.

 En otro pasaje del escrito Tozzo alega haber tenido un papel protagónico en la represión posterior al golpe de Estado: “Participé activamente en la confección de las listas de personas a detener el 24 de marzo de 1976 e intervine en la ejecución de dicha orden, como así también en los interrogatorios posteriores”. Luego Tozzo manifiesta de manera explícita su adhesión a la represión; “voluntariamente inicié una doble tarea, sin mediar orden superior, lo que evidencia el grado de compenetración que tenía con la filosofía y los ideales de la fuerza (…) Con respecto a la represión del peronismo la hice a todas sus tendencias, la izquierda, la ortodoxa, la de las mesas de trabajo y la de transvasamiento generacional. Esto se puede comprobar consultado la documentación que obra en la Unidad”. Hacia el final refiere que era tal la confianza que le tenían sus superiores que no necesitaba pedir audiencia para ser recibido. En una oportunidad llegó a exponer personalmente “una situación” a los generales Díaz Bessone y Nicolaides: “Alrededor de las 22. 30 horas, asesorándolos para que luego se tomara una resolución que comprometiera a la Fuerza y al Gobierno PRN, siendo posteriormente uno de sus ejecutores”.

 Informe: Prensa Comisión Provincial por la Memoria Chaco

miércoles, 6 de marzo de 2013

Masacre Margarita Belén : "no estaban para fugas"

Norberto Tozzo ampliará su declaración indagatoria el próximo viernes
Este martes declararon los exdetenidos Carlos Aranda y Carlos Aguirre, y el guardiacárcel retirado Juan Ramón Rodríguez Valiente, cuya participación en la entrega de los detenidos de Alcaidía que fueron fusilados será objeto de investigación.

El próximo viernes la audiencia comenzará a las 7:14 de la mañana con las palabras del único imputado de la causa, luego se escuchará el testimonio de una exdetenida política y el de un exintegrante del Destacamento de Inteligencia 124.

La causa judicial por las cuatro desapariciones forzadas en la Masacre de Margarita Belén que se imputan al capitán de Inteligencia de Ejército Norberto Raúl Tozzo cumplió su cuarto día de audiencia en una jornada -en la que hubo declaraciones testimoniales y la noticia de un próximo testigo- con la declaración de los exdetenidos políticos Carlos Aranda y Carlos Aguirre, con más detalles de la nula posibilidad de fuga o rescate durante los traslados de presos políticos, el testimonio del guardiacárcel Juan Ramón Rodríguez Valiente -que ingresó a la sala como testigo y la abandonó como posible imputado- requerido por la Fiscalía para la investigación de su responsabilidad durante la noche del 12 y la madrugada del 13 de diciembre, y por último la noticia de un nuevo testigo incorporado a la causa. Se trata del abogado Ermindo Navarro, integrante del área administrativa del Destacamento de Inteligencia 124, con sede en Resistencia, entre 1975 y 1976.

En septiembre de 2008 Navarro declaró ante el juez Federal de Posadas Ramón Chavez que tanto Carnero Sabol (condenado en la causa Masacre de MB I) como Tozzo “participaban en grupos de tareas, junto con personal de otras instituciones”, por lo que el fiscal Carlos Amad solicitó se citara a Navarro a declarar este viernes. Otro dato de interés de la declaración de Navarro es que señala la dependencia jurisdiccional de Posadas respecto del D124, otro indicio que viene a avalar la versión del secuestro del desparecido Fernando Piérola en Posadas, en un operativo liderado por Tozzo. La causa pasó a cuarto intermedio hasta el viernes 8 de marzo. La audiencia comenzará a las 7:15 de la mañana y se espera los testimonios de la exdetenida política y compañera de Piérola María Julia Morresi y del abogado Ermindo Navarro. Además, Tozzo realizará una ampliación de su declaración del pasado 1º de marzo.

Testigo 'complicado'.

 Un día antes, los “palos” fueron para el guardiacárcel Pablo Casco (procesado por falso testimonio) por su desempeño el 12 diciembre en la cárcel U7, y desde la desde la Fiscalía se solicitó la correspondiente investigación. Esta vez el relato de los hechos giró en torno a lo ocurrido en la Alcaidía, sede de la fenomenal golpiza con la que se inició la Masacre de Margarita Belén por lo cual el complicado fue el guardiacárcel Juan Ramón Rodríguez Valiente, que ingresó a la sala del TOF como testigo y la abandonó como posible imputado luego de que el Tribunal decidiera dar por concluido su testimonio para evitar la autoincriminación del declarante.
Rodríguez Valiente cumplió funciones como “oficial sub-ayudante encargado de la oficina de mayoría” en la Alcaidía desde 1974 hasta 1979. La noche del 12 de diciembre fue el encargado de los trámites administrativos para la entrega de los detenidos políticos que fueron trasladados por  convoy militar y fusilados en la madrugada del 13. A diferencia de su anterior testimonio en la causa por la Masacre I, esta vez Rodríguez Valiente no supo o no pudo responder con precisión las preguntas de la Fiscalía y de las querellas, y se lo notó nervioso ante la insistencia de la parte acusadora, en la que el fiscal Amad llevaba la voz cantante.

"No sabe, no contesta".

Dijo no tener conocimiento de torturas en el comedor de la Alcaidía (en ese momento estaba durmiendo), contestó con evasivas cuando se le preguntó por los fusilamientos del día 13 y recalcó que su participación se acotó a la tramitación de los documentos de traslado. Reconoció que lo normal eran los traslados efectuados por personal del Servicio Penitenciario en horas de la siesta los días hábiles, y manifestó que no le constan ni motines ni intentos de fuga.

Rodríguez Valiente tiene un hermano, José Francisco, oficial sumariante de la Brigada de Investigaciones, que fue condenado en la Causa Caballero por crímenes gravísimos a detenidos políticos.

A medida que se avanzaba en el cuestionario se hacía evidente que el testigo corría serio riesgo de autoincriminarse, y ante lo peliagudo de su situación el Tribunal decidió dar por terminado su testimonio y corrió vista a la Fiscalía de instrucción para que se dilucidara su responsabilidad. El abogado Mario Bosch aclaró que desde la querella se pidió que Valiente fuera “requerido” en 2002, poco después de la reapertura de la causa “junto con 48 otras más personas, entre las que hay sectores de la justicia y de la sociedad civil por las responsabilidades que podrían haber tenido durante la última dictadura militar”.

Testigos exdetenidos.

Con la tranquilidad de la experiencia producto de haber testimoniado infinidad de veces a lo largo de todos estos años los exdetenidos políticos Carlos Aranda y Carlos Aguirre confirmaron, cada uno por separado, lo escuchado en días anteriores: la noche del 12 de diciembre un grupo de presos fueron concentrados en el comedor de la Alcaidía para ser salvajemente torturados. Ni desde adentro ni desde afuera era viable la organización de una fuga o rescate. También refirieron haber visto a varios compañeros de militancia que permanecen desaparecidos y se presume pueden haber sido ultimados en la Masacre de MB.Carlos Aguirre vio a la desaparecida Delicia González, a Emma Beatriz Cabral, a Fernando Piérola y Carlos Zamudio en la Brigada de Investigaciones. Con los dos últimos fue trasladado a la Alcaidía el 4 de diciembre.

En la Jefatura de Policía Carlos Aranda fue “careado” por sus torturadores con Raúl María Cairé y Zapata Soñez, a quienes negó conocer, lo que motivó más torturas. También se cruzó con Enrique Tereszecuk, muy lastimado después de haber sido torturado con la mayor crueldad. Aranda ayudó a higienizarse a Tereszecuk, que no podía valerse por sus propios medios.

El 13 de diciembre en la Alcaidía.

El 23 de noviembre fue trasladado a la Alcaidía: “La noche del 12 nos dijeron que nos pongamos de cara contra la pared de los calabozos y que no nos moviéramos. En el silencio se podía escuchar un golpeteo grave, el taconeo de las botas de muchos milicos ingresando a la cárcel” recordó. Aranda dijo que poco después comenzaron a escuchar los gritos y los golpes in crescendo: “A más de un compañero lo mataron a golpes esa noche” sostuvo.

“El miedo se podía tocar” graficó Aguirre, cuya celda, la número 2, estaba pocos metros del comedor donde tuvo lugar la paliza, que calcula duró varias horas. En un momento vio cómo Fernando Piérola era llevado en andas porque los tobillos lacerados le impedían caminar. Al otro día los presos comunes le contaron que habían visto cuerpos inertes siendo cargados a la caja de un camión.

“No estaban para fugas” respondió cuando se lo consultó al respecto; en primer lugar por el estado físico de los detenidos, “pero además, porque era imposible para Montoneros realizar cualquier acción  de este tipo porque no había logística y la organización había sido infiltrada a fines del 75 y en abril y noviembre del 76 la conducción de la regional había sido descabezada” contó.

Así finalizó la cuarta jornada del segundo juicio oral por la Masacre de Margarita Belén. La causa entró en receso hasta el viernes 8, fecha en la que reanudará actividad con dos testimoniales y la ampliación declaratoria del único imputado Norberto Tozzo

jueves, 28 de febrero de 2013

Tozzo: “Contribuí a descabezar la conducción regional de Montoneros”

Fue en 1980, en un informe/descargo que realizó el represor en el trámite de su baja del Ejército. En el mismo destacó su compromiso para combatir “al socialismo ateo-marxista”. Esta semana comenzará la segunda parte del juicio por la Masacre de Margarita Belén que lo tiene como único imputado.
 
A la izquierda, la foto de Interpol con la que se buscaba a Tozzo cuando estaba prófugo. A la derecha, su aspecto actual.

El represor Norberto Tozzo admitió su activa participación en la Guerra Sucia en el área de Inteligencia del Ejército y destacó su compromiso para combatir “al socialismo ateo-marxista”. Fue en un descargo que realizó en 1980 durante el trámite de su baja del Ejército. Dijo que planeó, asesoró y ejecutó numerosas actividades “especiales de inteligencia” que contribuyeron “en dos años y medio” a descabezar en cinco oportunidades la conducción regional de Montoneros.

A horas del inicio de la segunda parte del juicio por la Masacre de Margarita Belén, CHACO DIA POR DIA pudo acceder al documento en el cual Tozzo, excapitan del Ejército y único imputado en la causa, reconoce su activa participación en la represión ilegal durante la última dictadura.
El documento -incluído en su legajo- forma parte de una suerte de informe/descargo que realizó el propio Tozzo cuando el general y represor fallecido impune, Cristino Nicolaides le ordenó su retiro obligatorio en 1980. Tozzo dirá en 2011, frente al Juez Federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, que dicha baja tuvo que ver con una purga que se efectuó en las Fuerzas Armadas la cual lo alcanzó por ser “un peronista militante” (sic).

Asesoramiento, planeamiento, ejecución

“Durante los años 1976, 1977 y 1978 opere en toda la Jurisdicción del Destacamento”, dijo el represor, 33 años atrás. Y reconoció: “En breve síntesis puedo decir que intervine en el asesoramiento, planeamiento y ejecución de numerosas actividades especiales de inteligencia y de algunos otros procedimientos especiales, que contribuyeron para que en el término de 2 años y medio, se descabezara en cinco oportunidades la conducción regional de montoneros. Aniquilándolos en Resistencia, Interior del Chaco, Corrientes, Goya, Posadas, Formosa, como también a otras organizaciones PRT-ERP, Poder Obrero y FR 17”.

Mi accionar que interpreté como una Cruzada, me llevo a operar en otras regiones como ser Capital Federal, Cordoba, Santiago del Estero, Rosario, Santa Fe y Asunción. Permanentemente estuve vinculado con todas las actividades que se realizaban en al Área de Inteligencia. Visité numerosos lugares especiales y nunca nadie dudo de mi, de ser así no hubiese tenido acceso a ellos”, se defendió.

“Llevo en mi interior el espíritu de venganza, sobre todo como reacción por las muertes, que habían sufrido mis camaradas en manos del terrorismo y la humillación de la que había sido objeto la fuerza ante el ataque a instalaciones militares, asesinatos y secuestros de algunos de nuestros camaradas y jefes”, confesó en ese documento.

Tozzo recordó también que en 1974 ingresó a la Escuela de Inteligencia del Ejército Argentino “con la firme convicción de combatir desde la primera línea a aquellos que ocultaban en su interior al socialismo ateo-marxista”. Para 1975, ya estaba reportando en el Destacamento de Inteligencia 124, con asiento en Resistencia. Curiosamente, el 31 de diciembre de 1976 -días después de la Masacre de Margarita Belén– fue ascendido al grado de Capitán.

Preso

Desde octubre, Tozzo está preso en la Unidad Penitenciaria N°7 de Resistencia tras lograr evadir por cinco años a la Justicia argentina. En 2008, la Interpol logró su detención en un hotel cinco estrellas de Río de Janeiro y recién en octubre del año pasado se logró su extradición al país.
A pesar de estar acusado de participar del fusilamiento de al menos 22 presos políticos el 13 de diciembre de 1976, hecho que conllevaría una pena de prisión perpetua, la extradición concedida por la Justicia brasileña le puso un corset legal a la Argentina. Es decir, lo benefició.

Debido a las leyes de extradición y en cumplimiento de la legislación del vecino país, Tozzo sólo será juzgado por el delito de secuestro calificado, un crimen de carácter continuado que persiste hasta hoy, en virtud de que “las cuatro personas que estaban bajo la guardia de los militares aún permanecen desaparecidas”, según consta en la resolución del Tribunal Supremo brasileño.

Tozzo nació el 6 de octubre de 1945 en Buenos Aires. Fue militar, empresario y bon vivant. Durante la dictadura Tozzo fue agente del Destacamento de Inteligencia 124 de Resistencia, que dependía directamente del Batallón 601 del Ejército. Ya en democracia se recicló como empresario de medios de comunicación en varias localidades entrerrianas, donde era dueño de un servicio de televisión por cable y una radio de frecuencia modulada.

 Se sabe que Tozzo fue uno de los integrantes del convoy que participó de la Masacre de Margarita Belén. Concretamente, viajaba como acompañante de Germán Emilio Riquelme (condenado a perpetua) en un camión Unimog 416 del Ejército que iba como escolta del vehículo que llevaba a los detenidos y, una vez en el lugar, fue uno de los ejecutores, según quedó consignado en los documentos recopilados hasta el momento y sobre todo en la sentencia del juicio que se realizó el año pasado y en el que fueron condenados ocho exmilitares a perpetua.

Masacre de Margarita Belén: se inicia juicio a represor

El ex capitán del Ejército Norberto Tozzo está acusado por crímenes de lesa humanidad:  de privación ilegítima de la libertad de Roberto Yedro, Reynaldo Zapata Soñéz, Fernando Piérola y Julio Pereyra, en la causa conocida como Masacre de Margarita Belén, se iniciará el dia 28 de febrero  en el Tribunal Oral de Resistencia. Por esta causa, a mediados de 2011, ya fueron condenados ocho represores a prisión perpetua y se absolvió a un policía por las ejecuciones ocurridas el 13 de diciembre de 1976.

Tozzo al momento de este fallo se encontraba prófugo de la justicia y el 17 de septiembre de 2008 fue detenido en Río de Janeiro, Brasil, y fue extraditado desde a la Argentina en mayo de 2011, pocos días después de la primera sentencia. Está pautado que las primeras audiencias testimoniales se produzcan el viernes 1°, lunes 4 y martes 5 de marzo.

Según anticiparon fuentes judiciales, no se tomará declaración a todos los testigos ya que la mayoría declaró en el primer debate oral, por lo que se entregarán partes de las filmaciones de sus testimonios, a fin de no producir una revictimización.

Al frente del proceso estarán los jueces del Tribunal Oral Federal de Formosa Alfredo García Wenk (presidente) y Rubén David Quiñónez, quienes estarán acompañados por la magistrada Selva Angélica Spessot, de la Cámara Federal de Corrientes.

La Fiscalía Federal estará representada por el fiscal federal subrogante ante el Tribunal Oral, Patricio Sabadini, el fiscal general subrogante Carlos Martín Amad y el fiscal ad hoc en causas por violaciones a los derechos humanos Diego Jesús Vigay.

Tozzo deberá responder por su participación en la Masacre de Margarita Belén, perpetrada el 13 de diciembre de 1976, la acusación está acotada al homicidio de cuatro militantes.

domingo, 7 de octubre de 2012

Testigo afirmó que Musa Azar Curi torturaba en Chaco


Crudo relato de Nora Giménez, quien reveló la conexión del represor con altos mandos de fuerzas militares y policiales de esa provincia. El TOF pidió informes sobre el destino de cuerpos quemados.

La testigo Nora del Valle Giménez aportó datos reveladores durante la audiencia de ayer, al sostener que “Musa Azar me detuvo y torturó en Chaco”, hecho que confirma la conexión entre el grupo de tareas liderado por el represor santiagueño y fuerzas de seguridad de otras provincias.
Giménez, oriunda de la ciudad de Frías, mencionó durante su declaración la conexión entre el represor y policías de otras provincias para la represión ilegal. “Musa Azar me torturó a cara descubierta, identificándose con nombre y apellido; a mí me detuvieron en Resistencia, él me visitó con una delegación de Santiago del Estero en junio de 1976 y mediante torturas buscaba información”, indicó en tal sentido.
En ese contexto, la sobreviviente reveló que “Musa Azar era recibido en Chaco por los más altos jefes militares y policiales, en noviembre de 1976 cuando va a interrogarme y decirme que estaba haciendo las gestiones para traerme a Santiago, se reunió con el coronel Larrategui, quien estaba a cargo de la unidad militar que administraba Corrientes y Chaco”.
Finalmente, Giménez señaló que, a raíz de amenazas públicas por parte de Azar Curi, tuvo que irse de la provincia para no volver más.

CASTILLO
Hermanos de desaparecida contaron el calvario familiar

La audiencia finalizó con las declaraciones de tres hermanos de Marta Azucena Castillo, socióloga secuestrada por agentes del DIP y que según testimonios fue vista en un centro clandestino de Tucumán.
Manuel Alberto, Miguel Ángel y Marcelo Alejandro Castillo relataron que su hermana salió de su domicilio a realizar un trámite, en horas de la tarde, y que nunca más supieron de ella. 
Recordaron que entonces el dolor y el temor se adueñaron de la familia y que vanos fueron los esfuerzos en la búsqueda de información y que al frente de esa tarea estuvo el fallecido referente del MST, Mario Castillo, hermano de la víctima. 
Uno de ellos fue al DIP a preguntar por Marta y recibió como respuesta la amenaza de un guardia que estaba armado. Había acudido a ese sitio porque le comentaron que su familiar fue secuestrada por efectivos del organismo que dirigía Musa Azar Curi. 
También pasaron frente al tribunal dos mujeres que cumplieron funciones en el DIP, Liliana Bonahora y Mabel Goitea, pero que no aportaron datos relevantes.

TESTIGO
"Reprimieron a juventudes que militaban en la política"

El testigo Tomás Coulter, de la ciudad de Añatuya, manifestó durante su testimonio que ‘en los tiempos de dictadura, se reprimieron a las juventudes que militaban en política, hicieron un gran daño a la sociedad’. 
Coulter recordó que fue detenido ilegalmente el 14 de diciembre de 1974 y que nunca se olvidó de la fecha por tratarse de su cumpleaños. Posteriormente fue llevado a la Side y los primeros diez días de su detención permaneció sentado en una silla en el patio. 
Una noche fue llevado al sótano donde Ramiro López, Musa Azar y otras personas lo sometieron a una golpiza. Cuando lo sacaron de la sesión de torturas, Marino hizo que le quitaran las vendas, lo desatasen y pasó la noche en un patio. 
Coulter dijo que consideraba que fue detenido por su actividad política y en ese contexto expresó que “hubo muchos compañeros que no volví a ver, así que espero que por ellos se haga haga justicia”.

sábado, 25 de agosto de 2012

Denuncia Comisión Provincial por la Memoria de Chaco

    La Comisión Provincial por la Memoria de la provincia del Chaco hace pública su preocupación por la prolongada falta de atención por parte del Gobierno Provincial hacia esta institución, de la cual forma parte con dos representantes. La situación de postergación continua hace que actualmente las tareas que dependen de esta Comisión atraviesen innumerables dificultades, tanto por la situación edilicia como por la situación laboral de sus trabajadores.

    El estado del edificio sede de la Comisión es deplorable, a pesar de ser patrimonio provincial desde el año 2004. La lista es larga: falta de mantenimiento que genera un riesgo continuo tanto para las personas que transitan por el lugar, como por la pérdida de la evidencia que representa un sitio para la memoria; pisos de madera en mal estado y con faltantes; humedad avanzada en todas las salas, deteriorando las muestras artísticas que se exponen; sótanos con terribles problemas de humedad y uno de ellos inundado, provocando el hundimiento de los pisos y un grave peligro de derrumbe; desprendimiento de los revoques; obsoletas instalaciones sanitarias; escaleras con problemas estructurales graves y la totalidad de las instalaciones eléctricas en mal estado son un peligro constante para las visitas y las personas que trabajan en el lugar diariamente. Desde la entrega del edificio en 2007, se han solicitado y presentado diversas propuestas para refacciones, de las que sólo se obtuvieron intervenciones menores que pusieron parches mínimos a la situación.

    Por otra parte, la falta de atención por parte del Gobierno está evidenciada en la situación de precarización laboral de toda su planta de empleados, no solo porque ninguno es personal de planta permanente del Estado, sino que la situación ha empeorado en los dos últimos años, porque varios de ellos deben percibir sus haberes por medio de convenios firmados con el Ministerio de Educación. Este vínculo es aún más precario, por un lado porque no contempla ningún tipo de seguridad laboral, pero por otra parte la irregularidad del pago es inaceptable: hace dos meses se reconoció un pago parcial de 2011 y del corriente año solo se ha obtenido el pago del mes de marzo. Por otra parte, el único contrato de gabinete otorgado al espacio en octubre de 2011, tuvo un retraso de 10 meses para comenzar a cobrar sus haberes.

    Sumamos a esto la inestabilidad en la administración del presupuesto: luego de 5 años de funcionamiento continuamos sin obtener un reconocimiento en la estructura orgánica institucional y por ende no se nos asigna presupuesto. Contamos con una caja chica, también inestable, actualmente con dos meses de atraso; los pedidos de fondos para actividades especiales también son postergados.

    Comprendemos la situación económica complicada por la que atraviesa en este momento la provincia, pero no es menos cierto que muchos de estos reclamos llevan bastante tiempo pendiente y sin embargo es visible la amplia disponibilidad de recursos para la realización de otro tipo de actividades y obras. Esto nos lleva a preguntarnos cuál es el lugar que este gobierno otorga a la preservación de su patrimonio histórico y a la memoria del pueblo. Creemos que el Ministerio de Educación, como autoridad de aplicación de la ley y representante del Ejecutivo dentro de la Comisión tiene que concretar los aportes que como tal son su responsabilidad para que las políticas de Memoria, Verdad y Justicia sean realmente políticas de Estado. En este último aspecto, tampoco la representación a través de la Secretaría de Derechos Humanos ha hecho aportes en los últimos tiempos, al punto de no participar de las reuniones mensuales ni articular mínimamente líneas de trabajo en la temática que compete a esta Comisión. No alcanza la colocación de gigantografías que enuncien “Ahora más que nunca Memoria, Verdad, Justicia”, mientras por dentro, el edificio se cae a pedazos y se vacía de contenido la “Casa de la Memoria”.

    Nos vemos en la obligación de manifestar públicamente, que esto no puede ser solo una apariencia y aunque valoramos mucho el aporte que conseguimos de este gobierno al iniciar la gestión, creemos que actualmente estamos en una situación de total abandono. Los integrantes que conformamos esta Comisión estamos esperando concreciones que nos permitan continuar creyendo en las mejores intenciones de este gobierno, en promover políticas serias de memoria y derechos humanos, tal como escuchamos se dice en tantos discursos en los actos que conmemoran a los caídos por el terrorismo de Estado en la provincia y el país.

jueves, 12 de julio de 2012

El imputado negó las acusaciones en el inicio del juicio por amenazas a investigadores de crímenes de lesa humanidad

El ex policía y personal civil de inteligencia (PCI), Juan José Luis Gil, negó las acusaciones del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, que comenzó a juzgarlo por presuntas amenazas contra investigadores de causas por crímenes de lesa humanidad, informaron voceros oficiales.
Gil, de 67 años, hizo uso de su derecho a prestar declaración ante los integrantes del Tribunal y negó ser quien abrió la cuenta de correo electrónico desde la cual se enviaron amenazas contra los fiscales federales Roberto Salum y José Ignacio Candioti, y otras personas vinculadas a un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura militar en Reconquista.
De esa forma, negó ser quien abrió la cuenta de correo negritovega16@yahoo.com.ar, de la que partieron las amenazas a militantes de organismos de derechos humanos y querellantes de la denominada Causa número 50 "Base Aérea”, que investiga los delitos de la represión ilegal en Reconquista durante la dictadura.
Mediante los correos, firmados por una presunta organización secreta llamada "La hermandad", se acusaba a los funcionarios judiciales de que era una "causa armada" por la Fiscalía, aunque la amenaza más fuerte daba cuenta de la "ejecución" de los fiscales Candioti y Salum, y del abogado Gabriel Hernández.
Gil fue procesado en diciembre de 2009 por el juez federal de Reconquista, Mario Alurralde, por los delitos de "amenazas y coacciones agravadas", luego de dar por probado que algunos mails salieron desde la conexión de la empresa Arnet a nombre del acusado.
Los delitos que se le imputan tienen una pena prevista que va de los cinco a los diez años de prisión.
Alurralde elevó la causa a juicio oral el año pasado, por lo que Gil comenzó a ser juzgado hoy por el Tribunal Oral integrado por los jueces María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Roberto López Arango, en tanto es fiscal Martín Suárez Faisal.
Desde la querella, Daniel Boccoli, director del Programa Provincial de Protección de Testigos y Querellantes, consideró que se trata de "una causa muy importante porque es la primera en la Argentina en la que se va a juzgar el delito de amenazas en el curso de un juicio por delitos de lesa humanidad".
"Vamos a ver qué resultado tiene este juicio, los jueces dirá, pero esto lo que está diciendo es que no hay impunidad para hechos del pasado y tampoco del presente, porque éste es un hecho del presente", añadió el funcionario.
Boccoli remarcó que "es la primera vez en la que se detiene a alguien que está imputado por amenazas y es juzgado".
"Este señor (Gil) mandó una serie de mails amenazando a funcionarios judiciales, a concejales, a querellantes y a testigos y se hizo una investigación donde trabajo la Nación junto a la provincia, y a través de la investigación se llegó a determinar que los mails fueron enviados por esta persona y esto es en definitiva lo que se va a discutir en este juicio", añadió.
Además, dijo que "las amenazas hacían referencia a un supuesto grupo de Reconquista, que se autodenomina `La Hermandad` y lo que tenían eran amenazas concretas diciendo que no se investigara, que no se avanzara en la investigación de delitos de lesa humanidad".
Alurralde elevó la causa a juicio oral el año pasado, por lo que Gil comenzó a ser juzgado hoy por el Tribunal Oral integrado por los jueces María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Roberto López Arango, en tanto es fiscal Martín Suárez Faisal.
En esta primera jornada se realizó la lectura de la elevación a juicio y la declaración del imputado, aunque debido a demoras la comparecencia de los primeros testigos iba a ser reprogramada por los jueces al final de la jornada.
Uno de los testigos, Héctor Raúl Borsatti, miembro de la Agrupación Norte Amplio, dijo que "personal informático de la policía" comprobó que los correos amenazantes "fueron armados en un ciber vecino al domicilio del imputado, pero el imputado los abría en su propio domicilio".
La pesquisa determinó que los correos electrónicos de tono amenazante, enviados entre abril y junio de 2009, se originaron en la casa de Gil y desde un cibercafé ubicado a pocos metros, por lo cual fue apresado el 6 de octubre del mismo año.