sábado, 25 de febrero de 2012

Procesan a Tozzo, el represor fugado

Se confirmó ayer el procesamiento de Norberto Raúl Tozzo por la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada de Julio Andrés Pereyra, Roberto Yedro, Fernando Gabriel Pierola y Reynaldo Amalio Zapata Soñez, en la masacre de Margarita Belén. La resolución fue dictada por el juez federal Carlos Skidelsky. 

Tozzo revistó como oficial de inteligencia del Destacamento 124 entre 1976 y 1978. Tozzo fue detenido en 2003 cuando se reabrió la causa por Margarita Belén en Resistencia, pero cuando la Cámara Federal de Apelaciones dejó en libertad a todos los imputados de la masacre, aprovechó para fugarse a Brasil, por lo que no fue juzgado junto con los ocho condenados por el Tribunal Oral Federal de Resistencia. Fue extraditado a mediados del año pasado, acusado por el fusilamiento de otros once militantes.

lunes, 20 de febrero de 2012

Genocida Lucio Caballero: a casa de su nieto

Ahora vivirá con su nieto
Restituyen la prisión domiciliaria al genocida Lucio Caballero

La decisión la tomó el juez Federal, Carlos Skidelsky. El represor condenado a 25 años de cárcel ahora vivirá con su nieto. En diciembre, el exconjuez Piñero ordenó que vuelva a la cárcel por ejercer violencia doméstica contra su esposa.
El juez Federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, ordenó restituir el beneficio de prisión domiciliaria al genocida Humberto Lucio Caballero, condenado a 25 años de cárcel en la primera parte de la causa “Caballero” y procesado en la segunda. En diciembre, el represor había perdido esta posibilidad tras la denuncia de su esposa quien lo acusó de ejercer contra ella violencia física, psicológica y económica.

La decisión de Skidelsky, se plasmó en una resolución fechada el 13 de febrero último. El juez tomó en cuenta los argumentos esgrimidos por el defensor oficial, Gonzalo Molina, quien propuso restituir el beneficio a Caballero proponiendo para esto un nuevo domicilio: el de su nieto. El magistrado solicitó de manera accesoria que se realice un informe socioambiental de la nueva vivienda que alojará a Caballero, ubicada en calle Mendoza al 1400, de Resistencia.

También, y a pedido de la fiscalía, se solicitó que se le realice una Junta Médica para determinar en qué estado de salud se encuentra el represor, quien acusa ser diabético. La medida la llevará adelante el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema en el transcurso de febrero. Los galenos también constatarán la sanidad Alberto Julio Manetti y el exmédico policial, Héctor Orlando Grillo.

“Analizadas las constancias de autos (…) estimo procedente la restitución –provisoria- del beneficio de arresto domiciliario a favor del prcesado (en la causa “Caballero Residual”) Humberto Luicio Caballero, en el domicilio consignado en calle Mendoza (…) de esta ciudad. (…) Todo ello sin perjuicio de lo que se dictamine oportunamente respecto de su estado de actual salud por los profesionales médicos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señala Skidelsky.

En su resolución, el juez hizo saber además las pautas de conducta que deberá observar Caballero durante arresto domiciliario: “El beneficiario deberá abstenerse en todo momento de ingerir bebidas alcohólicas y poseer armas en su poder; tendrá que informar personalmente y/o a través de su cuidador por nota quincenalmente a este Tribunal los traslados, que efectúe para sus asistencia media. Deberá dar nombre de la persona que se encargue de su cuidado”.

Caballero estaba preso desde diciembre en la Unidad Penitenciaria Nº7 de Resistencia. Si bien estaba con prisión domiciliaria hasta ese mes, el exconjuez Federal, Juan Antonio Piñero ordenó que vuelva a una carcel común, luego de un informe del Patronato de Liberados en donde se dejaba constancia de las situaciones de violencia económica, psicológica y física que sufría la esposa del represor, que hacía las veces de su cuidadora.

“La esposa refiere que no están comiendo porque él retiene el dinero destinado a los alimentos. Además la esposa manifiesta que recibe maltratos físicos y verbales”, dijo la empleada del Patronato, al tiempo que sugirió que el genocida sea evaluado “por un profesional psicólogo”.

Teniendo en cuenta esta situación, Piñero consideró que había claros indicios de que la señora Blanco está siendo objeto de malos tratos por parte de Caballero (su tutelado) “invirtiéndose, en consecuencia, la carga asumida por Blanco, surgiendo de ello que se encontraría sometida a ciertas conductas arbitrarias del beneficiario de la medida, que la privarían de los medios suficientes y necesarios para ejercer dicho control”.