lunes, 2 de noviembre de 2015

Capitanich premió al comisario responsable de reprimir y matar a Ángel Verón

La viuda del dirigente social del Chaco le pidió públicamente al gobernador kirchnerista que le “explique cómo puede asumir de Jefe de Policía el que ordenó la muerte” de su esposo.
 
Daniel Satur@saturnetroc
Foto: Jorge Capitanich junto a los comisarios Gustavo Peña y Ariel Acuña (Diario Chaco)


María Fernández, la compañera del dirigente del MTD “No al desalojo”, ayer dio detalles de la causa en la que se investigan los hechos que derivaron en la muerte de Verón, el 19 de octubre, tras casi un mes de agonía.

En declaraciones a Diario Chaco, Fernández contó sobre la reunión que mantuvo el jueves con el Fiscal de Derechos Humanos, Daniel Turraca. La mujer y el abogado de la familia, Marcelino Leiva, se reunieron con el funcionario judicial con el fin de interiorizarse sobre el informe preliminar de la autopsia que el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Chaco realizó sobre el cuerpo de Verón.

“El fiscal nos confirmó que (Ángel) falleció a causa de los golpes, pero debemos esperar otro informe”, explicó María. Y al ser consultada sobre el nombramiento del comisario Ariel Acuña como Jefe de la Policía chaqueña, la mujer afrirmó que la decisión la puso “re mal”, ya que ese uniformado “fue el que dio la orden para que repriman”.

“Es muy doloroso ver cómo se burlan de nosotros, no se puede creer lo que hacen. Estamos acá en casa con mis diez hijos llorando a mi marido muerto y tratando de sobrellevar esto. Más que impotencia tengo bronca por todo lo que pasa, es muy injusto lo que están haciendo”, agregó la viuda de Verón. Ella y sus compañeros del MTD están convencidos de que en la represión del 24 de septiembre los policías marcaron a su marido “y lo cazaron como a un animal”.

De hecho Rogelio Verón, quien también fue detenido aquella jornada, dijo el día del entierro que a su hermano “lo mató la policía, lo reventaron. A él lo detuvieron a dos metros mío, le pusieron la rodilla en la espalda cuando lo esposaban. Le aplastaban la cara contra el piso. Y después, cuando lo subían al patrullero, le pegaban pinas en el costado”.
“Acuña dio la orden”

El miércoles, al conocerse los resultados preliminares de la autopsia sobre el cadáver de Verón, tres altos funcionarios de Capitanich presentaron su renuncia. En reemplazo del comisario general Gustavo Peña, el gobernador nombró como Jefe de la Policía del Chaco al comisario general Ariel Alejandro Acuña, quien hasta entonces era el segundo en el escalafón de la fuerza.

Pero lejos de ser ajeno a los hechos que motivaron la renuncia de Peña, Acuña está íntimamente ligado a ellos. “Él tuvo una participación directa para disponer el inicio y la ejecución del procedimiento represivo”, dijo Chaco Día por Día Rolando Nuñez, abogado y referente del Centro Mandela de Derechos Humanos.

Núñez, quien tuvo acceso al expediente de la causa, detalló cómo el comisario es indicado por sus propios subordinados como responsable de dar las órdenes. “A las 19:09 del día 24 de septiembre, el comisario que estaba en el lugar del procedimiento, a quién correspondía comunicarse con las jerarquías superiores, habló por teléfono con el comisario general Ariel Acuña, quién le contestó ’que no hay mediador’. El subjefe Ariel Acuña, en comunicación con el mayor Sosa le ’informó que se proceda con personal de Bomberos a liberar la ruta’. Otro comisario, también de apellido Acuña, ’procedió informar al señor Ángel Verón que libere la ruta o se precederá a liberar’. Así, literalmente extraída del acta de constatación, surge que el jefe de policía designado ordenó la acción de desalojo y el uso de las fuerzas públicas, que terminó en detenciones, en represión, castigos y posterior muerte de Ángel Verón. Y la orden fue dada aún sabiendo el subjefe de policía que no se contaba con la indispensable orden judicial que autorizara o avalara el procedimiento dado que la justicia penal chaqueña y el juzgado federal de Resistencia no emitieron orden alguna”.
Así, para el referente del Centro Mandela “Ariel Acuña no debiera asumir como jefe de policía porque también debe ser investigado”.
El poder que mata

Mientras Capitanich sigue intentando timonear su gestión en medio de la crisis política desatada tras la muerte de Ángel Verón, los hechos se empecinan en demostrar que el régimen que él conduce huele a podrido. Es que como manifestó el abogado Marcelino Leiva a La Izquierda Diario, en el Chacho “hay una política donde a los que reclaman y no son adictos a Capitanich los reprimen salvajemente. El de Ángel Verón es un movimiento muy pequeño, de unas 40 personas. Y hubo una orden de dar un escarmiento para evitar los reclamos. La policía de Capitanich tiene una autonomía bastante grande y puede reprimir sin problemas. Acá hay una historia de represión muy grande. Verón es el cuarto dirigente social muerto en los ocho años de gobierno de Capitanich”.

En este marco, la bronca e indignación de María Fernández se explican claramante. Ella no sólo denuncia al gobierno kirchnerista sino a quienes actúan de cómplices con la impunidad. Como la directora del Hospital Perrando. “Inventaron que él se lastimó sólo, después que se cayó en un pozo y es todo mentira. Se están ocultando muchas cosas. Desde el Hospital Perrando también hicieron daño porque falsearon todo y dijeron que la muerte de Verón fue por enfermedad”. Por si fuera poco, cuando murió su marido no le querían entregar el cuerpo. “Ellos sabrán por qué hicieron eso, el papel que me dieron por defunción dicen que fue por enfermedad y eso no es verdad”, sentenció.

Los esfuerzos del gobernador por dejar impune este asesinato parecen chocar contra la prepotencia de los hechos y de la lucha de los familiares y compañeros de Verón. Una prepotencia desagradable para quien volvió hace poco a su provincia, buscando quizás un poco de “tranquilidad” tras su agitado paso, nada menos, que por la jefatura de Gabinete de Cristina Fernández.

viernes, 30 de octubre de 2015

Confirman imputación por violación contra un represor en el Chaco

Se trata del caso del exsargento de la Policía del Chaco, Gabino Manader, a quién se le imputa como delito de lesa humanidad haber violado a una detenida política durante su cautiverio en la exBrigada de Investigaciones de Resistencia. El represor ya fue condenado en el primer tramo de la causa conocida como “Caballero”.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia desestimó un recurso de apelación de la defensa del represor Gabino Manader y confirmó la ampliación de su procesamiento por el delito de violación contra una exdetenida política durante la última dictadura cívico militar en la provincia del Chaco. Se trata del segundo caso que avanza en la justicia federal chaqueña que considera como delitos de lesa humanidad a las violaciones cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad contra detenidas políticas durante el Terrorismo de Estado.

La resolución, que difunde hoy CHACO DIA POR DIA, fue dictada el pasado 11 de septiembre, y lleva la firma de los camaristas José Luis Aguilar, Ana Victoria Order y Simón Getzel. En la misma, se confirma el procesamiento contra el exsargento de la Policía del Chaco dictado el 3 de junio pasado por el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky. Además de la ampliación del procesamiento por el delito de "violación" se le suman los de "tormento agravado -psíquico y fìsico-" y de "privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia". Manader ya fue condenado a 25 años de prisión por su participación en tormentos agravados durante la última dictadura.

La clave: el testimonio de la víctima y de los testigos

La víctima -sobre quién decidimos preservar su identidad- fue detenida el 29 de abril de 1976 por una patota de civiles de la exBrigada de Investigaciones que era comandada por Gabino Manader. Fue en plena vía pública, en la esquina de avenida Belgrano y Tucumán (hoy Juan Domingo Perón) de la ciudad de Resistencia. Pero la mujer no se encontraba sola, estaba con su bebé de apenas ocho meses de edad. Ambos fueron capturados y traslados a la exBrigada de Investigaciones donde fue sometida a reiteradas torturas y violaciones, incluso frente a su pequeño hijo. Los hechos por los cuáles se pretende que Manader sea juzgado se sucedieron hasta el es de noviembre de 1976.

La denuncia y el declaración de la víctima y de también de varios testigos son los principales elementos en los que se basa la resolución de la Cámara de Apelaciones para confirmar la imputación por violación contra el exsargento de la policía del Chaco.

La violación como delito de lesa humanidad

El caso por el que se acusa de violación a Manader no es el primero que se tramita en la justicia federal del Chaco encuadrado en delitos de lesa humanidad e impulsado por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia. Actualmente, una causa ya se encuentra a instancias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia para que fije fecha del juicio oral y público. Será la primera vez que en el Chaco se juzgará a una violación como delito de lesa humanidad. También fue cometida en el Centro Clandestino de Detención de la exBrigada de Investigaciones del Chaco. En este caso, el único imputado es otro expolicía provincial, Albino Luis Borda.

Otros dos casos por violaciones se encuentran incorporados en la causa conocida como "Ligas Agrarias": una habría sido cometida en la Comisaría y la otra en la casa de una de las víctimas en la localidad de Villa Berthet, ubicada a casi 200 kilómetros de la ciudad de Resistencia.

El quinto caso vinculado con delitos de lesa humanidad se imputa a un represor por el delito de aborto por la pérdida de un embarazo de tres meses de una detenida política a causa de las torturas recibidas en la comisaría de la ciudad de San Bernardo.

¿Qué sucede en el país?

En noviembre de 2012, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, instruyó a los fiscales para que investiguen los casos de abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Hasta ese año sólo se había producido una sola condena por esos delitos. Posteriormente, se aprobó la "Guía de actuación para los Ministerios Públicos del Mercosur y países asociados -Venezuela, Ecuador y Chile-" por impulso de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal. A partir de ese momento se sucedieron un total de once sentencias por estos delitos sexuales, que fueron dictaras en la ciudad santafesina de Reconquista, Tucumán y Santiago del Estero, ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata, entre otras.

Basta de retrasos en el juzgamiento a los cómplices judiciales del terrorismo de Estado

Denuncian resistencias para juzgar a cómplices judiciales de la dictadura en el Chaco

27/10/2015 Organismos de derechos humanos del Chaco difundieron este martes un comunicado donde manifiestan su preocupación por la “resistencia judicial” para avanzar en el juzgamiento de los funcionarios judiciales cómplices del Terrorismo de Estado como el exjuez Angel Córdoba y del exfiscal federal Roberto Mazzoni

BASTA DE RETRASOS EN EL JUZGAMIENTO A LOS CÓMPLICES JUDICIALES DEL TERRORISMO DE ESTADO


Los organismos de DDHH y adherentes abajo firmantes queremos manifestar por la presente nuestra profunda preocupación ante la resistencia judicial de determinados magistrados del Poder Judicial Federal del Chaco en el juzgamiento de la complicidad y connivencia con el terrorismo de estado en el Chaco del Juez Federal Ángel Córdoba y del Fiscal Federal Roberto Mazzoni.

Ambos funcionarios judiciales se encuentran imputados, detenidos y procesados por delitos de lesa humanidad contra una decena de detenidos políticos alojados en el Centro Clandestino de la Brigada de Investigaciones y en la U7 y por el delito de Asociación Ilícita.
La detención e Indagatorias de Cordoba y Mazzoni se produjo hace ya tres años y medio y el auto de elevación a Juicio en dicha causa fue dictado por el Juez Federal Skidelsky hace ya más de un año; dicho juicio oral fue obstruido por claras maniobras dilatorias por parte de las defensas que lamentablemente encontraron acogida en la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

Así las cosas, se estaría estableciendo así un doble estándar probatorio, uno para los policías del Chaco y del Ejercito y otro más exigente para los funcionarios judiciales.
por delitos de Lesa Humanidad en el Chaco".

HIJOS CHACO
ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS POLÍTICOS
Abogados querellantes en causas de lesa humanidad
CPM CHACO
SECRETARÍA DE DDHH CHACO
COLECTIVO NACIONAL

miércoles, 13 de mayo de 2015

La justicia retomó la investigación sobre la represión a las Ligas Agrarias


Integrada por 20 mil familias, fue una de las organizaciones rurales más activas de los años '70 contra la agroindustria y el liberalismo

En 15 días concluirán los peritajes sobre los restos de Raúl Gómez Estigarribia y Carlos Piccoli, integrantes de ese colectivo. La dictadura arguyó que murieron en enfrentamientos, pero la justicia presume que fueron asesinados.

Gerardo Aranguren
La justicia retomó la investigación sobre la represión a las Ligas Agrarias

"Buscados" - Panfleto de la dictadurapara capturar militantes agrarios. A la derecha, Piccoli (arriba) y Gómez Estigarribia.

Las Ligas Agrarias fueron una de las organizaciones campesinas más importantes en el noreste argentino en la década del '70. Su poder de organización y movilización y su lucha contra los actores concentrados de la agrondustria la convirtieron en un enemigo a combatir por la Triple A primero y por la dictadura cívico- militar después, en beneficio de los los latifundistas, los oligopolios y multinacionales del sector.

Con la exhumación de los cuerpos de dos dirigentes campesinos, la justicia retomó en estos días la investigación de la brutal persecución y represión al movimiento liguista en la provincia de Chaco. Entre el lunes y el miércoles de la semana pasada, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) extrajo los cuerpos de Raúl Gómez Estigarribia y Carlos Piccoli. Fue parte de la investigación que busca determinar las causas de su muerte. Ambos fueron asesinados en supuestos enfrentamientos armados, según la versión oficial de ese momento, pero los fiscales Diego Vigay y Carlos Amad sostienen la hipótesis de que fueron víctimas de la represión desatada contra las Ligas Agrarias del Chaco.

Dentro de dos semanas ya estarán los primeros resultados sobre los cuerpos, en los que se buscarán rastros de las heridas de armas de fuego, fracturas o la presencia de proyectiles para intentar determinar las causas de la muertes de ambos militantes.
En el caso de Piccoli, dirigente de los Centros Juveniles Agrarios, se sabe que fue asesinado por la policía provincial en un retén en 1979. Sin embargo, la justicia intentará dilucidar si en realidad fue víctima de una emboscada, como sostiene su familia. 

Piccoli era buscado por las Fuerzas Armadas desde 1975, a pesar de eso había logrado salir del país, tras pasar varios meses en el monte. Se exilió en España y regresó en 1979 en el marco de la Contraofensiva de Montoneros. Fue sorprendido por la policía cuando iba en bicicleta en un camino vecinal en la zona rural de Sáenz Peña, y asesinado.

En cuanto a Gómez Estigarribia, maestro y dirigente rural, la pericia buscará probar que se trató de un asesinato y no de un accidente, como señaló el certificado de defunción que emitió la justicia de la época.
Según pudo reconstruir la fiscalía, el 12 de febrero de 1977 Gómez Estibarribia había organizado una reunión  en un domicilio de la localidad de Corzuela. Allí fue atacado por cinco efectivos policiales ni bien llegó. Como causa de muerte figura "accidente" a pesar de las heridas de bala por todo su cuerpo.
LAS LIGAS AGRARIAS. Los asesinatos de Piccoli y Gómez Estigarribia se produjeron en un contexto de persecución sistemática de los movimientos campesinos, de los que las Ligas Agrarias fueron uno de los más importantes: llegó a agrupar más de 20 mil familias en las provincias del noreste del país.
Esta organización surgió a fines de los '60, durante una crisis del sector agrícola, con aumento en el precio de los insumos y el descenso en el de las cosechas. "Miles de familias campesinas del interior de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y del norte de Santa Fe debieron abandonar sus tierras o entregarlas como pago de deudas, para escapar al hambre y la miseria", explicó en detalle un informe lanzado hace unos años  por el Registro Único de la Verdad de Chaco e HIJOS de Chaco.

En ese marco de crisis económica, pequeños y medianos productores comenzaron a organizarse, influidos por las ideas de la Teología de la Liberación y el cooperativismo. Las primeras en conformarse fueron las Ligas Agrarias Chaqueñas (LACh), nacida como una alianza entre los productores de la Unión de Cooperativas Algodoneras y jóvenes del Movimiento Rural de la Acción Católica Argentina.

La asamblea fundacional fue a fines de 1970, cuando se realizó el Primer Cabildo Abierto en la localidad algodonera Roque Sáenz Peña, ubicada a 170 kilómetros de la capital provincial, Resistencia. Se reunieron unos 5000 productores bajo el lema "Grita lo que sientes". En 1972 ya lograron movilizar a Resistencia 10 mil productores del Chaco y del norte de Santa Fe en reclamo de mejoras en el precio del algodón y políticas de Estado para el sector campesino.
"Cuando finalizó la dictadura de Onganía (1970), había una efervescencia de los movimientos populares y sindicatos obreros. Las primeras movilizaciones importantes surgieron antes de la conformación de las Ligas con las movilizaciones del obispo Ítalo Distefano y la juventud agraria, que tenía dos vertientes principales, la Acción Católica con un desarrollo importante en pequeños productores, y los sectores juveniles de cooperativas agrarias. Estas dos corrientes generaron las primeras marchas de resistencia y llegaron a constituir las Ligas", resumió en diálogo con Tiempo Osvaldo Lovey, secretario general de las Ligas entre 1970 y 1975. 

LA REPRESIÓN. Un año antes del golpe de Estado comenzó la represión contra el movimiento rural, luego de una huelga de 35 días que forzó un aumento en el precio del girasol. Fue el propio Lovey el primero en ser detenido y torturado junto a su esposa y otros dirigentes de las Ligas en abril de 1975. 

"La represión apuntó a desarticular el poder de movilización y protesta que adquirieron estos movimientos. No tenía vinculación con ninguna acción armada porque no se generaron acciones armadas en el ámbito de las luchas campesinas, la cosa apuntó a desarticular, aniquilar su dirigencia e instaurar un modelo económico de concentración", analizó Lovey.
Producto de esa persecución, los campesinos fueron expulsados del campo y las cooperativas destruidas. "Hubo un despojo alevoso, en 1978 se embargaron 3000 tractores, y después se embargaron los campos. Se concentró el poder económico e incrementó del éxodo rural", agregó el dirigente.

Al momento del golpe, los dirigentes más visibles ya habían pasado a la clandestinidad y se habían instalado en el monte, entre ellos estaban Lovey, Remo Vénica y su esposa Irmina Kleiner, Carlos Orianski y Carlos Piccoli, entre otros. 

En ese momento, la represión se profundizó. El Ejército ocupó las áreas rurales de Chaco en lo que llamó Operativo Toba II, un centenar de campesinos fueron detenidos y forzó la huida de la dirección de las Ligas. En varios comunicados, firmados por el General de Brigada Cristino Nicolaides, se difundían las fotos de los dirigentes liguistas para su captura por considerarlos "componentes de la organización subversiva declarada ilegal", es decir Montoneros.
Orianski, asesor de las Ligas, quien había llegado a trabajar con el ministro de Economía José Ber Gelbard, fue capturado en octubre de 1976 por el Ejército y llevado en un helicóptero con destino desconocido. 

El resto pasó varios años en el monte, ayudados por  hacheros y campesino de Chaco. Un grupo llegó a recorrer 200 kilómetros a pie para refugiarse en el norte de Santa Fe. La mayoría logró salir del país antes del Mundial de Fútbol. Tras un breve exilio, algunos decidieron volver en el marco de la Contraofensiva y fueron capturados tal fue el caso de Piccoli, Armando Molina, Hugo Voccouber y Luis Fleitas, quienes permanecen desaparecidos.