jueves, 12 de julio de 2012

El imputado negó las acusaciones en el inicio del juicio por amenazas a investigadores de crímenes de lesa humanidad

El ex policía y personal civil de inteligencia (PCI), Juan José Luis Gil, negó las acusaciones del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, que comenzó a juzgarlo por presuntas amenazas contra investigadores de causas por crímenes de lesa humanidad, informaron voceros oficiales.
Gil, de 67 años, hizo uso de su derecho a prestar declaración ante los integrantes del Tribunal y negó ser quien abrió la cuenta de correo electrónico desde la cual se enviaron amenazas contra los fiscales federales Roberto Salum y José Ignacio Candioti, y otras personas vinculadas a un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura militar en Reconquista.
De esa forma, negó ser quien abrió la cuenta de correo negritovega16@yahoo.com.ar, de la que partieron las amenazas a militantes de organismos de derechos humanos y querellantes de la denominada Causa número 50 "Base Aérea”, que investiga los delitos de la represión ilegal en Reconquista durante la dictadura.
Mediante los correos, firmados por una presunta organización secreta llamada "La hermandad", se acusaba a los funcionarios judiciales de que era una "causa armada" por la Fiscalía, aunque la amenaza más fuerte daba cuenta de la "ejecución" de los fiscales Candioti y Salum, y del abogado Gabriel Hernández.
Gil fue procesado en diciembre de 2009 por el juez federal de Reconquista, Mario Alurralde, por los delitos de "amenazas y coacciones agravadas", luego de dar por probado que algunos mails salieron desde la conexión de la empresa Arnet a nombre del acusado.
Los delitos que se le imputan tienen una pena prevista que va de los cinco a los diez años de prisión.
Alurralde elevó la causa a juicio oral el año pasado, por lo que Gil comenzó a ser juzgado hoy por el Tribunal Oral integrado por los jueces María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Roberto López Arango, en tanto es fiscal Martín Suárez Faisal.
Desde la querella, Daniel Boccoli, director del Programa Provincial de Protección de Testigos y Querellantes, consideró que se trata de "una causa muy importante porque es la primera en la Argentina en la que se va a juzgar el delito de amenazas en el curso de un juicio por delitos de lesa humanidad".
"Vamos a ver qué resultado tiene este juicio, los jueces dirá, pero esto lo que está diciendo es que no hay impunidad para hechos del pasado y tampoco del presente, porque éste es un hecho del presente", añadió el funcionario.
Boccoli remarcó que "es la primera vez en la que se detiene a alguien que está imputado por amenazas y es juzgado".
"Este señor (Gil) mandó una serie de mails amenazando a funcionarios judiciales, a concejales, a querellantes y a testigos y se hizo una investigación donde trabajo la Nación junto a la provincia, y a través de la investigación se llegó a determinar que los mails fueron enviados por esta persona y esto es en definitiva lo que se va a discutir en este juicio", añadió.
Además, dijo que "las amenazas hacían referencia a un supuesto grupo de Reconquista, que se autodenomina `La Hermandad` y lo que tenían eran amenazas concretas diciendo que no se investigara, que no se avanzara en la investigación de delitos de lesa humanidad".
Alurralde elevó la causa a juicio oral el año pasado, por lo que Gil comenzó a ser juzgado hoy por el Tribunal Oral integrado por los jueces María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Roberto López Arango, en tanto es fiscal Martín Suárez Faisal.
En esta primera jornada se realizó la lectura de la elevación a juicio y la declaración del imputado, aunque debido a demoras la comparecencia de los primeros testigos iba a ser reprogramada por los jueces al final de la jornada.
Uno de los testigos, Héctor Raúl Borsatti, miembro de la Agrupación Norte Amplio, dijo que "personal informático de la policía" comprobó que los correos amenazantes "fueron armados en un ciber vecino al domicilio del imputado, pero el imputado los abría en su propio domicilio".
La pesquisa determinó que los correos electrónicos de tono amenazante, enviados entre abril y junio de 2009, se originaron en la casa de Gil y desde un cibercafé ubicado a pocos metros, por lo cual fue apresado el 6 de octubre del mismo año.

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