viernes, 30 de octubre de 2015

Confirman imputación por violación contra un represor en el Chaco

Se trata del caso del exsargento de la Policía del Chaco, Gabino Manader, a quién se le imputa como delito de lesa humanidad haber violado a una detenida política durante su cautiverio en la exBrigada de Investigaciones de Resistencia. El represor ya fue condenado en el primer tramo de la causa conocida como “Caballero”.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia desestimó un recurso de apelación de la defensa del represor Gabino Manader y confirmó la ampliación de su procesamiento por el delito de violación contra una exdetenida política durante la última dictadura cívico militar en la provincia del Chaco. Se trata del segundo caso que avanza en la justicia federal chaqueña que considera como delitos de lesa humanidad a las violaciones cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad contra detenidas políticas durante el Terrorismo de Estado.

La resolución, que difunde hoy CHACO DIA POR DIA, fue dictada el pasado 11 de septiembre, y lleva la firma de los camaristas José Luis Aguilar, Ana Victoria Order y Simón Getzel. En la misma, se confirma el procesamiento contra el exsargento de la Policía del Chaco dictado el 3 de junio pasado por el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky. Además de la ampliación del procesamiento por el delito de "violación" se le suman los de "tormento agravado -psíquico y fìsico-" y de "privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia". Manader ya fue condenado a 25 años de prisión por su participación en tormentos agravados durante la última dictadura.

La clave: el testimonio de la víctima y de los testigos

La víctima -sobre quién decidimos preservar su identidad- fue detenida el 29 de abril de 1976 por una patota de civiles de la exBrigada de Investigaciones que era comandada por Gabino Manader. Fue en plena vía pública, en la esquina de avenida Belgrano y Tucumán (hoy Juan Domingo Perón) de la ciudad de Resistencia. Pero la mujer no se encontraba sola, estaba con su bebé de apenas ocho meses de edad. Ambos fueron capturados y traslados a la exBrigada de Investigaciones donde fue sometida a reiteradas torturas y violaciones, incluso frente a su pequeño hijo. Los hechos por los cuáles se pretende que Manader sea juzgado se sucedieron hasta el es de noviembre de 1976.

La denuncia y el declaración de la víctima y de también de varios testigos son los principales elementos en los que se basa la resolución de la Cámara de Apelaciones para confirmar la imputación por violación contra el exsargento de la policía del Chaco.

La violación como delito de lesa humanidad

El caso por el que se acusa de violación a Manader no es el primero que se tramita en la justicia federal del Chaco encuadrado en delitos de lesa humanidad e impulsado por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia. Actualmente, una causa ya se encuentra a instancias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia para que fije fecha del juicio oral y público. Será la primera vez que en el Chaco se juzgará a una violación como delito de lesa humanidad. También fue cometida en el Centro Clandestino de Detención de la exBrigada de Investigaciones del Chaco. En este caso, el único imputado es otro expolicía provincial, Albino Luis Borda.

Otros dos casos por violaciones se encuentran incorporados en la causa conocida como "Ligas Agrarias": una habría sido cometida en la Comisaría y la otra en la casa de una de las víctimas en la localidad de Villa Berthet, ubicada a casi 200 kilómetros de la ciudad de Resistencia.

El quinto caso vinculado con delitos de lesa humanidad se imputa a un represor por el delito de aborto por la pérdida de un embarazo de tres meses de una detenida política a causa de las torturas recibidas en la comisaría de la ciudad de San Bernardo.

¿Qué sucede en el país?

En noviembre de 2012, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, instruyó a los fiscales para que investiguen los casos de abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Hasta ese año sólo se había producido una sola condena por esos delitos. Posteriormente, se aprobó la "Guía de actuación para los Ministerios Públicos del Mercosur y países asociados -Venezuela, Ecuador y Chile-" por impulso de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal. A partir de ese momento se sucedieron un total de once sentencias por estos delitos sexuales, que fueron dictaras en la ciudad santafesina de Reconquista, Tucumán y Santiago del Estero, ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata, entre otras.

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